Crear un fondo de garant¨ªa para pensiones alimenticias

El Defensor del Pueblo recibi¨® el a?o pasado 13.060 quejas, 3.500 menos que el a?o anterior. Las ¨¢reas m¨¢s conflictivas fueron las de Trabajo, Sanidad y Asuntos Sociales, seguidas de Interior y Justicia, donde el Defensor ha detectado retrasos generalizado en tribunales de lo contencioso administrativo. Cerca del 93% de las quejas se han formulado individualmente y un 70% de ellas fueron presentadas por varones. Entre las m¨¢s frecuentes atendidas figuran la siguientes:>

Pensiones. Cada vez son m¨¢s los separados o divorciados que ven dif¨ªcil recibir o pagar sus pensiones econ¨®micas: "La realidad demuestra que existe un n¨²mero considerable de personas que actualmente no perciben las pensiones que les han sido reconocidas por los tribunales de justicia". El Defensor propone que, ante situaciones de aut¨¦ntica necesidad, en los casos de insolvencia, el Estado asuma una cobertura m¨ªnima a trav¨¦s de un fondo de garant¨ªa de pensiones y alimentos.

Guardas jurados. La actuaci¨®n de los vigilantes privados de seguridad ha provocado numerosas quejas. Algunos de ellos incumplen su obligaci¨®n de poner inmediatamente a disposici¨®n de la polic¨ªa a las personas que detienen y, adem¨¢s, aplican medidas sancionadoras, algo que est¨¢ fuera de sus atribuciones.

Farmacias. Algunos colegios de farmac¨¦uticos exigen el pago de anticipos para tramitar la apertura de nuevas farmacias (en Madrid alcanza las 70.000 pesetas). El Defensor del Pueblo recomienda que se suprima esta exigencia.

Realojos. Los inmigrantes y una mayor¨ªa de la poblaci¨®n gitana espa?ola sufren problemas de alojamiento que no se han podido superar. Seg¨²n el Defensor no existe un organismo que estudie las posibilidades de realojo para los primeros. En cualquier caso son los ayuntamientos los encargados de afrontar el problema.

Trabajo. La edad de los aspirantes a un puesto de trabajo, el tiempo que han estado en paro y su empadronamiento no deben ser datos de referencia en la selecci¨®n de personal laboral. Seg¨²n el Defensor estos datos no son factores objetivos y razonables que indiquen una mayor capacidad.

No contestan. A pesar de los requerimientos, muchos ayuntamientos han incumplido su deber legal de responder al Defensor. Entre ellos se encuentran los de Alpedrete, Galapagar y Getafe (Madrid), Mazarr¨®n (Murcia), Las Palmas de Gran Canaria, Marbella (M¨¢laga) y el de Belorado (Burgos). Tampoco ha respondido el Colegio de Abogados de Murcia.