El fiscal reabre la querella de Torras contra De la Rosa, y toma declaraci¨®n al abogado Folchi

El fiscal anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, ha decidido sacar del letargo la querella que en enero de 1993 present¨® el grupo Torras contra Javier de la Rosa y otros seis ejecutivos de Torras y del grupo KIO. Atendiendo una petici¨®n de Villarejo, el juez titular del caso, Miguel Moreiras, ha citado para hoy al abogado barcelon¨¦s y tambi¨¦n querellado Juan Jos¨¦ Folchi. La querella de Torras acusaba a los anteriores gestores del grupo de una presunta estafa de 120.000 millones, de pesetas. Ahora, Villarejo investiga nuevos posible delitos no incluidos en la querella, rechazada por Moreiras en cuatro ocasiones, hasta que la sala de la Audiencia Nacional le oblig¨® a aceptarla a finales de 1993.

A pesar de eso, la querella apenas ha avanzado durante estos tres a?os largos. Sin embargo, el 12 de julio pasado, el fiscal anticorrupci¨®n remiti¨® al juez Moreiras un escrito de 12 folios en los que ped¨ªa al magistrado la aprobaci¨®n de varias diligencias, entre las que figuraba la toma de declaraci¨®n a Folchi.Uno de los aspectos m¨¢s novedosos del escrito es el inter¨¦s de Villarejo por relacionar la querella presentada por Torras con el informe de los interventores judiciales sobre la suspensi¨®n de pagos del grupo. Esta suspensi¨®n se present¨® en diciembre de 1992 y es la m¨¢s cuantiosa de la historia empresarial espa?ola, con unas deudas de 243.000 millones, sin contar las referidas a varias sociedades filiales como la qu¨ªmica Ercros o la inmobiliaria Prima. El conjunto de las deudas super¨® el medio bill¨®n.

Concretamente, el informe del fiscal anticorrupci¨®n anuncia su deseo de "ampliar m¨¢s adelante el presente dictamen interesando nuevas diligencias sobre otros hechos de naturaleza presuntamente punible que se desprenden (...) del informe de los interventores judiciales emitido en el procedimiento de suspensi¨®n de pagos del grupo Torras".

Los interventores judiciales imputaron a los anteriores gestores "pr¨¢cticas financieras heterodoxas", "vaciado de activos de las compa?¨ªas", "empobrecimiento de la compa?¨ªa y sus accionistas", "la utilizaci¨®n de fondos propios para fines ajenos a los declarados en el objeto social", "elevad¨ªsimos gastos de gesti¨®n, administraci¨®n, seguridad e imagen" y "la ocultaci¨®n de la crisis mediante t¨¦cnicas contables". Es decir, que el caso podr¨ªa dar un giro importante y analizar otros posibles delitos m¨¢s all¨¢ de los incluidos en la querella elaborada por el abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa. A ra¨ªz de la no aceptaci¨®n de la querella, KIO ampli¨® el grupo de letrados del caso, incluyendo a Miguel Bajo y Manuel Cobo del Rosal.

Asimismo, Villarejo solicita la pr¨¢ctica de otras diligencias, como la petici¨®n a Javier de la Rosa de que aporte al juez contratos de fiducia, o justificantes de comisiones y pr¨¦stamos recibidos por la sociedad Aciesa, investigada tambi¨¦n en relaci¨®n con el caso Grand Tibidabo, por casi 600 millones de pesetas. En relaci¨®n con la sociedad Quail, empresa cabecera de las operaciones de De la Rosa, Villarejo le requiere para que presente los contratos que le permitieron cobrar comisiones por una cifra total de 10.719 millones de pesetas. La resoluci¨®n judicial de la crisis del grupo Torras ha estado en segundo plano de la actualidad hasta que ahora la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n la ha vuelto a poner sobre la mesa. Pero, m¨¢s all¨¢ de la propia actitud de las autoridades judiciales y pol¨ªticas espa?olas y de la propia opini¨®n p¨²blica, la no depuraci¨®n de responsabilidades en este caso es un hecho que tienen presentes muchos inversores internacionales, que no se explican el motivo de que tres a?os despu¨¦s de presentada la querella nadie se haya preocupado por esclarecer los hechos.

En la primavera de 1993, Torras decidi¨® presentar una nueva demanda contra De la Rosa y los suyos en Londres. En este caso, referido a otras operaciones en las que se despistaron 500 millones de d¨®lares, los demandantes consiguieron el embargo de bienes de los principales implicados, comenzando por el propio De la Rosa. A pesar de ello, a¨²n no han conseguido descubrir los supuestos refugios para los miles de millones que, seg¨²n ellos, De la Rosa acumul¨® en algunos para¨ªsos fiscales. Su seguridad de que eso dinero existe se afianza al comprobar que De la Rosa, con sus bienes te¨®ricamente embargados y sin propiedades visibles, contin¨²a gozando de un nivel de vida prohibido para la mayor¨ªa de los mortales: empleados bien pagados en su despacho de la Diagonal de Barcelona, un rosario de abogados, viajes, guardaespaldas y residencias varias.