Defensa sostiene que el Gobierno no debe dar los 'papeles del Cesid' aunque lo mande el Supremo

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, es partidario de que el Gobierno se niegue a ejecutar la pr¨®xima sentencia de la Sala Tercera del Supremo sobre los papeles del Cesid si el tribunal se pronuncia a favor de la desclasificaci¨®n y de la entrega a los jueces de los documentos secretos. En cambio, su colega de Justicia, Margarita Mariscal, aboga por aplicar de inmediato el mandato del Supremo y ni siquiera cree que sea posible recurrir al Tribunal Constitucional.

Como en julio pasado, cuando el Consejo de Ministros ten¨ªa que decidir la desclasificaci¨®n de los documentos del Cesid supuestamente relacionados con los GAL, los responsables de Defensa y Justicia mantienen posiciones contrarias. Margarita Mariscal aboga por cumplir el mandato del Supremo y entregar los papeles a los jueces si as¨ª lo dispone la sentencia. Eduardo Serra considera, en cambio, que el Gobierno debe ser coherente con su decisi¨®n del 2 de agosto y perseverar en ella hasta el final.

El ministro de Defensa recuerda que la ejecuci¨®n de la sentencia del Supremo no es autom¨¢tica y sostiene que, desde el respeto escrupuloso de la legalidad, cabe la posibilidad de no cumplirla. La Ley Reguladora de la Jurisdicci¨®n Contencioso-Administrativa, que sigue vigente aunque data de 1956, prev¨¦ la posibilidad de que el Gobierno suspenda o no ejecute, de manera total o parcial, el fallo del Supremo.

El art¨ªculo 105 de dicha ley establece condiciones muy restrictivas para una decisi¨®n de este tipo, que s¨®lo podr¨¢ decretarse por el Consejo de Ministros, con car¨¢cter extraordinario, en los dos meses siguientes a la recepci¨®n de la sentencia.

Trastorno del orden p¨²blico

En concreto, el Gobierno s¨®lo podr¨¢ negarse a ejecutar el fallo bas¨¢ndose en alguna de las siguientes causas: "Peligro de trastorno grave del orden p¨²blico; temor fundado de guerra con otra potencia, si hubiere de cumplirse la sentencia; quebranto en la integridad del territorio nacional; o detrimento grave de la Hacienda P¨²blica".Ser¨ªa necesaria una interpretaci¨®n amplia del concepto de orden p¨²blico para que el Gobierno pudiera acogerse al art¨ªculo 105 en el caso de los papeles del Cesid. Desde luego, la ministra de Justicia no quiere ni o¨ªr hablar de esta posibilidad y agrega que no se trata de una posici¨®n personal, sino de la expresada por el propio presidente.

En una entrevista publicada el 29 de septiembre en La Vanguardia, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar afirm¨®: "Si el Tribunal Supremo dicta una sentencia o una orden, el Gobierno est¨¢ obligado a cumplirla, como es natural. Pero buscaremos la soluci¨®n que, dentro del principio de servir a los intereses del pa¨ªs y de garantizar al mismo tiempo la seguridad jur¨ªdica de todos los espa?oles y el correcto funcionamiento de las instituciones, sea la m¨¢s adecuada". "Lo que nadie pretender¨¢", agreg¨® Aznar, "es que el Gobierno se declare en rebeld¨ªa frente al Supremo. Supongo que nadie pretender¨¢ eso. Como no quiero condicionar nada, y como no creo que nadie en su sano juicio pretenda llevar a un conflicto institucional al pa¨ªs, estoy absolutamente convencido de que las cosas se afrontar¨¢n desde la mayor responsabilidad y normalidad por parte de todos, y del Gobierno".

La hip¨®tesis de que el Consejo de Ministros pudiera negarse a ejecutar la sentencia del Supremo fue calificada ayer de "inadmisible e intolerable" por el diputado de Izquierda Unida Willy Meyer. "Estar¨ªamos ante una quiebra de la propia Constituci¨®n", declar¨® a Servimedia.