El Defensor del Pueblo dice que la Ley de Secretos Oficiales es anticonstitucional

El Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, afirma, en el informe sobre la actividad de la instituci¨®n en 1995, que la Ley de Secretos Oficiales (1968) puede vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constituci¨®n: "No respeta ni el deber de colaboraci¨®n con la Justicia ni permite el sometimiento de la actuaci¨®n de la Administraci¨®n al control de los tribunales". Por ello ha solicitado al Parlamento que la cambie y en su nueva redacci¨®n tenga en cuenta el derecho de los ciudadanos a utilizar las pruebas pertinentes para su defensa, sin dejar zonas de inmunidad fuera del ¨¢mbito judicial.

Con esta toma de postura el Defensor del Pueblo da la raz¨®n al juez Baltasar Garz¨®n en la reclamaci¨®n que plante¨® al Gobierno para que le entregara los papeles del Cesid referidos a la guerra sucia contra ETA. El Ministerio de Defensa traslad¨® la petici¨®n del juez al Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n quien fall¨® que el Gobierno es quien tiene la competencia de entregar o no a los jueces la documentaci¨®n requerida. El Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez se ampar¨® en esta resoluci¨®n para no facilitar la informaci¨®n solicitada por Garz¨®n.A diferencia de informes anteriores, Alvarez de Miranda ofrece una versi¨®n globalizada de su gesti¨®n, permitiendo una lectura continua, sin las fracturas producidas por las referencias a quejas concretas. Este informe ser¨¢ debatido en las Cortes en septiembre. A partir de esta fecha, el Gobierno dispone de tres meses para responder a las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

?lvarez de Miranda ha querido evitar que se hagan lecturas parciales del informe y destacar la tarea gen¨¦rica de la instituci¨®n, una labor vertebrada este a?o en torno al tratamiento monogr¨¢fico de temas de impacto social: los secretos oficiales, la situaci¨®n de los emigrantes en Ceuta, la insumisi¨®n, la protecci¨®n de datos personales, el consumo de alcohol por menores, las llamadas telef¨®nicas internacionales, la desertificaci¨®n en La Mancha occidental y la regulaci¨®n municipal de los aparcamientos.

EMIGRANTES AFRICANOS

Los sucesos provocados por la hacinaci¨®n de inmigrantes africanos en Ceuta, reproducidos la pasada semana en Melilla, revelan la angustia de quienes aspiran a instalarse en una Europa "fortificada" y la indefinici¨®n jur¨ªdica de sus protagonistas. ?lvarez de Miranda pide a las autoridades que busquen f¨®rmulas para evitar la indigencia en la que viven y se coordinen mejor con el fin de acelerar la tramitaci¨®n jur¨ªdica de las peticiones de inmigraci¨®n o asilo. El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite un recurso del Defensor para que se preste asistencia jur¨ªdica gratuita a los emigrantes, sean o no residentes legales en Espa?a.

F¨®rmulas contra la indigencia

El Ararteko (Defensor del Pueblo del Pa¨ªs Vasco) le pidi¨® su mediaci¨®n para modificar la Ley de Objeci¨®n de Conciencia y evitar el encarcelamiento de los insumisos. Alvarez de Miranda responde que es el Parlamento quien debe dar la respuesta. Sin embargo, a la luz de las tendencias hacia la profesionalizaci¨®n del servicio militar, le parece excesivamente dura la criminalizacl¨®n de objetores e insumisos.

INSUMISI?N

Son numerosas las quejas de los ciudadanos por el uso que hacen de sus datos personales entidades p¨²blicas y privadas, en particular los bancos. Se muestra en desacuerdo con el criterio de la Agencia de Protecci¨®n de Datos de que se ofrecen garant¨ªas sobre su control, cuando piden el consentimiento para emplearlos en fines ajenos a los que motivaron su entrega. El Defensor denuncia la ausencia de mecanismos que garanticen este control.

Evitar la criminalizaci¨®n

Se sorprende el Defensor de los numerosos casos de intoxicaci¨®n et¨ªlica entre menores. En algunas ocasiones se ha llegado a la hospitalizaci¨®n tras sufrir comas et¨ªliicos. Le llama la atenci¨®n la convocatoria de consursos de bebidas que hacen algunos establecimientos hoteleros y los premios en forma de consumiciones gratuitas. Al profundizar en este tema ha detectado que la profusi¨®n de normas auton¨®micas provoca el desplazamiento de los j¨®venes a comunidades aut¨®nomas vecinas, donde la ley es m¨¢s flexible. Para acabar con estas pr¨¢cticas, ?lvarez de Miranda pide la armonizaci¨®n legal y la adopci¨®n de medidas para abolir estas pr¨¢cticas perjudiciales para la salud de los menores.

PROTECCI?N DE DATOS

La mediaci¨®n del Defensor puso fin a?os atr¨¢s a un pr¨®spero negocio mediante llamadas a tel¨¦fonos con prefijos 903. Algunas empresas se han recurrido al truco de las llamadas internacionales con prefijo 07. Las reclamaciones por exceso de facturaci¨®n no se han hecho esperar y piden al Defensor que Telef¨®nica mediatice el acceso a estas llamadas de signo pornogr¨¢fico o party line. La compa?¨ªa ha respondido que mientras las centrales telef¨®nicas no sean digitales es dif¨ªcil controlar este acceso. Pese a ello, el Defensor pide a la Secretar¨ªa General de Comunicaciones y a Telef¨®nica que facilite la desconexi¨®n gratuita a aquellos abonados que lo soliciten.

Consentimiento de uso

La extracci¨®n desmedida de agua para regad¨ªos ha creado un serio problema medioambiental en La Mancha, hasta el punto de modificar el nacimiento del Guadiana. Ya no nace en Los Ojos del Guadiana. Est¨¢n secos por los 16.000 -2.300 ilegales- pozos de captaci¨®n de agua a un ritmo que ha originado un d¨¦ficit de 4.000 hect¨®metros c¨²bicos y la desertificaci¨®n galopante de La Mancha occidental. Los acuiferos est¨¢n abocados a su extinci¨®n a no ser, seg¨²n el Defensor, que se proceda a un trasvase y se implante un modelo de gesti¨®n ¨²nica y eficiente de los recursos h¨ªdricos.

ALCOHOL Y MENORES

Admitida la dificultad de los Ayuntamientos para regular el tr¨¢fico y el env¨ªo de las notificaciones por infracciones, el Defensor considera que, cuando se incumple el pago del servicio de ordenaci¨®n y regulaci¨®n de aparcamiento de veh¨ªculos (ORA, OLA, AREA, OTA ... ), si el veh¨ªculo est¨¢ correctamente aparcado, no debe ser retirado por la gr¨²a en tanto no hayan pasado 24 horas desde que se formula la denuncia.

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