El Congreso esperar¨¢ a que el juez cite, a alg¨²n diputado para aclarar el deber de guardar secreto

El Congreso de los Diputados esperar¨¢ a que el juez Javier G¨®mez de Lia?o mueva ficha y llame a alg¨²n diputado como testigo sobre los papeles del Cesid para precisar entonces el alcance de la obligaci¨®n de guardar silencio que pesa sobre los diputados con acceso a los secretos oficiales. De momento, la Mesa ha decidido responder al magistrado del caso Lasa-Zabala que "los diputados no precisan autorizaci¨®n de los ¨®rganos de la C¨¢mara para declarar como testigos" por lo que puede citarles cuando quiera. Como frontispicio de esa resoluci¨®n, los integrantes de la Mesa han "constatado que el secreto nunca puede amparar acciones delictivas". El acuerdo fue un¨¢nime, pero no la satisfacci¨®n. Rosa Aguilar, de IU, cree que "se ha quedado cojo".

Al final, y como siempre, el problema no es s¨®lo jur¨ªdico, sino pol¨ªtico. De forma que Rosa Aguilar, portavoz de IU-IC y uno de los diputados que tuvo acceso a los papeles de la guerra sucia contra ETA que interesan a G¨®mez de Lia?o, se apresur¨® a pedir el amparo del presidente del Congreso para que un nuevo informe jur¨ªdico de la C¨¢mara le precise c¨®mo puede compatibilizar el deber de guardar secreto con el de colaborar con la justicia porque, dijo, desea hacerlo "sin vulnerar ning¨²n precepto legal". Luis Mardones, de Coalici¨®n Canaria, se adhiri¨® a esta petici¨®n. Pero el presidente de la C¨¢mara, Federico Trillo (PP), respondi¨® que no en cargar¨¢ ese informe a no ser que el juez insista en llamar a los diputados como testigos.El acuerdo de la Mesa, que se tom¨® por unanimidad de sus nueve miembros -tres del PP, tres del PSOE, uno de CiU, uno del PNV y otro de lU-lC-, dice textualmente: "La Mesa, tras conocer ¨¦l escrito remitido por el se?or magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucci¨®n numero uno de la Audiencia Nacional, y a la vista del informe de la Secretar¨ªa General, tras amplio debate, en el que se ha constatado que el secreto nunca puede amparar acciones delictivas, acuerda que los diputados no precisan autorizaci¨®n de los ¨®rganos de la C¨¢mara para declarar como testigos, y dar traslado de este acuerdo al se?or magistrado-juez a trav¨¦s de la Presidencia del Tribunal Supremo".

El informe de la Secretar¨ªa General del Congreso de los Diputados al que hace referencia el acuerdo es, adem¨¢s, un sutil e indirecto varapalo jur¨ªdico al juez G¨®mez de Lia?o, y baraja las distintas "Hip¨®tesis" que sugieren las dos interpretaciones a que se presta el escrito del magistrado.?Consulta o petici¨®n?

Comienza por recordarle que su escrito no cita preceptos legales ni concreta "una espec¨ªfica petici¨®n", por lo que puede deducirse que se trata de una "consulta". Pero el escrito del magistrado podr¨ªa tambi¨¦n entenderse "corno una solicitud de autorizaci¨®n" para que determinados diputados presten testimonio en un sumario.

El informe precisa que "no existe la mencionada Comisi¨®n" de secretos oficiales, en contra de lo que escribe G¨®mez de Lia?o, y respecto a que lo que el juez pida sea una autorizaci¨®n, el escrito es contundente al recordar que "el reglamento del Congreso de los Diputados no prev¨¦ ning¨²n tipo de autorizaci¨®n para que un juez o tribunal llame a declarar como testigo a un diputado". Tampoco la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene ninguna previsi¨®n.

Respecto a la otra interpretaci¨®n que puede darse al escrito de G¨®mez de Lia?o, la de "si existe o no impedimento legal para que los diputados con acceso a secretos oficiales puedan prestar testimonio acerca del conocimiento de los mismos en un sumario", el dictamen de la Secretar¨ªa General del Congreso incluye el recordatorio de un principio fundamental del derecho procesal que expresa en t¨¦rminos rigurosamente t¨¦cnicos: "Iura novit curia", es decir, que el juez debe conocer del Derecho, y concluye que si el magistrado lo que trata de indagar son las normas jur¨ªdicas aplicables para resolver su problema, "ning¨²n precepto reglamentario atribuye a ¨®rgano alguno de la C¨¢mara la competencia para evacuar consultas jur¨ªdicas de esa ¨ªndole a instancia de un ¨®rgano constitucional".

Despu¨¦s de este recordatorio, el dictamen afirma que de la regulaci¨®n legal de los secretos oficiales "se desprende la existencia de un deber de reserva, pero sin que proceda intervenci¨®n alguna de la Presidencia [del Congreso] o de la Mesa". Y a?ade que el Reglamento de la C¨¢mara "establece la obligaci¨®n para los diputados de no divulgar las actuaciones que ( ... ) puedan tener excepcionalmente el car¨¢cter de secretas".

Pero en este punto el informe se?ala que, aunque la Mesa tiene que velar por el respeto al deber de secreto, esa competencia s¨®lo podr¨ªa ejercerla en forma de sanci¨®n, es decir, cuando constatase que un diputado ha violado el deber de guardar secreto. Adem¨¢s, el dictamen plantea la posibilidad de que el juez pregunte si alg¨²n ¨®rgano de la C¨¢mara debe autorizar "no ya que los diputados presten declaraci¨®n, sino el levantamiento del car¨¢cter secreto de las informaciones". A esa hip¨®tesis responde que "el Reglamento no contempla la posibilidad de dispensar a un diputado del deber de secreto cuando ¨¦ste existe, sino que lo configura como un deber individual", aunque igualmente recuerda que el deber de colaborar con la Justicia incumbe a todo ciudadano y I¨®gicamente afecta tambi¨¦n a los miembros de la C¨¢mara". Asimismo recuerda el escrito que la desclasificaci¨®n de un secreto "corresponde exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor".

El dictamen termina recordando que dif¨ªcilmente puede la Mesa entrar en el terreno concreto del secreto de los documentos "porque ni conoce ni tiene con la normativa vigente la posibilidad jur¨ªdica de conocer una informaci¨®n que s¨®lamente se proporciona a los diputados debidamente elegidos por el Pleno".