El Gobierno quiere que la decisi¨®n sobre los papeles del Cesid impida nuevas peticiones

Frente a la demanda de tres jueces para que desclasifique una veintena de documentos secretos del Ce¨¢id (el servicio secreto militar), el Gobierno no tiene uno, sino dos problemas. El primero, acceder a la petici¨®n o rechazarla. El segundo es a¨²n m¨¢sgrave para algunos altos responsables del Ejecutivo. Responda el Consejo de Ministros s¨ª o no a los juzgados, el Gobierno se ha propuesto hacerlo con una argumentaci¨®n jur¨ªdica tal que nunca m¨¢s las comunicaciones internas del servicio secreto puedan servir de prueba en un procedimiento penal.

En apenas dos meses de ejercicio de las responsabilidades gubernamentales, la cuesti¨®n ha provocado las primeras fisuras en el Gabinete de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, desde donde se critica a las ministras de Agricultura y Justicia, Loyola de Palacio y Margarita Mariscal de Gante, respectivamente, y se les acusa de "desmarcarse" por su cuenta de una decisi¨®n que debe ser colegiada.La patata de los papeles del Cesid quema por varios lados. Los responsables del Ejecutivo m¨¢s volcados en el asunto contemplan con escepticismo la pol¨¦mica sobre la decisi¨®n que deben adoptar, en especial las advertencias de Julio Anguita, el l¨ªder de IU, de que se convertir¨¢n en c¨®mplices de los GAL si no proporcionan los documentos a los jueces.

Porque el problema principal, sostienen, no es si los papeles se desclasifican, sino c¨®mo tomar la decisi¨®n, cualquiera que sea, de forma que cierre el paso "para siempre" a sucesivas peticiones judiciales. Para que nunca m¨¢s los documentos de los servicios secretos espa?oles puedan ser considerados pruebas en procedimientos penales y se ponga en cuesti¨®n su eficacia y su fiabilidad frente a los interlocutores de otros pa¨ªses.

Decisi¨®n en breve

Los informes jur¨ªdicos solicitados se han multiplicado, para intentar garantizar al m¨¢ximo este ¨²ltimo prop¨®sito. El martes todav¨ªa no estaban terminados, seg¨²n fuentes oficiales. La cuesti¨®n de la entrega de los papeles puede ser estudiada por el Consejo de Ministros de hoy o, m¨¢s probablemente, por el de la semana pr¨®xima. "No debe demorarse mucho m¨¢s", admite un portavoz de La Moncloa.

Pero que el Consejo de Ministros estudie la petici¨®n de los jueces no significa que la resuelva todav¨ªa. Una fase intermedia probable ser¨¢ pedir un dictamen al Consejo de Estado, el m¨¢ximo ¨®rgano consultivo, para buscar mayor fundamentaci¨®n jur¨ªdica a la decisi¨®n final.

Entretanto, a prop¨®sito de este asunto, en el Gobierno han aparecido las primeras fisuras. La presi¨®n del Partido Popular desde la oposici¨®n fue dur¨ªsima. El vicesecretario general del partido, Francisco ?lvarez Cascos, sentenci¨® la visi¨®n de los populares al dar a entender que el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez no desclasificaba los papeles por pura conveniencia personal. "No afectan a la seguridad del Estado, sino a la seguridad del Gobierno", declar¨®.

?lvarez Cascos ocupa hoy la vicepresidencia primera del Ejecutivo y es el principal promotor de la pol¨ªtica del Gobierno en materia de servicios secretos. Quiere reglar la actividad del Cesid mediante una ley y coordinar el funcionamiento de todos los servicios (militar, policial y de la Guardia Civil) en un ¨®rgano dependiente del Ministerio de la Presidencia, del que tambi¨¦n es titular.

Aunque mantiene un hermetismo absoluto sobre su posici¨®n personal acerca de la entrega de los papeles del Cesid, fuentes del Ejecutivo se?alan que es l¨®gico que los miembros del Gabinete m¨¢s pr¨®ximos a los asuntos de seguridad, el propio ?lvarez Cascos y el ministro de Defensa, Eduardo Serra, sean los m¨¢s reacios ahora a dar el s¨ª a los jueces.

En cambio, las declaraciones de las ministras de Agricultura y Justicia han, sido muy mal recibidas por el resto del Gabinete. A Mariscal de Gante se le reconoce una cierta relaci¨®n con el asunto, en especial cuando advierte que una respuesta negativa a los jueces puede desembocar en instancias judiciales europeas y causar un problema serio.

La relaci¨®n del Ministerio de Agricultura con los documentos del Cesid y su desclasificaci¨®n como secretos oficiales, por el contrario, es m¨¢s dudosa. "Hay quien se pronuncia en p¨²blico sin conocer siquiera los papeles", afirman fuentes del Ejecutivo. Distinto es el caso de la titular de Medio Ambiente, Isabel Tocino, a la que el diario El Mundo aline¨® en el bando de los contrarios a entregar los papeles. La ministra aclar¨® que es decidida partidaria de d¨¢rselos a los jueces si no afectan a la seguridad del Estado.

De Palacio y Mariscal de Gante han querido "jugar al desmarque" respecto a una decisi¨®n que debe ser colegiada, advierten compa?eros suyos en el Consejo de Ministros, en una abierta insinuaci¨®n de que quien intenta marcar goles y quedar bien con esa maniobra corre el riesgo de quedar en fuera de juego.

Un aspecto m¨¢s complicado del problema al que se enfrentan Aznar y sus ministros es la ausencia de los archivos del Cesid de alguno de los documentos requeridos. Concretamente, seg¨²n public¨® EL PA?S el 23 de mayo pasado, y luego confirm¨® el secretario de Estado de Comunicaci¨®n, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, en el Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa no consta ni la grabaci¨®n que el teniente de la Guardia Civil Pedro G¨®mez Nieto efectu¨® presuntamente de conversaciones con el general Enrique Rodr¨ªguez Galindo ni su transcripci¨®n.

El Gobierno afirma que se limit¨® a constatar que alguno de los documentos requeridos por los jueces no est¨¢ en el Cesid, "no existe" como tal papel o grabaci¨®n amparado por el secreto oficial. No hay respuesta si la pregunta es si se ha intentado aclarar si alguna vez estuvieron y luego se han hecho desaparecer.

Sospecha judicial

Tras el anuncio del secretario de Estado, en el auto de procesamiento del general Rodr¨ªguez Galindo, fechado el 27 de mayo pasado, el juez Javier G¨®mez de Lia?o se refiri¨® a la "extrema gravedad" de esa hipot¨¦tica desaparici¨®n "si se confirman las sospechas". El Gobierno no tiene conocimiento del contenido del sumario por el secuestro, tortura y asesinato de los dos presuntos miembros de ETA Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala, parte del cual permanece todav¨ªa secreto por decisi¨®n de G¨®mez de Lia?o.

Sin embargo, fuentes conocedoras del mismo aseguran que la referencia del magistrado a la posible confirmaci¨®n de sospechas no es gratuita y tiene base en el sumario. En alguno de sus m¨¢s de 20 tomos constan indicios de maniobras o insinuaciones de sospechosos sobre la conveniencia de que algunos de los documentos secretos no pudiera aparecer porque hubiera dejado de existir.