El Gobierno aprobar¨¢ la creaci¨®n de un juez especial para controlar las actividades del Cesid

La nueva legislaci¨®n sobre los secretos oficiales y el Cesid, que el Gobierno se propone aprobar despu¨¦s de las vacaciones, incluir¨¢ la creaci¨®n de un juez especial encargado de controlar las actividades del servicio de espionaje. Aunque a¨²n no est¨¢n totalmente perfiladas las funciones de dicho juez, entre las mismas estar¨¢, como m¨ªnimo, las de autorizar y controlar las intervenciones telef¨®nicas del servicio secreto. Para ello, ser¨¢ necesario regular este tipo de escuchas que, al contrario de las que realiza la polic¨ªa, no tienen por objeto la persecuci¨®n de delitos, sino la protecci¨®n de la seguridad nacional.

Una de las principales novedades de la reforma legal que prepara el Gobierno ser¨¢ la regulaci¨®n de las escuchas telef¨®nicas del Cesid, bajo control judicial. La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal s¨®lo se refiere a la intervenci¨®n de las comunicaciones en el marco de las diligencias judiciales, encaminadas a la investigaci¨®n y represi¨®n de delitos.Esa es la funci¨®n de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no del servicio secreto, dedicado a prevenir amenazas contra la seguridad nacional. Hasta ahora, los pinchazos del centro de espionaje se han movido, en el mejor de tos casos, en la alegalidad. Cuando han contado con autorizaci¨®n del juez, no la ha pedido directamente el Cesid, sino a trav¨¦s de la Guardia Civil.

Seg¨²n expertos jur¨ªdicos, este tipo de escuchas, al margen de las diligencias penales, encajan en el art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n, pero deben regularse mediante ley org¨¢nica, al afectar a derechos fundamentales, y realizarse bajo control judicial.

El pasado viernes, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que decidi¨® no desclasificar los documentos del Cesid sobre la guerra sucia, el titular de Defensa, Eduardo Serra, cit¨®, entre los puntos que incluir¨¢ la futura normativa, la creaci¨®n de un nuevo ¨®rgano judicial encargado de autorizar las intervenciones telef¨®nicas del Cesid. Como cualquier otro juez, su nombramiento corresponder¨¢ al Consejo del Poder Judicial.

El problema radica en que, para controlar los pinchazos del Cesid, as¨ª como registros domiciliarios y cualquier otra restricci¨®n de derechos, este superjuez deber¨ªa conocer las operaciones en las que se enmarcan dichas medidas y ¨¦stas son por definici¨®n secretas. Tendr¨ªa, por tanto, que estar habilitado para acceder a informaci¨®n clasificada.

Certificados, no papeles

Sin embargo, en la misma rueda de prensa, Serra adelant¨® que la nueva legislaci¨®n mantendr¨¢ la actual prohibici¨®n de que los jueces reciban documentos secretos, cuyo conocimiento seguir¨¢ limitado como ahora a una comisi¨®n restringida del Congreso y al Defensor del Pueblo. S¨®lo se prev¨¦ la entrega a los jueces de unos certificados con aquella informaci¨®n cuya divulgaci¨®n no perjudique la seguridad del Estado.El ministro de Defensa anunci¨® tambi¨¦n el futuro "aforamiento en favor del Tribunal Supremo de los delitos de revelaci¨®n de secretos". Varios expertos jur¨ªdicos han mostrado su extra?eza por este anuncio, pues el aforamiento ante el Supremo no se refiere a delitos sino a personas, como los miembros del Gobierno o algunos jueces, mientras que la competencia exclusiva sobre determinados delitos, muy cuestionada, corresponde a la Audiencia Nacional.La atribuci¨®n al Supremo de la competencia para juzgar estos delitos s¨®lo se entender¨ªa si se habilitara a dicho tribunal para conocer los documentos secretos, lo que no entra en los planteamientos del ministro.

Fuentes gubernamentales admiten que las ideas esbozadas por Serra no est¨¢n totalmente perfiladas y que seguramente hubo cierta precipitaci¨®n al exponerlas, debido al deseo de compensar el pol¨¦mico anuncio de que se no se entregar¨ªan los papeles del Cesid con la presentaci¨®n de un proyecto de futuro.

Durante el mes de julio, los servicios jur¨ªdicos de Moncloa, del Ministerio de Defensa y del propio Cesid han trabajado en la nueva legislaci¨®n, pero quedan muchos aspectos por madurar. Lo que parece descartado, tras las declaraciones de Serra, es que una instancia judicial superior decida sobre la desclasificaci¨®n de un documento secreto cuando, como ha, ocurrido ahora, el Gobierno y un juez discrepen al valorar si afecta o no a la seguridad nacional. Aunque se ha estudiado la viabilidad de ese mecanismo de arbitraje, crearlo supondr¨ªa para el Gobierno renunciar a una competencia que le reconoci¨® en exclusiva el Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n.

Esta decisi¨®n ser¨¢, sin duda, pol¨¦mica. Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), pidi¨® ayer en El Escorial (Madrid) que se reforme "urgentemente" la ley "para que no haya ning¨²n documento inaccesible por los ¨®rganos de justicia". A su juicio, "es mala una situaci¨®n en la que se piden unos documentos y pueden negarse legalmente", ya que conduce a que haya una zona "exenta de investigaci¨®n criminal", informa