Es tiempo de cambiar el rumbo

Hace un a?o, Espa?a a¨²n ten¨ªa la oportunidad de colocarse en la cabeza de los pa¨ªses en lo que se refiere a las telecomunicaciones. Dispon¨ªa de una de las mejores compa?¨ªas del mundo en t¨¦rminos de productividad y dinamismo -Telef¨®nica de Espa?a- capaz de competir en mercados abiertos y con ganas de hacerlo, como estaba demostrando en Suram¨¦rica, y que, adem¨¢s, no estaba lastrada ni por la condici¨®n de organismo p¨²blico -como era frecuente en el continente europeo- ni por excesos de plantilla imposibles de resolver a corto plazo.En aquel momento, el n¨²mero de pa¨ªses que hab¨ªan abierto sus mercados a la competencia eran muy pocos, pero ya estaban meridianamente claras las ventajas de hacerlo tanto para los consumidores, en forma de fuertes descensos de los precios y mejora del servicio, como para los propios operadores, otrora monopolistas, en forma de mejoras de competitividad, dinamismo y hasta resultados, siendo el ejemplo m¨¢s palmario el del Reino Unido, donde una compa?¨ªa con una p¨¦sima reputaci¨®n en calidad, servicio y rendimiento se hab¨ªa convertido en un l¨ªder mundial en eficacia y rentabilidad.

Desgraciadamente, hace dos a?os el Gobierno espa?ol hab¨ªa optado exactamente por la v¨ªa contraria a la apertura del mercado de las telecomunicaciones, decidiendo que Telef¨®nica deb¨ªa ser protegida de la competencia internacional y que deb¨ªa impedirse o dificultarse en la medida de lo posible tanto la aparici¨®n de nuevos operadores -de aqu¨ª la negociaci¨®n de un periodo transitorio de cinco a?os previo a la liberalizaci¨®n y la imposici¨®n de una fuerte compensaci¨®n para la segunda licencia de telefon¨ªa m¨®vil- como la aparici¨®n de nuevas redes alternativas a la de Telef¨®nica -y de aqu¨ª las trabas al desarrollo del cable-

Aquel Gobierno concibi¨® un proyecto que compatibilizara la necesidad de satisfacer las presiones liberalizadoras de la Comisi¨®n Europea con el deseo de minimizar la competencia. Consist¨ªa en establecer un duo polio mediante la creaci¨®n de un segundo operador controlado por el sector p¨²blico -al igual que el primero- y que en principio operar¨ªa sobre las redes de Telef¨®nica.

El nuevo Gobierno retom¨® aquel proyecto, pero aparentemente desde una perspectiva leg¨ªtimamente liberalizadora. En primer lugar, el segundo operador no ser¨ªa de - mayor¨ªa p¨²blica sinoprivada. En segundo lugar, no se pretend¨ªa restringir la aparici¨®n de redes alternativas, sino que se anunci¨® que se proceder¨ªa a la concesi¨®n r¨¢pida de las licencias del cable. Adem¨¢s, parec¨ªa que los operadores de cable podr¨ªan ofrecer telefon¨ªa para hacer m¨¢s atractivas las enormes inversiones necesarias y para introducir a¨²n m¨¢s competencia en el mercado. Este modelo, como el anterior, descansaba sobre la base de un periodo de competencia restringida en el que tanto el segundo operador como los de cable tendr¨ªan tiempo de consolidarse antes de la plena liberalizaci¨®n. Para aprovechar menor el escaso tiempo disponible, el Gobierno opt¨® por definir el modelo mediante la f¨®rmula de urgencia del decreto ley.

Desde la aprobaci¨®n de aquel decreto ley hasta hoy han transcurrido seis meses plet¨®ricos de novedades en lo que se refiere a las telecomunicaciones, tanto desde la perspectiva pol¨ªtica como tecnol¨®gica y estrat¨¦gica, y aunque la confusi¨®n es a¨²n grande, una cosa parece clara: el modelo ya no es v¨¢lido, y el Gobierno comete un gran error en querer mantenerlo contra viento y marea.

El modelo ya no es v¨¢lido porque Espa?a no dispondr¨¢ de un periodo transitorio lo suficientemente largo como para que se consolide ning¨²n operador. Adem¨¢s, el precio que se est¨¢ pagando para prolongar ese periodo durante uno o dos a?os (a comparar con los 12 de Reino Unido) es el cortar las alas de la expansi¨®n de Telef¨®nica en Europa. Por otro lado, se pretende privilegiar un segundo operador frenando la introducci¨®n de Telef¨®nica en el mundo del audiovisual y la del operador de cable -que contrariamente al segundo operador, s¨ª debe realizar cuantiosas inversiones-, en el de la telefon¨ªa -sin la cual el cable es inviable-.

Si la liberalizaci¨®n se pospone hasta 1999, y hasta ese momento ni Telef¨®nica puede ofrecer audiovisuales ni los operadores de cable telefon¨ªa, no hay duda de que el resultado m¨¢s probable ser¨¢ el siguiente: el cable no se desarrollar¨¢ porque ni Telef¨®nica ni nadie tendr¨¢ suficientes incentivos para hacerlo, el segundo operador no podr¨¢ consolidarse porque ni tendr¨¢ tiempo para hacerlo ni despu¨¦s dispondr¨¢ de infraestructuras alternativas a las de Telef¨®nica. Todos, en s¨ªntesis, saldremos perdiendo, y Espa?a habr¨¢ perdido irremediablemente aquella oportunidad que tuvo hace un a?o.

Sin embargo, las condiciones son favorables para un cambio de rumbo, y hacerlo no requiere sino proceder a reescribir aquel decreto ley que precipitadamente el Gobierno aprob¨® hace medio a?o, y que precisamente ahora se est¨¢ tramitando como ley ordinar¨ªa en el Congreso de los Diputados.

Lo primero que hay que hacer es renunciar al periodo transitorio y liberalizar el 1 de enero de 1998, como har¨¢n todos los pa¨ªses europeos a los que aspiramos a emular. El primer beneficiado ser¨¢ Telef¨®nica -que podr¨¢ finalmente incorporarse a Unisource y ofrecer audiovisuales-, y el segundo el consumidor.

Pero liberar a Telef¨®nica de toda restricci¨®n internacional o en. los audiovisuales no significa que no deba favorecerse la competencia, y en particular promover la creaci¨®n de un segundo operador fuerte donde tengan oportunidad de estar presentes los capitales espa?oles que no lo est¨¢n en Telef¨®nica. La viabilidad de esos operadores ya no depende del periodo de competencia restringida, sino el establecimiento de unas condiciones de interconexi¨®n -o sea, de utilizaci¨®n de la red de Telef¨®nica por parte de terceros- razonables, y ¨¦ste es el segundo aspecto crucial que debe resolver eI texto que salga de las Cortes.

Por ¨²ltimo, el nuevo texto debe impulsar definitivamente la creaci¨®n de redes de cable, y para ello debe eliminarse toda ambig¨¹edad sobre los servicios de telefon¨ªa y sobre la asignaci¨®n de frecuencias de microondas para completar su extensi¨®n territorial.

En resumen, a¨²n es posible que el Gobierno se salga del callej¨®n en que se ha metido y que lo haga de manera que las telecomunicaciones no contin¨²en en el estado de par¨¢lisis en que se encuentran. Existe la oportunidad, pero requiere flexibilidad y coraje. Esperemos que el Gobierno no confunda estas virtudes con la tozudez.

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