El PP rectifica y dice que no dejar¨¢ en manos privadas la gesti¨®n de la sanidad p¨²blica

El ministro de Sanidad, Jos¨¦ Manuel Romay, afirm¨® ayer en el pleno del Congreso que la sanidad p¨²blica tendr¨¢ s¨®lo "una gesti¨®n p¨²blica". Con ello sali¨® al paso de la ambig¨¹edad del decreto ley de reforma de gesti¨®n del Insalud, que en 48 horas fue corregido en el BOE para suprimir la referencia expresa a "personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas privadas" como posibles gestoras. El decreto fue aprobado, pese a que no gusta ni a los socios del Gobierno que lo apoyaron. CiU lleg¨® a calificarlo de inconstitucional por cuanto pretende afectar a las comunidades con transferencias.

Los recelos expresados ayer por los portavoces del PSOE, IU y Grupo Mixto se justifican por los avatares que ha sufrido el contenido del decreto ley. El primer texto publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) el 18 de junio posibilitaba la gesti¨®n sanitaria p¨²blica "indirectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho creadas por personas o entidades p¨²blicas o privadas". La correcci¨®n efectuada en el BOE dos d¨ªas despu¨¦s, que se limita a. decir ', mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho" sigue sin satisfacer a la oposici¨®n parlamentaria por su ambig¨¹edad."La privatizaci¨®n no es un fantasma", replic¨® al ministro la portavoz' socialista ?ngeles Amador. "Es la literalidad del decreto ley. Con el precedente de lo que se est¨¢ haciendo en Valencia hay que hacer un acto de fe", a?adi¨® Amador. El compromiso p¨²blico de Romay de titularidad y gesti¨®n p¨²blica para los centros del Insalud la tranquiliz¨® de alguna manera. "Su palabra es muy importante, ya que la ley no lo deja claro", coment¨® a los periodistas.

El portavoz del Grupo Mixto, Guillerme V¨¢zquez, del Bloque Nacionalista Galego, y la de IU, ?ngeles Maestro, abundaron en criticar los "intentos privatizadores" del Gobierno del PP en Sanidad.

"Barra Ubre"

V¨¢zquez consider¨® que el decreto da "barra libre" al Gobierno para "dinamitar el sistema p¨²blico" y crear una sanidad de primera y otra de segunda. ?ngeles Maestro conmin¨® a los grupos parlamentarios a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Para estos tres grupos, la peor consecuencia de esta iniciativa "unilateral" del Gobierno es haber "vaciado de contenido" la ponencia para discutir la reforma de la sanidad, apenas creada hace dos d¨ªas en el Congreso y con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Sin embargo, no fue el contenido del decreto lo que suscit¨® las cr¨ªticas m¨¢s duras. Fue la forma y adem¨¢s, por parte de los socios catalanes y vascos del Gobierno.

Romay hab¨ªa justificado la v¨ªa del decreto ley por la urgencia de poner en pr¨¢ctica los nuevos modelos de gesti¨®n en hospitales reci¨¦n construidos como los de Manacor, Alcorc¨®n y Cieza (Murcia), argumentos que de ninguna forma convencieron a los diputados. "?sta no es buena forma de actuar", advirti¨® Emilio Olabarr¨ªa, del PNV, quien manifest¨® con vehemencia, la preocupaci¨®n de su grupo "por la oleada de decretos ley". Asimismo consider¨® "no decoroso" que se corrija en el BOE el contenido de un decreto cuando s¨®lo est¨¢ prevista la correcci¨®n de errores tipogr¨¢ficos. "Que no se vuelva a incurrir en deficiencias jur¨ªdicas de esta naturaleza", advirti¨® Olabarr¨ªa al Gobierno.

Similares cr¨ªticas verti¨® la portavoz de CiU, Carme Riera, quien encontr¨® en el decreto "visos de inconstitucionalidad" por cuanto, a su juicio, vulnera competencias de organizaci¨®n de los servicios transferidos y adem¨¢s hace una indebida utilizaci¨®n de la v¨ªa decreto ley. La tramitaci¨®n del decreto ley, acordada ayer como proyecto de ley, permitir¨¢ a CiU presenar una enmienda para que quede claro que s¨®lo afectar¨¢ al Insalud y no a todo el Sistema Nacional de Salud que, por tanto, incluye a los servicios sanitarios ya transferidos a las comunidades aut¨®nomas.

El pleno del Congreso aprob¨® tambi¨¦n ayer con los votos del PP, CiU, PNV y Coalici¨®n Canaria otro decreto ley que liberaliza el horario farmac¨¦utico, aunque con similares objeciones sobre forma y contenido.

Mientras los representantes de las comunidades con transferencias expresaron su temor por la invasi¨®n de competencias, la portavoz del PSOE, Pilar Novoa, descalific¨® la necesidad de esta normativa y la "supuesta flexibilizaci¨®n" que otorga al sector.