V¨ªdeos en la calle

LA VIOLENCIA que practican en las calles de Euskadi los simpatizantes de ETA causa ingentes da?os a bienes p¨²blicos y privados y, lo que es m¨¢s grave, impide a la mayor¨ªa de los ciudadanos vascos ejercer derechos b¨¢sicos, entre ellos el de reuni¨®n y manifestaci¨®n. La impunidad de los violentos y el incumplimiento de la legalidad generan un sentimiento de impotencia en los dem¨®cratas y minan el Estado de derecho. Estas circunstancias exigen medidas, espec¨ªficas para asegurar el respeto a la ley y castigar a quienes la violan. Las autoridades deben disponer de instrumentos jur¨ªdicos y policiales que faciliten estos fines. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el consejero del Gobierno vasco Jos¨¦ Mar¨ªa Atutxa presentaron ayer un borrador de ley org¨¢nica que pretende combatir este tipo de violencia mediante el uso de c¨¢maras de v¨ªdeo m¨®viles y fijas en las calles. Se trata de una propuesta comprensible, pero que despierta algunas dudas que habr¨¢ que despejar durante el debate parlamentario.Porque el uso de tales c¨¢maras con car¨¢cter aleatorio plantea sin duda zonas de fricci¨®n con determinados derechos individuales, particularmente el de la intimidad. De ah¨ª que sus promotores hayan optado por darle rango de ley org¨¢nica y someterlo tambi¨¦n previamente a dictamen del Consejo del Poder Judicial porque tiene que ver con la tutela judicial. Desde algunos sectores se ha manejado ya. la eventual inconstitucionalidad de la medida. Justamente el preceptivo informe previo del Consejo de Estado y la tramitaci¨®n parlamentaria deber¨ªan servir para extremar las garant¨ªas individuales, de manera que no plantee problemas de encaje en la Carta Magna. Pero al mismo- tiempo debe servir para el fin que persigue: proteger a los ciudadanos vascos que hoy ven sensiblemente disminuidos sus derechos civiles por la amenaza y la violencia de unos v¨¢ndalos.

El Gobierno tiene intenci¨®n de debatir la ley, ya consensuada con el ' PNV, tambi¨¦n con otros partidos, sin que por ahora se vislumbren grandes dificultades para alcanzar un cierto consenso pol¨ªtico. De hecho, la polic¨ªa utiliza ya videoc¨¢maras m¨®viles para grabar actos callejeros violentos y sus cintas han sido aceptadas como pruebas por algunos jueces. Regular su uso mediante una ley es, por tanto, no s¨®lo razonable, sino deseable desde una posici¨®n garantista. Y lo es tambi¨¦n la necesidad de buscar f¨®rmulas de disuasi¨®n para aquellos que han convertido ciertas consignas pol¨ªticas en m¨®vil de sistem¨¢ticas algarab¨ªas delincuentes y destructivas en ciertas zonas urbanas de Euskadi.

Que se exijan requisitos m¨¢s estricto s para la instalaci¨®n y uso de c¨¢maras fijas que para las m¨®viles responde a criterios de sensatez. El Gobierno es tambi¨¦n consciente de los peligros de abuso y por eso se ha adelantado con un extenso cap¨ªtulo de cautelas que habr¨¢ que estudiar detenidamente y reforzar si es preciso. En un primer an¨¢lisis cabe plantear algunas dudas en lo que respecta a la custodia de las cintas. La obligaci¨®n de remitirlas al juez en 24 horas si se constata la existencia de un delito no se corresponde con el plazo m¨¢ximo de dos meses que se otorga para la destrucci¨®n de aquellas que no tengan inter¨¦s policial. ?Qu¨¦ ocurre durante ese tiempo? La tecnolog¨ªa permite f¨¢cilmente sacar copias de las cintas, y los precedentes en este pa¨ªs de secretos e investigaciones a particulares mal controlados y utilizados en beneficio de funcionarios sin escr¨²pulos no tranquilizan precisamente. El r¨¦gimen sancionador en caso de incumplimiento de estas disposiciones resulta tambi¨¦n claramente insuficiente. Claro que el borrado de las cintas que se graban en la actualidad no est¨¢ sometido a ninguna regulaci¨®n.

Pero las mayores dudas surgen respecto a la eficacia de unas medidas que rozan la excepcionalidad. El uso actual de c¨¢maras m¨®viles por la polic¨ªa ha hecho que los violentos se protejan con capuchas. El propio Atutxa reconoci¨® ayer que esta ley no resuelve este problema, que requerir¨¢ medidas complementarias. Sabi¨¦ndose controlados en una calle, la violencia puede desplazarse a otros lugares, en un fen¨®meno que suele ser habitual en la venta de droga o en la prostituci¨®n.

Pero m¨¢s all¨¢ del problema vasco, paulatinamente este tipo de vigilancia con videoc¨¢maras, facilitada por los avances de una tecnolog¨ªa m¨¢s asequible, va en aumento en el sector privado y en el p¨²blico, desde el interior de los bancos a los centros comerciales y, ahora, a la v¨ªa p¨²blica. La vigilancia a la que se ven sometidos los ciudadanos en sus actividades normales va en aumento. Una tendencia que la violencia y particularmente el terrorismo no hacen sino acentuar, pero que en cualquier caso resulta preocupante.