?Qui¨¦n manda en la Universidad?
Alicante pone de manifiesto el dif¨ªcil equilibrio entre la Universidad y el poder pol¨ªtico
Cuando Francisco Bustelo era rector de la Complutense de Madrid (entre 1981 y 1984, elegido por sufragio universal directo antes de la Ley de Reforma Universitaria), se celebraron en el paraninfo universitario las Primeras Jornadas sobre las Fuerzas Armadas. Eran momentos de aproximaci¨®n y reconciliaci¨®n social y, en el acto de presentaci¨®n, Bustelo se aprest¨® a cederle el sill¨®n presidencial al por entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart. El pol¨ªtico no acept¨® el puesto por respeto al protocolo del campus y a los valores culturales y acad¨¦micos que representa la Universidad.El a?o pasado, Gustavo Villapalos, que hab¨ªa sido rector de la Complutense, acudi¨® al acto de apertura de curso de esta Universidad en calidad de consejero de Educaci¨®n. Se sent¨® en el sill¨®n presidencial mientras sonaba una m¨²sica introductoria y, acto seguido, se levant¨® y cedi¨® el asiento al rector en funciones Arturo Romero. Villapalos quiso aclarar la cuesti¨®n y dijo p¨²blicamente que, exceptuando el caso del Rey, la presidencia de estos actos nunca se debe dejar a un poder pol¨ªtico porque nunca un rector tiene que doblegarse a un poder pol¨ªtico. Arturo Romero contest¨®: "Como bien sabe el consejero, este rector en funciones nunca se ha doblegado a los pol¨ªticos anteriores ni se doblegar¨¢ a los que vengan".
Todos a una como en Fuenteovejuna, los rectores se han solidarizdo con su compa?ero de Alicante ante el conflicto por la creaci¨®n de una nueva Universidad en Elche, postura que ha apoyado la Conferencia de Rectores Europea (CRE): lo primero, la autonom¨ªa universitaria.
Libertad de creaci¨®n
La pol¨¦mica sobre la apertura de nuevas universidades quedar¨ªa saldada si s¨®lo se tuviera en cuenta un segmento de la letra de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Su art¨ªculo 5? dice bien claro que es la Asamblea Legislativa de la Comunidad Aut¨®noma la que lleva a cabo esta creaci¨®n. Pero la misma ley, en su art¨ªculo 53.2, refleja c¨®mo las universidades "asumir¨¢n la titularidad de los bienes estatales de dominio p¨²blico que se encuentren afectos al cumplimiento de sus funciones". Y los planes del Gobierno de Zaplana cuentan con disponer para la nueva universidad de centros que ya pertenecen a la que preside Pedre?o.El precedente de Canarias a principios de los a?os noventa no arroja mucha luz al caso de Alicante. El Tribunal Constitucional fall¨® a favor de la nueva Universidad de Las Palmas en el sentido de que los estudios que se impart¨ªan en esta ciudad, dependientes hasta entonces de la ¨²nica universidad existente en Canarias, la de La Laguna, pasaran a ser de la nueva Universidad de Las Palmas, pero el Tribunal no se pronunci¨® sobre centros en el propio campus.
"Es la primera vez que el problema se plantea de una manera frontal", precisa Manuel Gala, rector de la Universidad de Alcal¨¢ de Henares. "Nunca antes se hab¨ªa pretendido que una nueva universidad entre en el mundo auton¨®mico utilizando los centros de otra. Todo esto tiene otro trasfondo pol¨ªtico. Hay que ver si esta pol¨ªtica de creaci¨®n de universidades responde a las necesidades de demanda de un pueblo o a las pol¨ªticas locales o regionales", a?ade Gala. El rector de la Carlos III de Madrid fue a¨²n m¨¢s lejos la semana pasada cuando afirm¨® que no ser¨ªa descabellado presentar un recurso de inconstitucionalidad si prosperan los planes de Zaplana.
Intereses pol¨ªticos y acad¨¦micos se confunden. Intereses que, por otra parte, "no siempre respetan los fines sociales para los que son creadas las universidades", afirma el profesor de sociolog¨ªa de la Complutense, Fernando ?lvarez Ur¨ªa. "Los poderes pol¨ªticos siempre han intentado controlar la Universidad". "La lucha por la autonom¨ªa es un problema viejo", a?ade Santiago Garma, de Ciencias Empresariales de la Complutense. La primera vez que surge en Espa?a por decreto esta condici¨®n de las universidades fue en 1919, con el ministro de Educaci¨®n C¨¦sar Sili¨®. Desde entonces, el que hacer aut¨®nomo universitario ha sufrido un proceso guadiana de aprobaci¨®n y suspensi¨®n de su personalidad jur¨ªdica.
Cuando en 1983 vio la luz la Ley de Reforma Universitaria (LRU) diversos sectores de la comunidad acad¨¦mica pusieron en tela de juicio que esta norma llegara a conducir a una aut¨¦ntica autonom¨ªa. Por aquel entonces los campus se conviritieron en un hervidero de opiniones en el que se oyeron comentarios tales como "hasta el nombre se ha cambiado, le han quitado la palabra 'autonom¨ªa"', haciendo referencia a la LAU, Ley de Autonom¨ªa Universitaria, un texto que nunca lleg¨® a alcanzar el consenso con el gobierno UCD.
En el presente, se ha llegado a un estado de convergencia de las autonom¨ªas universitaria y territorial y "el problema que surge cuando se deja de pertenecer a todo el Estado es la aparici¨®n de intereses caciquiles", denuncia Fernando ?lvarez Ur¨ªa. El organismo que estar¨ªa llamado a mediar en los conflictos ser¨ªa el Consejo de Universidades (CU) pero "tiene un sistema de coordinaci¨®n obsoleto", afirma Vicente Ortega, director general de Universidades de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid. El reglamento del CU fue dise?ado cuando s¨®lo estaban transferidas las universidades de las comunidades hist¨®ricas. Es un ¨®rgano consultivo en el que operan dos comisiones, la acad¨¦mica (rectores) y la de coordinaci¨®n donde est¨¢n presentes los consejeros pol¨ªticos. "Ahora", a?ade Ortega, "ya no est¨¢ tan clara la funci¨®n de cada comisi¨®n y, a veces, surgen fricciones. Har¨ªa falta actualizar el reglamento".
En el caso concreto de la posible creaci¨®n de una segunda universidad en Alicante, la comisi¨®n acad¨¦mica dijo "no", porque no acepta la segregaci¨®n de centros, y la de coordinaci¨®n y planificaci¨®n dijo "s¨ª". "En casos como ¨¦ste ser¨ªa necesario que la cuesti¨®n vuelva al pleno del CU para alcanzar un mayor consenso", afirm¨® ayer a la salida de un encuentro con la ministra de Educaci¨®n Carles Sol¨¢ i Ferrando, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa?olas (CRUE) y rector de la Aut¨®noma de Barcelona. Seg¨²n los rectores, la ministra, que preside el pleno del CU, mediar¨¢.
Reinos de taifas
Al penetrar en el autogobierno de las universidades, la sonda se topa con algunos de los efectos perversos que han llegado a definirlas como lugares donde crecen los reinos de taifas y se potencia el antiguo vicio del padrinazgo. "Si hay un conflicto local en una universidad", explica el soci¨®logo Alvarez Ur¨ªa, "y hay poderes caciquiles, no hay lugar ad¨®nde recurrir y, lo peor, es que ¨¦ste es el modelo que impera- cada vez m¨¢s". "Con la autonom¨ªa universitaria", a?ade, "tenemos mayor agilidad interna, m¨¢s capacidad de decisi¨®n y de autoorganizaci¨®n en la pr¨¢ctica. Pero, tambi¨¦n, si el rector monta su tinglado o hay conflicto interno no hay muchas posibilidades de apelar".?varez Ur¨ªa es uno de los docentes que suscribieron en enero de 1991 el Manifiesto de los Cien, junto con catedr¨¢ticos como Fernando Savater, Javier Muguerza o Jes¨²s Ib¨¢?ez. El documento arremet¨ªa, por primera vez desde que fue aprobada la LRU, contra "los casos escandalosos donde el poder contin¨²a repartido entre clanes y padrinos".
Posteriormente, con el proceso de formaci¨®n de departamentos y de elaboraci¨®n de los nuevos planes de estudios, las denuncias giraron siempre en torno a que los intereses de los profesores por mantener su peque?a parcela pasaban por delante de su responsabilidad social y de los contenidos necesarios para actualizar las materias.
La dependencia de la Autonom¨ªa local en materia de financiaci¨®n y el hecho de que el personal universitario sean funcionarios son otros dos aspectos que juzgan los universitarios como obst¨¢culos a su autonom¨ªa, aunque no olvidan que los ¨²nicos ¨®rganos que pueden ejercer como control social, los consejos sociales, tienen serias dificultades para operar por falta de medios.
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