Absuelto el polic¨ªa Rosino, acusado de detenci¨®n ilegal y violaci¨®n de derechos
La Audiencia Provincial de Bilbao ha absuelto de sendos delito de detenci¨®n ilegal y de violaci¨®n de derechos c¨ªvicos al ex jefe de la Brigada Regional de Informaci¨®n, Antonio Rosino, y a otros tres polic¨ªas, por el arresto de Amparo Villar S¨¢nchez. El motivo de la detenci¨®n, efectuada en junio de 1985, fue la presunta relaci¨®n de Villar con la organizaci¨®n terrorista ETA.La sala entiende que "no se est¨¢ ante una detenci¨®n arbitraria" ya que previamente al arresto se hab¨ªan producido seguimientos, vigilancia de la sospechosa y una intervenci¨®n telef¨®nica. "Finalmente, cuando fue vista con persona que se estim¨® pudiera formar parte de un comando de ETA, es entonces, y s¨®lo entonces cuando se decide la detenci¨®n, que fue comunicada a la autoridad judicial", se indica.
La acusaci¨®n manten¨ªa tambi¨¦n que los cuatro funcionarios policiales hab¨ªan vulnerado los derechos c¨ªvicos de la detenida al haber realizado los interrogatorios en la comisar¨ªa sin la preceptiva asistencia de letrado. Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, presidente de la Audiencia de Bilbao y ponente de la sentencia, admite en la resoluci¨®n que "no es l¨ªcito y carece de todo apoyo normativo iniciar una serie de interrogatorios con el detenido de hecho para, posteriormente, a presencia del letrado escenificar una declaraci¨®n" ya ensayada. El ponente recuerda tambi¨¦n que no pude haber diferencia entre declaraci¨®n e interrogatorio. La sala considera comprobada la certeza de tales interrogatorios efectuados a la detenida sin presencia de letrado y que tampoco fueron documentados".
La sala concluye que esos interrogatorios previos "carecen de todo soporte legal y son radicalmente nulos". Sin embargo, por la forma en que se produjeren, previa instrucci¨®n de derechos, sin reclamaci¨®n por la persona detenida de la presencia de letrado y sin que conste violencia o intimidaci¨®n para doblegar la voluntad de la detenida", la Audiencia estima que en tales circunstancias la constatada irregularidad no puede integrar el delito" de vulneraci¨®n de los derechos c¨ªvicos, porque "faltan sus requisitos".
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