Gonz¨¢lez pedir¨¢ que se apruebe el suplicatorio si el Supremo le llama por el secuestro de Marey

La direcci¨®n del PSOE ha asumido ya que habr¨¢ un antes y un despu¨¦s del 5 de septiembre. Esa es la fecha en que la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe decidir si llama a declarar al secretario general del partido y ex presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en relaci¨®n al sumario por el secuestro de Segundo Marey, la primera acci¨®n terrorista reconocida por los GAL.Las personas m¨¢s cercanas a Gonz¨¢lez aseguran que el secretario general mantiene su decisi¨®n y pedir¨¢ al Congreso que conceda el suplicatorio, si el Supremo le llama a declarar como imputado.

Estos interlocutores subrayan que el l¨ªder socialista reunir¨ªa al pleno del Grupo Socialista para solicitarle el voto favorable, porque querr¨ªa comparecer ante el tribunal.Nada se ha movido en la conciencia de Gonz¨¢lez desde que afirm¨®, el pasado invierno, que si el Tribunal Supremo solicita su suplicatorio pedir¨¢ a su grupo que vote a favor y extender¨¢ la petici¨®n a toda la C¨¢mara. Seg¨²n estas fuentes, el l¨ªder socialista ser¨ªa muy claro ante los suyos. Agradecer¨ªa todos los gestos de solidaridad, pero insistir¨ªa en que todos deben coger la papeleta del s¨ª.

Aquel anuncio lo hizo Gonz¨¢lez a ra¨ªz de que el Supremo pidiera -el suplicatorio para el ex ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, hoy procesado por el secuestro de Marey. Gonz¨¢lez afirm¨® entonces que ante el suplicatorio la decisi¨®n debe ser muy personal, pero que la suya ser¨ªa la citada. Cuando ahora ha vuelto a repetir esta opini¨®n ante muy pocas personas, sus interlocutores aseguran que el secretario general la formula con tranquilidad.

Inquietud

Uno de los dirigentes socialistas ante los que Gonz¨¢lez ha abordado este asunto resume as¨ª el criterio que manifest¨®: "Si el Supremo no ve razones para pedir el suplicatorio, el secretario general del PSOE simplemente declarar¨¢ que respeta esa o cualquier otra decisi¨®n del alto tribunal. Si le quieren llamar a declarar, inmediatamente dir¨¢ que el Congreso de los Diputados debe conceder el suplicatorio".La tranquilidad que muestra Gonz¨¢lez no es tanta en la direcci¨®n de su partido y algunos miembros del comit¨¦ federal lo pusieron en evidencia el pasado s¨¢bado. Hasta que no haya una decisi¨®n del Tribunal Supremo, muchos socialistas no se ven con fuerza para acometer la labor de oposici¨®n con la firmeza debida.

La dependencia que todo el partido tiene de Gonz¨¢lez contribuye a que su suerte afecte a una organizaci¨®n de casi trescientas mil personas, por mucho que haya unas decenas que espor¨¢dicamente reivindican "la mayor¨ªa de edad" del PSOE para ofrecer un proyecto a la sociedad al margen de que el presidente del Gobierno lo defienda en primera l¨ªnea. Eso s¨ª, despu¨¦s de las elecciones del pasado 3 de marzo, con una derrota pero m¨¢s de nueve millones de votos, el liderazgo interno de Gonz¨¢lez se ha reforzado a¨²n m¨¢s si cabe.

El resultado del 3-M y la derrota electoral por algo menos de 200.000 votos ha hecho olvidar por un trimestre la zozobra con la que el partido socialista esper¨®, sin ¨¦xito, a que el Supremo se definiera sobre la posible citaci¨®n del ex jefe del Ejecutivo como imputado para declarar sobre el secuestro de Marey.

Ahora se espera a que la Sala Segunda se re¨²na en pleno, el pr¨®ximo 5 de septiembre, para estudiar los recursos que piden que se llame a declarar a Gonz¨¢lez, al ex vicepresidente del Gobierno, Narc¨ªs Serra, y el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Txiki Benegas.

Los miembros de la sala del Supremo tienen el asunto sobre sus mesas desde hace 25 d¨ªas, por lo que muchos de ellos pueden tener ya la decisi¨®n tomada. En el PSOE se hacen c¨¢balas, pero sin lograr ninguna conclusi¨®n.

Los socialistas lamentan que se haya impuesto entre muchos jueces la doctrina de es mejor citar a los testigos como imputados desde que pueda existir el m¨¢s m¨ªnimo indicio. Reconocen que es una medida "garantista", porque permite al citado prestar declaraci¨®n con asistencia letrada, pero consideran que se proyecta una imagen negativa de cualquier aforado cuyo interrogatorio autoriza el Congreso.