El coscorr¨®n

La devoluci¨®n al Parlamento del protagonismo en la vida p¨²blica consumi¨® abundante p¨®lvora ret¨®rica de la pasada santa b¨¢rbara electoral. El programa de la campa?a del PP (titulado Con la nueva mayor¨ªa) lamentaba el funcionamiento "profundamente insatisfactorio" de las C¨¢maras durante el largo per¨ªodo de hegemon¨ªa socialista, cuando "el predominio del Gobierno" hab¨ªa "esterilizado" la actividad soberana de las Cortes; su alternativa electoral era "recuperar la posici¨®n central del Parlamento" como condici¨®n indispensable para la "revitalizaci¨®n democr¨¢tica" y para el eficaz desempe?o de su triple tarea de legislar, aprobar los presupuestos y controlar la acci¨®n del Gobierno. Pero los buenos prop¨®sitos formulados en la oposici¨®n no suelen soportar el experimento del poder; como dicen los ingleses, la mejor prueba de los pasteles es com¨¦rselos.No se trata ¨²nicamente del abusivo atrac¨®n de decretos-leyes con que el Gobierno ha inaugurado su mandato. Tambi¨¦n la propuesta del presidente del Congreso sobre un asunto de su estricta incumbencia competencial (la subida de las remuneraciones de los diputados) qued¨® desautorizada la semana pasada por el bocinazo lanzado desde el Poder Ejecutivo a los representantes del PP en el Poder Legislativo. Mientras el vicepresidente ?lvarez Cascos anunciaba en una radio que el Gobierno no respaldar¨ªa la medida, el presidente Aznar expresaba a puerta cerrada ante un grupo de diputados su irritaci¨®n por la propuesta. El incidente puede ser interpretado, en t¨¦rminos de pol¨ªtica partidista, como un coscorr¨®n dado a Federico Trillo por Aznar para hacerle descender de las rosadas nubes a que hab¨ªa sido transportado por un viaje de ego adornado de maceros, audiencias regias y reposteros; a efectos institucionales, sin embargo, se trata de una interferencia, no por habitual menos censurable, del Poder Ejecutivo en las competencias del Poder Legislativo.

Pero la frustrada subida de la remuneraci¨®n de los diputados plantea cuestiones referidas no s¨®lo al fuero del Congreso sino tambi¨¦n al huevo del gasto p¨²blico. La propuesta de mejora salarial ha brindado la oportunidad pintiparada para un ruidoso debate demag¨®gico en torno a los agravios comparativos tanto de la poblaci¨®n empleada, jubilada o desocupada hacia los parlamentarios como de los diputados y senadores espa?oles respecto a sus colegas de los pa¨ªses democr¨¢ticos; mientras los cr¨ªticos de la mejora retributiva de los miembros de la C¨¢mara Baja defienden la imperiosa necesidad de que la clase pol¨ªtica encabece la cruzada de austeridad para reducir el d¨¦ficit p¨²blico, los eventuales beneficiarios de la medida recuerdan que Espa?a ocupa el vag¨®n de cola de las remuneraciones parlamentarias dentro de la Uni¨®n Europea.

La afici¨®n de los pol¨ªticos profesionales a presentarse como abnegados servidores del Estado movidos s¨®lo por un conmovedor deseo de contribuir al bienestar colectivo priva de sentido a cualquier reivindicaci¨®n. salarial de los parlamentarios o de los altos cargos que torne como modelo los planteamientos sindicales de los funcionarios p¨²blicos. Ocurre, sin embargo, que el marco establecido en Espa?a para la realizaci¨®n de la vocaci¨®n pol¨ªtica favorece de manera extraordinaria su cultivo preferente dentro de la burocracia estatal (incluyendo en ese rengl¨®n a jueces y profesores); el escaso atractivo econ¨®mico ofrecido por el desempe?o de tareas pol¨ªticas a quienes permanecen extramuros del Estado, por un lado, y el generoso r¨¦gimen de excedencias establecido por la Administraci¨®n civil en favor de sus empleados, por otro, convergen para que la funci¨®n p¨²blica, con sus viajes asegurados de ida y vuelta a la pol¨ªtica, constituya una cantera privilegiada de parlamentarios y altos cargos. El peligro es evidente: ese vaiv¨¦n entre burocracia y poder puede conducir a la formaci¨®n de una clase pol¨ªtica-administrativa que termine por considerarse due?a del Estado antes que servidora suya.