La Seguridad Social vender¨¢ bienes embargados y edificios para ingresar 160.000 millones
La Seguridad Social es el casero de 1.800 pisos y locales comerciales, el due?o de la finca dedicada a la cr¨ªa de ovejas, de una urbanizaci¨®n en Canarias y de otras propiedades heterog¨¦neas. Una parte de esos bienes procede de los embargos realizados a las empresas que no pagan las cotizaciones sociales y otra del patrimonio heredado de las antiguas mutualidades de prevision. Y todos van a ser vendidos. ara ello, la Seguridad Social crear¨¢ una empresa que, con criterios de mercado, fije los precios y agilice el proceso de venta. El objetivo es obtener unos ingresos de 160.000 millones de pesetas, seg¨²n las previsiones efectuadas por el Ministerio de Trabajo.
Las arcas poco boyantes de la Seguridad Social se van a ver aliviadas con esos 160.000 millones de pesetas, la mitad procedente de la venta del patrimonio que no utiliza para ejercer sus funciones y la otra mitad de la enajenaci¨®n de los bienes embargados a las empresas deudoras con el sistema p¨²blico -la morosidad total suma 1,3 billones de pesetasLos bienes procedentes del patrimonio de las antiguas mutualidades est¨¢n en explotaci¨®n, pero con una dudosa rentabilidad. Se trata de 1.800 pisos y locales comerciales arrendados a particulares que pagan rentas en muchos casos simb¨®licas. El alquiler medio que se est¨¢ pagando por los pisos y lo cales es de 30.000 pesetas mensuales cuando muchos de ellos tienen un precio de mercado que llega a las 300.000 pesetas. Se trata, en suma, de una explotaci¨®n casi ruinosa y cuya rentabilidad total alcanza una cifra desconocida por los gesto res del sistema p¨²blico.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, asegura que todo el patrimonio est¨¢ identificado, pero no se hace una aut¨¦ntica gesti¨®n empresarial. Su pro p¨®sito es "hacer un an¨¢lisis sobre la gesti¨®n del patrimonio y, a continuaci¨®n, vender o aplicar una pol¨ªtica correcta de alquileres"
A ese patrimonio en poder de la Seguridad Social se suman los bienes embargados a las empresas que no pagan las cotizaciones. Cada a?o el sistema p¨²blico alcanza un volumen de embargos de 80.000 millones de pesetas y procede a iniciar su venta. Pero los actuales mecanismos no son ¨¢giles, en primer lugar "para protegerse de los subasteros" y en segundo lugar porque son los delegados provinciales y los gestores de la Seguridad Social los encargados de venderlos, restando as¨ª tiempo y efectivos a lo que es su primordial tarea.
Tambi¨¦n en este caso se quiere ordenar el proceso de venta del mayor n¨²mero posible de propiedades y, en los casos que no sea posible, evitar los gastos de almacenamiento que ahora producen. En estos momentos, en cada provincia espa?ola hay un gran almac¨¦n destinado a guardar los productos que se embargan a las empresas y uno de los mayores es el de Madrid, situado en Vic¨¢lvaro y con una extensi¨®n de 4.000 metros cuadrados.
Edificios hist¨®ricos
Incluso algunos de esos bienes pueden cederse para la ayuda espa?ola a pa¨ªses subdesarrollados. Aparicio pone el ejemplo de furgonetas, veh¨ªculos y ordenadores que tienen una dif¨ªcil colocaci¨®n en el mercado espa?ol. En el caso de edificios de valor art¨ªstico se ver¨¢ si pueden interesar a otras administraciones, como puede ser el caso del Cuartel Nore?a de C¨®rdoba, que se encuentra vac¨ªo, y es ahora un foco de marginalidad. La soluci¨®n decidida por los responsables del Ministerio de Trabajo es constituir una empresa que se dedique a vender o gestionar el patrimonio en explotaci¨®n y a traspasar los bienes embargados. Con un equipo peque?o, profesionalizado y centralizado en Madrid deber¨¢ aplicar criterios de mercado para fijar los precios de enajenaci¨®n y a continuaci¨®n acudir a los circuitos ordinarios de venta, a las revistas de segunda mano y a la b¨²squeda de compradores. Juan Carlos Aparicio asegura que, de esta forma, se liberar¨¢ a los directores provinciales de una funci¨®n que claramente no debe formar parte de su cometido.
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