Hablemos de ley, no de moral

El debate que hoy comienza en el Congreso de los Diputados sobre la ampliaci¨®n de la Ley del Aborto reabre la ya vieja pol¨¦mica. Para algunos, el enfoque de la cuesti¨®n es de orden moral. Para otros, entre los que me incluyo, el debate que se propone es de ¨ªndole legal y, por tanto, no debe basarse en el problema de conciencia que la interrupci¨®n del embarazo plantea, y que es respetable, sino en la consideraci¨®n del aborto como un hecho punible que castiga con penas de c¨¢rcel a las mujeres que se someten al mismo y a quienes lo faciliten en determinadas circunstancias.Hablemos de leyes, no de conflictos morales. No deber¨ªamos volver a entre mezclar ambos enfoques si realmente queremos actuar sensatamente desde un ordenamiento jur¨ªdico democr¨¢tico. El deber de un Estado laico es comprender la cruda realidad de muchas mujeres que se encuentran incapacitadas por m¨²ltiples motivos para afrontar su maternidad, y la respuesta no debe seguir siendo considerar a las mujeres que interrumpen su embarazo como delincuentes. En este sentido se han manifestado los 189 pa¨ªses participantes en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada el pasado septiembre en Pek¨ªn. Todos los pa¨ªses, entre ellos Espa?a, suscribieron una Plataforma de Acci¨®n para atender los problemas de las mujeres en la que se afirm¨® "la necesidad de revisar las leyes que prev¨¦n medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegaIes".

El nuevo C¨®digo Penal, que ha venido en llamarse C¨®digo Penal de la Democracia, acaba de entrar en vigor. Este texto ha quedado pendiente, manteni¨¦ndose la regulaci¨®n actual en el nuevo texto en tanto no se aborde de una manera global en una ley espec¨ªfica. No parece l¨®gico, con las nuevas l¨ªneas de pol¨ªtica criminal ni con el principio de intervenci¨®n m¨ªnima que debe presidir toda actuaci¨®n penal, mantener la amenaza de. c¨¢rcel para las mujeres que deciden interrumir su embarazo.

Seamos, por tanto, coherentes. Las respuestas morales se circunscriben al ¨¢mbito privado de la decisi¨®n personal pero no podemos, no debemos, a?adir al hecho siempre traum¨¢tico de un aborto la dura condena de la c¨¢rcel. No podemos condenar en Pek¨ªn lo que despu¨¦s mantenemos en. nuestro ordenamiento jur¨ªdico. La propia sociedad espa?ola ha evolucionado notablemente en este sentido. Las ¨²ltimas encuestas de poblaci¨®n, realizadas hace un a?o, ratifican que s¨®lo un 19% de la poblaci¨®n espa?ola estima que los abortos ilegales deben ser castigados penalmente.

Por otro lado, las condenas, por duras que hayan sido o a¨²n puedan ser, han demostrado ser ineficaces para atajar definitivamente el problema. La despenalizaci¨®n ole la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en los tres supuestos vigentes (riesgo para la salud de la madre, malformaci¨®n del feto y embarazo como consecuencia de una violaci¨®n) demuestra que los abortos producidos en Espa?a no se utilizan como un m¨¦todo anticonceptivo m¨¢s, como tem¨ªan los sectores m¨¢s conservadores. Las estad¨ªsticas confirman que s¨®lo 5 de cada 1.000 espa?olas entre 15 y 44 a?os deciden anualmente no seguir adelante con su gestaci¨®n.

No obstante, el problema no se ha resuelto. Desde julio de 1985, fecha de la entrada en vigor de la despenalizaci¨®n actual, se han tramitado en Espa?a m¨¢s de 260 causas judiciales y m¨¢s de 1.000 diligencias. No son s¨®lo cifras. Detr¨¢s hay demasiados dramas personales. Para atender este problema latente surge la ampliaci¨®n de la despenalizaci¨®n del aborto que ya propuso el Grupo Parlamentario Socialista en la anterior legislatura y que el obstruccionismo de la derecha impidi¨® que fuese debatido en las Cortes. En, esta legislatura ha sido la primera proposici¨®n de ley que los socialistas hemos presentado. El nuevo supuesto exige la existencia de un grave conflicto personal, familiar o social para que la mujer interrumpa su embarazo. El plazo m¨¢ximo permitido para hacerlo son las 12 primeras semanas de gestaci¨®n y la tutela de la vida embrionaria se lleva a cabo mediante el asesoramiento a la mujer en uno de los centros establecidos al efecto. En dichos centros se informar¨¢ a la mujer de las razones que asisten al Estado para tutelar la vida del nasciturus y de todas las ayudas familiares, econ¨®micas y sociales disponibles, tanto si la mujer decide continuar como interrumpir su embarazo. Se establece, adem¨¢s, que el asesoramiento debe evitar la intimidaci¨®n, propiciar la comprensi¨®n y reforzar el sentido de responsabilidad de la mujer en vez de reprimirlo ya que, seg¨²n se indica en su articulado, en ning¨²n caso estos centros podr¨¢n asumir la funci¨®n de autorizar o denegar en la pr¨¢ctica la interrupci¨®n del embarazo, ni condicionar la decisi¨®n final de la mujer. Se prev¨¦ igualmente la financiaci¨®n de la intervenci¨®n en el caso de que la mujer no disponga de recursos ec¨®nomicos propios.

La ampliaci¨®n de la despenalizaci¨®n sobre el aborto que ahora se propone es similar a la existente en otros pa¨ªses de nuestro entorno como Gran Breta?a, Alemania, Italia, Austria, B¨¦lgica, Suiza, Noruega, Islandia o Finlandia. Es, en definitiva, una ley que trata de dar una respuesta civilizada, desde la sensibilidad predominante en la sociedad espa?ola de fines del siglo XX, ante la grave situaci¨®n jur¨ªdica en la que se encuentran las mujeres con un embarazo no deseado que no puedan o no quieran asumir. Una ley que garantiza el derecho de las mujeres a decidir de forma libre y responsable como personas adultas, sin innecesarios y denigrantes tutelajes.

Las mujeres no deseamos abortar. Reivindicamos el derecho a la vida. Pero tambi¨¦n reivindicamos el derecho a la libertad para quien no pueda asumir traer un hijo al mundo.