Se?or¨ªas, rematen

EL ACUERDO para renovar el Consejo General del Poder Judicial est¨¢ pr¨¢cticamente cerrado. Tras ocho meses de renqueante negociaci¨®n, el convenio parlamentario para el nombramiento de los 20 vocales -mitad por el Congreso de los Diputados, mitad por el Senado- lleva semanas pr¨¢cticamente cerrado a falta de un nombre. Este ¨®rgano esencial para el Estado de derecho ha estado paralizado por esc¨¢ndalos y dimisiones. La situaci¨®n hace tiempo que se hizo insostenible y exige que el PP y el PSOE, los dos principales responsables de culminar la renovaci¨®n -se requieren las tres quintas partes de los votos en el Parlamento- den el ¨²ltimo paso por recorrer. Y lo den hoy.De mediar en las pr¨®ximas horas un esfuerzo de aproximaci¨®n de los dos grandes partidos, se podr¨ªan convocar sendos plenos extraordinarios del Congreso y del Senado como muy tarde la pr¨®xima semana para que los parlamentarios puedan marcharse de vacaciones con este deber cumplido. De no ser as¨ª, la renovaci¨®n del Consejo quedar¨ªa aplazada como pronto hasta septiembre. ?Cabr¨ªa recomendar entonces una apertura del a?o judicial con este Consejo demediado? Evidentemente, no.

Por ello se impone concluir el acuerdo sobre los 20 nuevos vocales, anunciarlo y convocar los plenos. Un nuevo aplazamiento, tras los aparentes progresos registrados ayer en las conversaciones, no se entender¨ªa sino como resultado de intereses de baja pol¨ªtica que socavan el entramado institucional espa?ol. El PSOE, en contra de lo que hizo el PP en la oposici¨®n, no tiene por qu¨¦ temer que la renovaci¨®n del Consejo se convierta en un triunfo para la actual mayor¨ªa gobernante, menos a¨²n cuando estamos al principio de la legislatura. Si alguien triunfa, ser¨¢n las instituciones, y en particular el propio poder judicial. El PP debe facilitar este acercamiento.

Ser¨ªa una grave irresponsabilidad pol¨ªtica que se frustrase esta ocasi¨®n. No tendr¨ªa justificaci¨®n posible y dejar¨ªa al Consejo en una situaci¨®n imposible, incapaz de funcionar y sin perspectivas de hacerlo. Por eso, s¨®lo cabe recordar a los negociadores el trecho ya recorrido y pedirles que culminen su trabajo, que ya han sonado suficientes avisos.

Incluso as¨ª, parte del da?o ya est¨¢ hecho. Con el retraso acumulado hasta ahora, la renovaci¨®n del Consejo ha perdido muchas ocasiones para reforzar la imagen y capacidad de este ¨®rgano de gobierno de los jueces. El vocal Pascual Estevill tuvo que ser destituido tras su condena por prevaricaci¨®n y detenci¨®n ilegal, ya que fueron bald¨ªas todas las apelaciones para que presentara la dimisi¨®n. Un mal trago que esta instituci¨®n se hubiera podido ahorrar.

La premura actual obliga adem¨¢s a renovar a los vocales sin escucharles. El proyecto de dignificar la elecci¨®n parlamentaria de los vocales con una presentaci¨®n p¨²blica de los candidatos y sus ideas ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso ha pasado a mejor vida. Cuando menos, queda aplazado hasta la siguiente renovaci¨®n.

Finalmente, el retraso en la renovaci¨®n ha dado pie a que gane puntos la tesis asumida por el PP de volver a un sistema corporativo, por el que se restablecer¨ªa la elecci¨®n de 12 vocales por los jueces y 8 por el Parlamento. Desde 1985, todos los integrantes del Consejo son elegidos por los representantes de la soberan¨ªa popular. El sistema de cupos por partidos se va atenuando en favor de criterios m¨¢s profesionales, pero deja a¨²n mucho que desear. El Consejo ha quedado seriamente da?ado despu¨¦s de los ¨²ltimos episodios. Tardar¨¢ en recuperar su vigor y credibilidad. Pero si no se renueva de inmediato, las lesiones podr¨ªan ser permanentes.