Agravio en serie

LOS DIRIGENTES del PP est¨¢n comprobando cada d¨ªa por qu¨¦ gobernar es m¨¢s dif¨ªcil de lo que parec¨ªa desde la oposici¨®n: porque toda soluci¨®n implica casi siempre la aparici¨®n de un nuevo problema. El compromiso de reducir el d¨¦ficit sin tocar las pensiones ni subir los impuestos ha llevado a la congelaci¨®n, una vez m¨¢s, de los sueldos de los funcionarios. Pero el principio de congelaci¨®n reconoce una excepci¨®n: los m¨¦dicos del Insalud, que protagonizaron el a?o pasado una huelga de dos meses que la Administraci¨®n socialista cerr¨® con una subida inmediata de 30.000 pesetas para 1995 y de 8.000 para 1996, a las que se a?ad¨ªa una cantidad -hasta 22.000 pesetas- ligada a la mejora de la productividad.El Ministerio de Administraciones P¨²blicas considera que el acuerdo que dio fin al conflicto, firmado con el comit¨¦ de huelga de los m¨¦dicos, tiene la condici¨®n de convenio colectivo, por lo que est¨¢ obligado a cumplir los aumentos pactados entonces. Los sindicalistas han respondido con un tomamos nota, que significa m¨¢s o menos lo siguiente: ya sabemos lo que hay que hacer en adelante; llegar hasta la huelga para que se respeten los acuerdos firmados. Porque ocurre que tambi¨¦n el conjunto de los funcionarios hab¨ªa alcanzado un acuerdo en 1994 en el que, aunque de manera algo barroca, se dec¨ªa que las retribuciones subir¨ªan en 1996 y 1997 en la misma proporci¨®n que el ¨ªndice de precios. El que la subida a los m¨¦dicos sea en concepto de productividad y no afecte a los presupuestos no elimina su excepcionalidad.

.Estamos, pues, ante un episodio m¨¢s de la guerra de agravios que viene envenenando las relaciones laborales espa?olas desde hace a?os. No hay que olvidar que la huelga de los m¨¦dicos del ¨¢rea del Insalud -las comunidades que no ten¨ªan transferida la competencia de Sanidad- se origin¨® precisamente por la exigencia de equiparar sus salarios con los de las comunidades que s¨ª tienen plenas competencias en ese campo. El agravio se plantea ahora entre los m¨¦dicos y el resto de los trabajadores del sector p¨²blico. Los ense?antes ya han expresado su protesta, y no tardar¨¢n en hacerlo los dem¨¢s colectivos, incluyendo los sanitarios no m¨¦dicos.

El argumento de la superior vinculaci¨®n del acuerdo firmado por un comit¨¦ de huelga respecto al suscrito por la representaci¨®n estable de los trabajadores es en s¨ª mismo discutible, pero es, sobre todo, peligroso: constituye una incitaci¨®n objetiva al conflicto. La invocaci¨®n a la especial naturaleza del acuerdo, con subidas ligadas a la productividad, tiene m¨¢s fundamento, aunque ello no elimina el agravio: los trabajadores de otras ramas de la Administraci¨®n podr¨ªan quiz¨¢ ofrecer mejoras constatables en su productividad que no se ver¨¢n reflejadas en sus retribuciones.

Frente a la protesta de los sindicatos del sector p¨²blico, que se consideran los paganos sistem¨¢ticos de la permanente crisis fiscal del Estado, suele esgrimirse el argumento de la estabilidad en el empleo de que disfrutan los funcionarios. Es un argumento poderoso, especialmente en las fases de p¨¦rdida acelerada de empleo, como en el bienio 1992-1993. Pero no puede emplearse indefinidamente y en todas las coyunturas. La actual es de fuerte creaci¨®n de empleo, y con las sucesivas congelaciones (o casi) de los ¨²ltimos a?os la p¨¦rdida de poder adquisitivo de los empleados p¨²blicos ser¨¢ superior al 10% a fines de 1997.

La imagen peyorativa que identifica a los funcionarios con unos bur¨®cratas protegidos tras una ventanilla, y cuyo trabajo tiene poco que ver con el desarrollo de la sociedad, es una burda deformaci¨®n: otro agravio. De los 2,2 millones de personas que trabajan para las administraciones p¨²blicas, los funcionarios, en sentido estricto, suponen 320.000. A ellos se suman 72.000 militares profesionales, y el resto son docentes, sanitarios, polic¨ªas, personal de Justicia, guardabosques, bomberos... Sin ellos no funcionar¨ªa la sociedad civil.