Dos latinajos

El catedr¨¢tico Luis Mar¨ªa D¨ªez-Picazo acaba de publicar un apasionante libro sobre La criminalidad de los gobernantes (Barcelona, Cr¨ªtica, 1996) y los procedimientos inventados por los sistemas democr¨¢ticos para perseguirla; los casos penales surgidos en Espa?a durante estos ¨²ltimos a?os ilustran esas conductas delictivas: escuchas telef¨®nicas ilegales, financiaci¨®n irregular de los partidos, malversaci¨®n de fondos reservados, organizaci¨®n o cobertura de la guerra sucia. La obra estudia -desde la Grecia cl¨¢sica hasta las democracias contempor¨¢neas- las soluciones dadas a los abusos de poder, las corrupciones econ¨®micas y los cr¨ªmenes de sangre perpetrados por los altos cargos ejecutivos al amparo de las instituciones p¨²blicas.Que los vigilantes de la legalidad y los titulares del monopolio estatal de la violencia leg¨ªtima aprovechen su condici¨®n de tales para delinquir crea esc¨¢ndalo, confusi¨®n y divisi¨®n entre los ciudadanos. Presentadas las cosas bajo una luz dram¨¢tica, dos latinajos de vieja prosapia y contenido energum¨¦nico resumen las posiciones contrapuestas que cabr¨ªa adoptar -por ejemplo- ante la guerra sucia contra ETA. De un lado, los partidarios de pasar la esponja sobre los GAL y perdonar. los cr¨ªmenes de los cargos p¨²blicos se remitir¨¢n al aforismo salus publica suprema lex; de otro, los defensores del principio de legalidad har¨¢n suyo el dictum fiat justitia, pereat mundus.

Ahora bien, el dilema que obligar¨ªa a elegir entre la primera m¨¢xima ("la salvaci¨®n del Estado es la suprema ley") y la segunda sentencia ("h¨¢gase justicia y h¨²ndase el mundo") resulta una trampa casi tan mortal como el mandato de escoger entre la peste y el c¨®lera. D¨ªez-Picazo se?ala que ambas posturas "son inviables y han de ser descartadas" por extremas: si el reduccionismo democr¨¢tico de la raz¨®n de Estado lleva, a concluir que los gobernantes delincuentes no est¨¢n obligados por las normas jur¨ªdicas, el reduccionismo legalista del Estado de Derecho conduce a suponer que los conflictos pol¨ªticos deben quedar resueltos al margen de la voluntad de los ciudadanos.

La ¨²nica salida al dilema ser¨ªa hallar un punto de equilibrio satisfactorio "entre valores y objetivos no siempre compatibles". Pero las posteriores reflexiones del libro muestran las dificultades para lograr en la pr¨¢ctica esa conciliaci¨®n: "aunque suene duro, a veces un pa¨ªs tiene que elegir entre estar correctamente gobernado y hacer justicia en todo caso". Seg¨²n D¨ªez-P¨ªcazo, las consecuencias pol¨ªticas de la criminalidad. gubernativa podr¨ªan llegar a prevalecer sobre el "puritanismo". de que los altos cargos mantengan "una conducta inmaculada" para el buen funcionamiento de la democracia; si bien la condici¨®n humana aconseja limitar el ejercicio del poder, esos controles no deben ser necesariamente jur¨ªdico-penales.

Henos aqu¨ª de regreso al dilema original sin que ning¨²n aforismo energum¨¦nico o m¨¢xima razonable sirva para solucionar de manera autom¨¢tica cada conflicto concreto de abuso de poder. Por lo pronto, la apelaci¨®n a los intereses generales invocada por los abogados de la raz¨®n de Estado (una coartada rechazada por el principio de legalidad) suele encubrir intereses particulares tales como la ambici¨®n de los gobernantes o el c¨¢lculo electoral de los partidos. Los organizadores, los ejecutores y los c¨®mplices de la criminalidad gubernativa aplican los medios jur¨ªdicos, econ¨®micos, humanos y tecnol¨®gicos privativos del Estado no s¨®lo para cometer delitos, sino tambi¨¦n para obstruir la acci¨®n de la justicia cuando son pillados con las manos en la masa. Abusando de una posici¨®n privilegiada que les permite burlarse de la igualdad ante la ley y saltar por encima de los procedimientos del Estado de Derecho, los autores de esos cr¨ªmenes a veces ni siquiera parecen conformarse con obtener la absoluci¨®n penal: tambi¨¦n se niegan a pagar el precio de renunciar a su carrera pol¨ªtica, tal vez con la esperanza de blindar de esta forma su impunidad.