Culpables e inocentes
LA CONFEDERACI?N Sindical Independiente de Funcionarios de Prisiones y CC OO han aceptado entrevistarse con HB, a propuesta de este partido, para debatir la situaci¨®n de los presos de ETA. Es evidente que se trata de un chantaje montado sobre la figura de Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado hace ocho meses. El temor a que cualquier gesto que desagrade a ETA pueda ser empleado por los terroristas como pretexto para asesinar a su reh¨¦n ha influido sin duda en la aceptaci¨®n del di¨¢logo por parte de las centrales. Desde esa consideraci¨®n humanitaria, se comprende su decisi¨®n, incluso si hay motivos para pensar que se trata de una maniobra propagand¨ªstica de los amigos de ETA.Los sindicalistas deber¨¢n en todo caso dejar claro ante sus interlocutores que el paralelismo que pretenden entre la situaci¨®n de los presos y la de Ortega Lara es imposible. Los 500 presos de ETA est¨¢n en la c¨¢rcel por haber asesinado al menos otras tantas personas en los ¨²ltimos 15 a?os. Mientras que Ortega Lara no es culpable de nada ni tiene ninguna deuda que saldar. El mundo de ETA y HB lo sabe perfectamente, pero no considera que ser o no ser culpable sea una diferencia relevante: en la conversaci¨®n difundida hace algunos a?os entre el abogado de HB Txemi Gorostiza y el etarra De Juana Chaos, en la que el primero insinuaba la conveniencia de atentar contra funcionarios de prisiones, el letrado reconoc¨ªa que el ¨²ltimo funcionario hasta entonces asesinado (?ngel Mota, empleado de la c¨¢rcel de Martutene) "era un t¨ªo bien, afiliado a ELA", lo que no hab¨ªa impedido que el efecto del crimen fuera "resquebrajar el estamento".
Simult¨¢neamente, el PNV ha amenazado con denunciar al Gobierno ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no aplicar con la suficiente diligencia la pol¨ªtica de acercamiento de los presos de ETA a c¨¢rceles del Pa¨ªs Vasco. El argumento es que el Gobierno incumple lo ordenado por la ley respecto a la reinserci¨®n de los reclusos. Sin embargo, la ley penitenciaria y el reglamento que la desarrolla se limitan a recomendar que "en la medida de lo posible" se procure contar con establecimientos penitenciarios suficientes en todas las regiones para evitar "el desarraigo social de los penados". Una resoluci¨®n del Parlamento Europeo aprobada este a?o abundaba en esa misma recomendaci¨®n "por consideraciones humanitarias y de rehabilitaci¨®n social". El problema es que concentrar a los 500 en las tres c¨¢rceles del Pa¨ªs Vasco supondr¨ªa favorecer su control por parte de la direcci¨®n terrorista, anulando las posibilidades de reinserci¨®n individual. De hecho, fue este argumento el que en 1989 hizo que el PNV apoyase la pol¨ªtica de dispersi¨®n impulsada por el entonces ministro de Justicia, Enrique M¨²gica.
Mayor Oreja ha explicado que trata de compaginar el principio de acercamiento, por razones humanitarias, con la decisi¨®n de evitar ese f¨¦rreo control. El pasado d¨ªa 5, sin embargo, el secretario general de EA declaraba que la pol¨ªtica del actual ministro del Interior respecto a los presos de ETA constitu¨ªa "un insulto a los vascos". Y ahora el PNV amenaza con llevarle ante el Tribunal de Estrasburgo. Podr¨ªa parecer absurdo, pero a la vista de la situaci¨®n actual de Euskadi resulta m¨¢s bien tr¨¢gico.
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