A la vieja usanza

?HABR? QUE censurar las escenas de Casablanca en las que Humphrey Bogart aparece fumando, dados los comprobados efectos perjudiciales del tabaco? Las frases de doble sentido de Ingrid Bergman ?se considerar¨¢n obscenas? ?Ser¨¢ publicidad pol¨ªtica subliminal que el jefe de polic¨ªa tire a la papelera una botella de Vichy en la ¨²ltima secuencia? Todo ser¨ªa posible si el Gobierno decidiera llevar adelante el borrador de ley sobre medios audiovisuales cuyo contenido se conoci¨® ayer. Menos mal que el Secretario de Estado de Comunicaci¨®n, Miguel Angel Rodr¨ªguez, precis¨® que no pasa de ser un "documento de trabajo". Eso s¨ª, fruto de al menos tres reuniones celebradas en julio por un equipo de cinco personas que presidi¨® el propio Rodr¨ªguez. No es, pues, una ocurrencia a vuela pluma.La obsesi¨®n de algunos miembros del Gobierno por salvamos de los peligros de la vida moderna ha llevado a los autores del texto a fabricar este artefacto con el que resguardar incluso nuestra salud. Plantea as¨ª "la obligatoriedad de no emitir materiales audiovisuales que muestren expl¨ªcitamente o fomenten comportamientos perjdiciales para la salud". 0 bien: La programaci¨®n deber¨¢ ser especialmente cuidadosa con el uso y abuso de im¨¢genes simuladas, dobles intenciones u otros elementos que ( ... ) puedan distorsionar la percepci¨®n de la realidad por parte del espectador".

La primera impresi¨®n es que se trata de una mezcla de papilla pol¨ªticamente correcta con intervencionismo ancien r¨¦gime. El Gobierno desconf¨ªa de los medios y se erige en palad¨ªn de los ciudadanos frente a las agresiones audiovisuales. Y lo hace a la vieja usanza: prohibiendo; estableciendo qu¨¦ cosas se podr¨¢n emitir y a qu¨¦ horas. A veces sustituye el verbo prohibir, tan antip¨¢tico, por eufemismos como ese de que "ser¨¢ de aplicaci¨®n la obligatoriedad de no emitir" algo. La futura ley pod¨ªa haberse llamado de contenidos de los medios audiovisuales, o de regulaci¨®n d e tales medios, pero alguien ha propuesto que se llame de Garant¨ªas del derecho del ciudadano a recibir informaci¨®n. veraz. ?Qui¨¦n va a oponerse a principios tan nobles como la protecci¨®n de la infancia, los derechos de los consumidores, la preservaci¨®n del medio ambiente? S¨®lo que todo sirve de envoltorio al una voluntad de intervenci¨®n y control. Algo que choca con la revoluci¨®n tecnol¨®gica que se invoca -?pretende el Gobierno poner puertas a los sat¨¦lites?-, pero, sobre todo, con la Constituci¨®n misma.

Esa voluntad de control bordea el rid¨ªculo cuando se propone que la ley faculte al Gobierno para elaborar peri¨®dicamente, mediante decreto ley, un listado de "acontecimientos de inter¨¦s general", que no podr¨¢n "realizarse con car¨¢cter exclusivo". La famosa autonom¨ªa de la sociedad civil que iba a traer el PP pasa ahora por recomendaciones como la de fomentar que las empresas de comunicaci¨®n incluyan en su programaci¨®n "espacios sobre la forma en que se hace la televisi¨®n". Hay incluso un lapsus magn¨ªfico cuando se dice que el seguimiento del cumplimiento de la ley lo realizar¨¢ "el Gobierno a trav¨¦s del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales` ' organismo definido como "autoridad independiente" del Gobierno.

Es verdad que el creciente auge de los nuevos medios -incluido Internet- ha provocado inquietudes sobre su posible utilizaci¨®n por grupos terroristas, o por mafias diversas, como la de la pornograf¨ªa infantil, etc¨¦tera. Es una cuesti¨®n que preocupa y que nadie ha resuelto todav¨ªa de forma satisfactoria. Es verdad tambi¨¦n que los contenidos televisivos provocan a veces debates encendidos. Pero el abigarrado cat¨¢logo de obsesiones, afanes protectores y actuaciones censoras recogido en este borrador, lejos de resolver tales problemas, ha encendido luces de alarma. Como la reciente ley de secretos oficiales. Menos mal que esta vez se trata s¨®lo de un documento de trabajo.