El Supremo ratifica que los ganaderos son responsables de la integridad de sus toros

El Tribunal Supremo ha rechazado los nueve recursos que contra varios art¨ªculos del reglamento taurino de 1992 interpusieron ese a?o tres asociaciones de profesionales taurinos -Uni¨®n de Criadores de Toros de Lidia, Uni¨®n de Picadores y Banderilleros y Asociaci¨®n de Organizadores de Espect¨¢culos Taurinos- que pretend¨ªan anular o modificar varios preceptos sobre la responsabilidad del ganadero por afeitado de sus reses, cajones de embarque, registros de ganader¨ªas y profesionales, el concepto de trap¨ªo, el plazo para la devoluci¨®n de entradas y la suerte de varas.

Los art¨ªculos impugnados son los mismos, salvo alguna modificaci¨®n, del vigente reglamento de 2 de febrero de 1996, que reform¨® parcialmente el del 92.El Alto Tribunal, en sentencia del pasado 2 de julio dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, ratifica la responsabilidad del ganadero frente al afeitado de sus toros y desestima el recurso de la Uni¨®n de Criadores contra el reglamento del 92 (art¨ªculo 47.2 del actual). El Supremo sentencia que el ganadero tiene el deber de cuidar y vigilar sus reses mientras est¨¦n en su poder, aunque ya las haya vendido, y tambi¨¦n durante el transporte de las mismas a la plaza.

Se?ala que el reglamento "pone especial cuidado en garantizar la presencia del ganadero hasta el momento del desembarco de las reses a fin de que pueda vigilar y cuidar aqu¨¦llas en todo momento". As¨ª, el reglamento obliga al criador a precintar los cajones de transporte, comunicar a la autoridad el momento del embarque, designar a un representante que vigile el transporte y a estar presente ¨¦l mismo o su representante en el desembarque en la plaza.

?Pero qu¨¦ ocurre desde que los toros son desembarcados? El Supremo se?ala que, aunque los toros quedan bajo la vigilancia de la autoridad, el ganadero sigue manteniendo su responsabilidad. Y dice que "siendo el ganadero el obligado a garantizar la no manipulaci¨®n fraudulenta de las astas, es obvio que viene obligado a adoptar todas las medidas encaminadas a tal fin".

El registro de empresas ganaderas de reses de lidia -impugnado por la Uni¨®n de Criadores- y el de profesionales -recurrido por picadores y banderilleros- son legales y constitucionales, seg¨²n el Supremo. La inscripci¨®n en ellos para poder participar en los festejos es acorde con los derechos constitucionales de libertad de empresa y de igualdad y libre sindicaci¨®n.

La Uni¨®n de Criadores recurri¨® la inclusi¨®n de la palabra trap¨ªo en el reglamento, diciendo que es un concepto jur¨ªdico indeterminable.

El concepto trap¨ªo

"Sorprende esta alegaci¨®n", se?ala el Supremo, "no s¨®lo porque el concepto trap¨ªo forma parte de la terminolog¨ªa taurina -y es perfectamente interpretable por los veterinarios-, sino porque el propio recurrente, en sus observaciones al borrador de reglamento, utiliza la expresi¨®n trap¨ªo en la redacci¨®n que propone para varios art¨ªculos".Los empresarios recurrieron el plazo de cuatro d¨ªas para la devoluci¨®n del importe de las entradas desde el anuncio de la suspensi¨®n o modificaci¨®n del cartel de la corrida. Seg¨²n el Supremo, a los recurrentes les hubiera gustado que el plazo se limitase a dos horas antes del festejo y rechaza tal pretensi¨®n en defensa de los espectadores, m¨¢xime si se tiene en cuenta que la modificaci¨®n del cartel puede tener lugar dentro de las dos horas anteriores al inicio del espect¨¢culo".

El Alto Tribunal desestima el recurso de banderilleros y picadores sobre el caballo de picar. "No puede sostenerse con un m¨ªnimo de rigor", dice el Supremo, "que el art¨ªculo 62 implique un atentado a la vida o integridad f¨ªsica de las personas. Pretender que ello es as¨ª por el solo motivo de que sean los veterinarios quienes determinen la aptitud de los caballos para la lidia, no deja de ser una aut¨¦ntica temeridad".

La alegaci¨®n de que el reglamento conculca el derecho constitucional al trabajo "al no establecer la participaci¨®n de banderilleros en las becerradas y suprimir los picadores suplentes, debe ser rechazada", sentencia el Supremo, "en cuanto implica el desconocimiento del contenido constitucional del Derecho al Trabajo".