G¨®mez de Lia?o y Garz¨®n investigan los mgresos de Galindo a trav¨¦s de sus identidades falsas

JOS? YOLDI Los jueces de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o y Baltasar Garz¨®n estrechan el cerco en torno al general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo. En actuaciones coordinadas est¨¢n investigando las cuentas, dep¨®sitos y propiedades del general, especialmente en entidades bancarias del Pa¨ªs Vasco y Madrid. Los jueces est¨¢n rastreando el patrimonio del guardia civil, tanto el que figura a su nombre como el que est¨¢ a nombre de identidades legalmente autorizadas o falsas. Lia?o indaga acerca de 20 nombres supuestos de varios de los implicados.

Galindo comparece hoy ante Garz¨®n en calidad de imputado en el caso O?ederra. El magistrado no le imputa ning¨²n delito concreto, sino haber desempe?ado funciones de direcci¨®n en el llamado GAL verde.El objetivo de las pesquisas de ambos jueces es diferente, aunque complementario. Garz¨®n investiga propiamente el patrimonio del general Galindo, mientras G¨®mez de Lia?o se est¨¢ centrando en la financiaci¨®n y las recompensas generadas por el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Antonio Zabala.

G¨®mez de Lia?o, tiene acotadas una veintena de identidades supuestas -algunas legales y otras no- de varios de los procesados, entre ellos Galindo, guardias del cuartel de Intxaurrondo y pol¨ªticos como Julen Elgorriaga, sobre los que est¨¢ efectuando rastreos de cuentas en diversas entidades bancarias, uno de los cuales, en una entidad de ahorro madrile?a, ya ha tenido ¨¦xito. Los resultados se mantienen en una pieza del sumario que se ha declarado secreta.

Ingresos at¨ªpicos

El juez busca ingresos at¨ªpicos en las cuentas a nombre de estas identidades falsas que hubieran sido efectuados entre octubre de 1983 y febrero de 1984, periodo en el que Lasa y Zabala estuvieron secuestrados antes de ser asesinados.

Las identidades que se investigan son de tres tipos, adem¨¢s de la verdadera:?Ias que figuran 1 en un registro del Ministerio-, del Interior como legalmente autorizadas y registradas; las autorizadas legalmente por un responsable de Interior, pero que no figuran en ning¨²n registro, y las que los propios imputados podr¨ªan haberse agenciado ellos mismos por su f¨¢cil acceso -a impresos de DNI y a los que habr¨ªan a?adido nombre- foto y huellas. S¨®lo estas ¨²ltimas son legalmente falsas.

El juez tambi¨¦n est¨¢ A la espera de la respuesta a las peticiones formuladas por el anterior juez instructor, Carlos Bueren, a diversos registros para determinar si una quincena de identidades falsas presuntamente utilizadas por procesados en el caso Lasa-Zabala se corresponden con personas ya fallecidas.

Aunque el inspector Angel L¨®pez Carrillo, testigo en este caso, ya ha declarado en el sumario que los gastos del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala fueron 25.000 pesetas en copas para una celebraci¨®n de los que intervinieron en los hechos, el juez ha recibido informaciones relativas a que los autores -en mayor o menor grado- recibieron una compensaci¨®n por sus esfuerzos o recompensa por los servicios prestados. Estas gratificaciones son las que busca G¨®mez de Lia?o.

Tambien las investigaciones patrimoniales de los ex guardias de Intxaurrondo Enrique Dorado Villalobos, Kike, y Felipe Bayo, se efect¨²a en el juzgado de G¨®mez de Lia?o.

El patrimonio de Galindo, sin embargo, se investiga en el juzgado de Garz¨®n, dentro del caso O?ederra, que intenta esclarecer cuatro de los primeros asesinatos de los GAL. Garz¨®n trata de contrastar las afirmaciones de Rold¨¢n sobre los bienes del general encarcelado. Seg¨²n la declaraci¨®n del ex direcrtor general de la Guardia Civil, a ra¨ªz de que se hiciera p¨²blico el denominado informe Navajas sobre el narcotr¨¢fico y contrabando en el Pa¨ªs Vasco, y en el que aparec¨ªa relacionado el cuartel de Intxaurrondo, Galindo, entonces responsable del citado acuartelamiento, tuvo que deshacerse de sus propiedades.

El hoy general, seg¨²n Rold¨¢n, pidi¨® al entonces secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, que le resarciera de las p¨¦rdidas, y ¨¦ste le proporcion¨®, seg¨²n esta versi¨®n, m¨¢s de 30 millones con cargo a los fondos reservados que Galindo habr¨ªa camuflado en una de las identidades legalmente autorizadas, pero que no figuran en ning¨²n registro.

Los coches del asesinato

Las investigaciones que G¨®mez de Lia?o realiza sobre diversos aspectos colaterales del caso Lasa-Zabala, figuran las localizaciones de los veh¨ªculos que supuestamente fueron utilizados para trasladar a los presuntos etarras desde San Sebasti¨¢n hasta Busot (Alicante) donde fueron asesinados y enterrados. Lasa y Zabala, seg¨²n declaraciones sumariales, fueron trasladados drogados, cada uno en el maletero de un coche, hasta la localidad alicantina.

El magistrado ya tiene acreditado en el sumario que uno de los veh¨ªculos utilizados para esa misi¨®n fue el Renault R-12, propiedad de Enrique Dorado y que fue vendido por Gumersindo Hern¨¢ndez Rubio, ch¨®fer de Galindo, a un desguace, seg¨²n informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

El otro veh¨ªculo, que el juez G¨®mez de Lia?o ya tiene localizado en el Pa¨ªs Vasco es propiedad de uno de los procesados o de una persona pr¨®xima, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n. Este segundo autom¨®vil podr¨ªa tratarse de un Seat 1430 o 124, propiedad del teniente Pedro G¨®mez Nieto, aunque algunas fuentes han afirmado que el coche no es un Seat.

El traslado de los dos etarras en sendos coches desde el palacio de La Cumbre de San Sebasti¨¢n a Alicante ha sido declarado en el sumario por Pedro Luis Migu¨¦liz, Chofo, ex contrabandista acogido a la ley de protecci¨®n de testigos. El propio Chofo habla del R-12 de Dorado, aunque en su testimonio no menciona la marca ni la propiedad del otro veh¨ªculo.

El juez ha ordenado la realizaci¨®n de varias diligencias de prueba cuyo contenido se desconoce debido a que algunas de las piezas del sumario est¨¢n declaradas secretas.