La Guardia Civil inform¨® al juez Andreu de que el patrimonio de Galindo no ocultaba nada irregular

El auto de la Sala Primera de la Audiencia de San Sebasti¨¢n por el que se ordena la reapertura de la investigaci¨®n sobre la supuesta implicaci¨®n del general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo en actividades de contrabando y narcotr¨¢fico ha causado sorpresa en medios judiciales vascos por el tono cr¨ªtico con que se enjuician en ¨¦l las actuaciones del juez Fernando Andreu y del fiscal Luis Navajas. En esos medios se indica que Andreu no investig¨® la supuesta implicaci¨®n de Galindo en actividades de contrabando y narcotr¨¢fico porque un informe de la Guardia Civil exculp¨® expresamente al entonces jefe de la 513? Comandancia de Guip¨²zcoa en las diligencias informativas abiertas por el fiscal Navajas.

En aquel informe, que algunos c¨ªrculos denominaron posteriormente "contrainforme" y le adjudicaron un prop¨®sito deliberado de exculpar a Rodr¨ªguez Galindo, la Guardia Civil negaba que el entonces jefe de la Comandancia de Guip¨²zcoa poseyera las propiedades que se le atribu¨ªan en las diligencias de la Fiscal¨ªa y descartaba su participaci¨®n en actividades delictivas. Por informaciones publicadas por este mismo peri¨®dico se supo m¨¢s tarde de la existencia dentro de la propia Guardia Civil de una operaci¨®n denominada "Arca de No¨¦", destinada a exculpar a Rodr¨ªguez Galindo y a sabotear la investigaci¨®n emprendida por la Fiscal¨ªa de San Sebasti¨¢n.El juez Fernando Andreu, hoy destinado en Santander, se hizo cargo del caso despu¨¦s de que el fiscal Luis Navajas viera finalmente atendidos sus requerimientos de que se destinara -a la investigaci¨®n a un grupo de guardias civiles, 15 o 20, ajenos por completo al cuartel de Intxaurrondo.. Cuando los investigadores reclamaron la intervenci¨®n judicial de una serie de tel¨¦fonos, el Juez Fernando Andreu requiri¨® una ampliaci¨®n de la informaci¨®n considerada entonces secreta. La Guardia Civil, siguiendo al parecer instrucciones del entonces director de ese cuerpo, Luis Rold¨¢n, le entreg¨® el informe exculpatorio para Galindo, resultado supuestamente de una laboriosa investigaci¨®n interna.

Seg¨²n resalta ahora la Audiencia de San Sebasti¨¢n, que alega que ni el juez ni el fiscal investigaron a Galindo suficientemente, la Unidad de Servicios Especiales de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil hab¨ªa solicitado al juzgado que "librase un oficio al Banco Bilbao-Vizcaya para que informase de los movimientos de las cuentas corrientes de que hubieran sido titulares en los ¨²ltimos cinco a?os [1986-1991] Enrique Rodr¨ªguez Galindo y su mujer, Mar¨ªa Fernanda Alvarez de Sotomayor", petici¨®n que, tras el informe exculpatorio elaborado por la misma Guardia Civil, el magistrado deneg¨® mediante una providencia dictada en marzo de 1991.

El juez calla

Andreu no quiso ayer hacer declaraciones. "Ni puedo ni debo, ya que hay una querella contra m¨ª", manifest¨® a EL PA?S. La asociaci¨®n Adore, entre cuyos dirigentes se encuentran personas pr¨®ximas a Herri Batasuna, acusa a este magistrado de prevaricaci¨®n por haber archivado la investigaci¨®n sobre Galindo, que se inici¨® en abril de 1988.Los mismos medios judiciales que han acogido con sorpresa el contenido del auto dictado ahora por la Audiencia donostiarra recuerdan que Fernando Andreu fue el ¨²nico juez que en aquellos tiempos se atrevi¨® a efectuar una entrada y registro en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, sede de la 513 Comandancia de Guip¨²zcoa.

Tras recibir el informe de la Guardia Civil, el entonces titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de San Sebasti¨¢n orient¨® la investigaci¨®n hacia otros elementos que parec¨ªan desempe?ar un papel clave en las tramas. As¨ª, las pesquisas fueron dirigidas, preferentemente, hacia el empresario y ex jugador de la Real Sociedad Jos¨¦ Antonio Santamar¨ªa, asesinado por ETA; hacia el guardia civil Enrique Dorado, preso actualmente por su presunta participaci¨®n en los asesinatos de los GAL; el contrabandista Pedro Luis Migu¨¦liz, y el supuesto narcotraficante y confidente Jos¨¦ Manuel Olarte, Plomos, tambi¨¦n asesinado por la banda terrorista ETA.

El juez Fernando Andreu mantuvo la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos de un gran n¨²mero de sospechosos durante 3 a?os. La amplia y laboriosa investigaci¨®n, saboteada desde dentro de la Guardia Civil, s¨®lo ofreci¨® finalmente como resultado la imputaci¨®n a Enrique Dorado Villalobos y Pedro Luis Migu¨¦liz de un delito de cohecho por el que ambos fueron condenados.

Guardias contra guardias

La obstaculizaci¨®n de las pesquisas qued¨® ilustrada en escenas en las que los guardias civiles que investigaban a los agentes sospechosos eran a su vez seguidos y controlados por otros guardias civiles. La investigaci¨®n se centr¨® finalmente en Jos¨¦ Manuel Olarte, pero qued¨® clausurada con el asesinato de ¨¦ste.Tambi¨¦n el Tribunal Supremo, en el auto por el que rechaz¨® la querella presentada por el abogado donostiarra Miguel Castells contra los tres fiscales generales del Estado que supuestamente congelaron la investigaci¨®n del caso durante a?os, lleg¨® a la conclusi¨®n de que las v¨ªas de investigaci¨®n estaban agotadas. El Supremo se pronunci¨® en estos t¨¦rminos tras analizar las diligencias instruidas por Fernando Andreu.