El caso de los jesuitas asesinados en El Salvador

El Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, ha expresado su temor a que la nueva ley de Secretos Oficiales, que el Gobierno ha acordado remitir al Consejo General del Poder Judicial, consagre "unas zonas de impunidad" al dejar en manos del Ejecutivo la facultad de entregar o no los documentos secretos a los jueces.En declaraciones a la Cadena SER, ?lvarez de Miranda reiter¨® ayer su miedo a que "por raz¨®n de Estado, se pudiera dejar sin tutela judicial a una persona". En este sentido, record¨® el ejemplo del juicio por el asesinato, en 1989, de cinco jesuitas vascos en El Salvador. "Hasta que no se desclasificaron algunos documentos del departamento de Estado de Estados Unidos", dijo, "no se pudo conocer la aut¨¦ntica realidad de lo que hab¨ªa pasado; a m¨ª me parece que eso es elemental".A juicio de ?lvarez de Miranda, el ¨®rgano que deba examinar la posible desclasificaci¨®n de los papeles del Cesid "tiene que partir de una doble condicion: primero, su independencia absoluta; segundo, el respeto, en la medida y en la parte que pueda afectar a los intereses superiores del Estado, a que eso no se haga p¨²blico, y, consiguientemente, el respeto a la Justicia. A mi me parece que es el valor supremo; ante la seguridad y la Justicia jam¨¢s he dudado, yo me inclino por la Justicia".