Pensiones posibles

EL DIAGN?STICO sobre el futuro de las pensiones p¨²blicas no ofrece grandes dudas desde que se empez¨® a elaborar el Pacto de Toledo. Todos los partidos estuvieron de acuerdo en que para evitar futuras amenazas de quiebra es necesaria una reforma. Aunque las fuerzas pol¨ªticas han quemado un a?o en otras batallas m¨¢s encendidas, el Gobierno aprob¨® ayer un plan para reducir el coste de las pensiones.El paquete de medidas es s¨®lo una propuesta que deber¨¢ ser discutida en la mesa de di¨¢logo con los agentes sociales y, finalmente, en el Parlamento. Pero es importante que el Gobierno haya avanzado sus puntos de vista sobre la cuesti¨®n. M¨¢xime cuando desde las propias instancias gubernamentales se han lanzado en los ¨²ltimos tiempos mensajes contradictorios que han provocado no poca inquietud. A partir de ahora ya no cabe alimentar dudas sobre el poder adquisitivo de las pensiones. El Gobierno se compromete a mantenerlo por ley de acuerdo al IPC general y durante toda la legislatura.

La reforma afecta en profundidad a las condiciones exigibles a partir de ahora para tener derecho a una pensi¨®n p¨²blica. Las propuestas del Gobierno no se salen del marco fijado por el Pacto de Toledo para asegurar la estabilidad financiera del sistema p¨²blico de pensiones. Constituyen, pues, un buen punto de partida, y as¨ª lo han reconocido portavoces socialistas.

En la cuesti¨®n capital de una mayor clarificaci¨®n de las v¨ªas de financiaci¨®n de la Seguridad Social no tiene por qu¨¦ haber grandes divergencias. El Gobierno considera "prop¨®sito irrenunciable" culminar a lo largo de la legislatura la separaci¨®n total de los cap¨ªtulos que se financian mediante contribuciones de aquellos otros que se nutren de fondos presupuestarios. Pensiones contributivas, prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ser¨ªan financiadas con el producto de las cotizaciones. En cambio, los impuestos sufragar¨ªan el coste de las pensiones no contributivas, los gastos de sanidad y los servicios sociales. Al menos en este punto la propuesta del Gobierno coincide al pie de la letra con el Pacto de Toledo.

En todo lo dem¨¢s -equiparaci¨®n de los a?os cotizados, ampliaci¨®n del periodo exigible para calcular la pensi¨®n, retraso de la edad real de jubilaci¨®n, control del fraude-, el margen de discusi¨®n es m¨¢s amplio, pero siempre dentro de los criterios de equidad y proporcionalidad que el Pacto de Toledo considera ineludible introducir. Si no se respetan tales criterios, el futuro de las pensiones p¨²blicas seguir¨¢ peligrando. En esta cuesti¨®n no valen los pa?os calientes ni los trucos. Sindicatos, patronal y partidos est¨¢n obligados a hacer un serio ejercicio de responsabilidad, al margen de mensajes enga?osos o demag¨®gicos.

La precariedad de los sistemas p¨²blicos de seguridad social es un rasgo com¨²n a la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos, aunque en Espa?a tiene el agravante de una base m¨¢s reducida de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social: por el alto porcentaje de paro, pero tambi¨¦n por el volumen de la econom¨ªa sumergida. Insuficiente crecimiento econ¨®mico, limitada capacidad de empleo, y manifiesto deterioro de las finanzas p¨²blicas son las causas gen¨¦ricas de esa situaci¨®n. A ello hay que a?adir el factor demogr¨¢fico, caracterizado por la coexistencia de una reducida tasa de natalidad -que estrecha el n¨²mero de contribuyentes futuros- con un aumento de la esperanza de vida que prolonga el periodo de percepci¨®n de las prestaciones. En esas condiciones, la ¨²nica forma de evitar ma?ana el colapso del sistema es reformarlo hoy. Sin dilaciones y con sensatez.