La Audiencia Nacional deja en la c¨¢rcel a Julen Elgorriaga y confirma su procesamiento

La Audiencia Nacional confirm¨® ayer el procesamiento del ex delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco Julen Elgorriaga por su presunta participaci¨®n en el secuestro, torturas y asesinato de los supuestos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala. El tribunal, en una decisi¨®n que caus¨® cierta sorpresa en medios jur¨ªdicos, mantuvo la prisi¨®n preventiva para Elgorriaga debido a que apreci¨® un elevado riesgo de fuga en el caso de que fuera puesto en libertad. En agosto, el general Enrique Rodr¨ªguez Galindo, procesado por los mismos delitos, fue puesto en libertad sin fianza.

Elgorriaga fue encarcelado el 19 de junio y fue procesado como autor de la detenci¨®n ilegal de Lasa y Zabala, autor por cooperaci¨®n necesaria en las torturas infligidas a los dos secuestrados y tambi¨¦n autor por omisi¨®n de los asesinatos de ambos j¨®venes. Seg¨²n el auto de procesamiento, Elgorriaga, que en oto?o de 1983 era gobernador civil de Guip¨²zcoa, particip¨® en los planes para el secuestro y facilit¨® el lugar -el palacio La Cumbre de San Sebasti¨¢n, propiedad del Ministerio del Interior- y proporcion¨® las llaves de las dependencias.Sobre las torturas, el tribunal aprecia que Elgorriaga visit¨® La Cumbre, comprob¨® que Lasa y Zabala eran sometidos a torturas y las consinti¨®.

Respecto del asesinato, la Sala, al igual que el juez instructor, considera que el entonces gobernador civil supo de los planes para matar a los dos etarras y no lo impidi¨®, cuando por el hecho de ser una autoridad ten¨ªa la obligaci¨®n no s¨®lo de impedirlo, sino de haber denunciado el delito.

Indicios suficientes

El tribunal aprecia que los indicios de la participaci¨®n de Elgorriaga en los hechos son m¨¢s que suficientes para mantener su procesamiento en unos delitos grav¨ªsimos. Respecto a la libertad, los magistrados, en un auto muy t¨¦cnico y argumentado, examinan los requisitos que la ley exige para el mantenimiento de la prisi¨®n preventiva.El tribunal analiza la alarma social despertada por el caso Lasa-Zabala, la gravedad de los delitos y las importantes penas que les corresponden, as¨ª como la posibilidad de que Elgorriaga participe en la destrucci¨®n de pruebas.

Pero el argumento fundamental para mantener la prisi¨®n de Elgorriaga es el riesgo de que se fugue si es puesto en libertad. Los magistrados recuerdan que en el sumario existen datos facilitados por los polic¨ªas que llevaron a cabo aspectos de la investigaci¨®n que suger¨ªan que el ex gobernador civil de Guip¨²zcoa estaba realizando preparativos para una fuga.

Ese riesgo de que Elgorriaga intente eludir la acci¨®n de la Justicia se mantiene, en opini¨®n del Tribunal, por lo que tambi¨¦n debe mantenerse la prisi¨®n preventiva.

Esa circunstancia es la diferencia con el auto por el que se puso en libertad al general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo, respecto al cual se descartaba el riesgo de fuga. Sobre el general se se?alaba: "Si la prisi¨®n estuvo justificada en su momento, el mantenimiento actual no es razonable ni proporcionado" con el riesgo de obstrucci¨®n de la investigaci¨®n sumarial. El temor a que Elgorriaga hiciera desaparecer pruebas de cargo -el juez instructor se?alaba que se hab¨ªan detectado movimientos destinados a -perturbar la acci¨®n investigadora- no ha sido determinante, como tampoco lo fue con Galindo.

La decisi¨®n ha causado cierta sorpresa en medios jur¨ªdicos, debido a que tanto Galindo como el teniente Pedro G¨®mez Nieto, tambi¨¦n procesado como autor del asesinato de Lasa y Zabala, se encuentran en libertad. Se esperaba una resoluci¨®n m¨¢s ben¨¦vola. G¨®mez Nieto fue puesto en libertad a ra¨ªz de que el Gobierno decidiera no desclasificar los papeles del Cesid.

En este momento s¨®lo Elgorriaga y los presuntos autores materiales de los secuestros, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala, los ex guardias Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, se encuentran en prisi¨®n preventiva. Precisamente estos dos ¨²ltimos est¨¢n a la espera de un informe del fiscal sobre la conveniencia de separarles en la prisi¨®n por su conflictividad.