Un juez archiva un caso de insumisi¨®n por la futura supresi¨®n de la 'mili'!

El magistrado Ramiro Garc¨ªa de Dios Ferreiro, juez de instrucci¨®n n¨²mero 9 de Bilbao, se ha amparado, para archivar la investigaci¨®n de un presunto delito de insumisi¨®n, entre otras razones, en el anuncio realizado por el Gobierno del PP de suprimir el servicio militar obligatorio. El juez invoca tambi¨¦n el' elevado n¨²mero de objetores de conciencia, que produce un atasco a la hora de asignar plazas para la prestaci¨®n social sustitutoria.La investigaci¨®n se refer¨ªa a un joven que se neg¨® a realizar el servicio militar por estimar que reproduce "valores con los que no estoy de acuerdo", declar¨®, "como la jerarqu¨ªa, la obediencia ciega y, sobre todo, porque soy un civil y nunca me he considerado militar". Igualmente se neg¨® a realizar la prestaci¨®n social sustitutoria, por entender que "reproduce los mismos problemas", as¨ª como afecta al paro. "Si es una prestaci¨®n social consistente en ayudar a alguien, debe salir de uno mismo y no tiene que ser el Estado el que te obligue a ello", argument¨®.Ej¨¦rcito profesional

La resoluci¨®n que decreta el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones invoca el principio de interpretaci¨®n de las normas "en relaci¨®n con la realidad' social del tiempo en que han de ser aplicadas", seg¨²n doctrina del Tribunal Supremo. Recuerda la aprobaci¨®n social mayoritaria en torno a la supresion del servicio militar, hasta el punto de que el nuevo Gobierno tiene prevista la supresi¨®n del servicio militar obligatorio y la implantaci¨®n de un Ej¨¦rcito profesional ( ... ) para dentro de pocos a?os".

El juez recuerda tambi¨¦n que el "el Ministerio de Defensa ha admitido, por medio del general Francisco Laguna, que tan s¨®lo uno de cada cinco objetores realiza la prestaci¨®n social sustitutoria, ya que el elevado n¨²mero de objetores de conciencia crea un atasco que imposibilita otorgar plazas para la prestaci¨®n social, ya que las ofertas de plazas de instituciones p¨²blicas y privadas no permiten atender a los cerca de 200.000 objetores pendientes de que se les asigne una plaza".

El magistrado estima que el proyecto del Ejecutivo "evidencia la no necesidad del servicio militar obligatorio" y considera "razonable concluir la inexistencia de bien jur¨ªdico protegido o protegible, con lo cual se deriva la innecesariedad de la intervenci¨®n del derecho penal, pues en un Estado democr¨¢tico de derecho s¨®lo deben ser objeto de protecci¨®n penal bienes jur¨ªdicos esenciales, a los fines del propio Estado social y democr¨¢tico y solamente frente a aquellos ataques a dichos bienes que pongan en peligro las bases democr¨¢ticas del sistema".