"Legal o ilegal, me traigo a la ni?a rumana en cuanto me la den"

Almudena F. G. entr¨® por primera vez en el orfanato de Bucarest en mayo de 1996. Su marido, un hombret¨®n aragon¨¦s poco proclive a la sensibler¨ªa, casi se desploma. Ella aguant¨® mientras la abogada rumana le ense?aba a su ni?a. Ten¨ªa s¨®lo ocho meses, pero se le deb¨ªan de haber hecho eternos. P¨¢lida, sucia, demacrada, cubierta de costras de la cabeza a los pies, con la ropa pegada al cuerpo en el fermento de su propio pis. "Si todo va bien, ser¨¢ para ti", le dijo la abogada. Si todo va bien, Almudena F. G. se traer¨¢ la ni?a a Espa?a en diciembre. La adopci¨®n ser¨¢ ilegal, pero eso no la detendr¨¢. "Me da igual legal o ilegal", dice la mujer con gesto de determinaci¨®n. "En cuanto me la den, me la traigo; y si luego puedo traerme tres, me traigo tres". A trav¨¦s de ese despacho de abogados, cada ni?o cuesta tres millones de pesetas, pero no es un problema para Almudena F. G. (el nombre es falso), una mujer ya madura, que se autodefine como "burguesa" y a quien el dinero nunca ha preocupado.

Su marido a?ade: "No vamos a renunciar a Rumania por lo que no es m¨¢s que incompetencia de la Administraci¨®n espa?ola; si hace falta, nos iremos de Espa?a y nos haremos ciudadanos de un pa¨ªs normal, que ayude a los adoptantes en vez de criminalizarlos".

Certificado de idoneidad Almudena cuenta que la casa de la abogada rumana estaba llena de parejas espa?olas en la misma situaci¨®n: tras cinco o seis a?os no hab¨ªan podido obtener un certificado de idoneidad para Rumania. Desde la promulgaci¨®n en enero de la Ley de Protecci¨®n Jur¨ªdica del Menor, la ¨²nica v¨ªa legal para adoptar un ni?o pasa por la obtenci¨®n del certificado, expedido por cualquier Comunidad Aut¨®noma para garantizar. que la pareja est¨¢ preparada psicosocialmente.

Obtenerlo es siempre lento y dif¨ªcil. Y a veces imposible: la Comunidad de Madrid no ha concedido ni uno solo para adopciones en Rumania, por considerar que ese pa¨ªs no garantiza los derechos del menor. "Es una actitud inquisitorial", dice el marido. "Las Administraciones espa?olas decidieron cortar con Rumania hace un a?o. Pues bien, si tienen constancia de que hay all¨ª delito, o act¨²an o lo est¨¢n encubriendo. Que Exteriores denuncie a Rumania en los foros internacionales. Que denuncien al despacho de abogados. Yo ser¨¦ el primero en colaborar".

Por un despacho de abogados de Bucarest, cuyo n¨²mero, de tel¨¦fono corre de boca a oreja entre los adoptantes, es posible, eludir la tramitaci¨®n de la idoneidad y conseguir un ni?o aprobado por el Comit¨¦ de Adopci¨®n de aquel pa¨ªs y con el pasaporte rumano en regla. El a?o pasado, la adopci¨®n pod¨ªa culminarse en s¨®lo dos meses. Ahora lleva ocho o m¨¢s. La Administraci¨®n espa?ola ha advertido que no reconoce esas adopciones y que rehusar¨¢ inscribir a los ni?os en el Registro Civil.

"No pueden amenazarnos con eso", dice el marido. "No, pueden negarse a registrar a la ni?a aduciendo que saben, sin conocernos, que no somos id¨®neos. El rechazo carece de base legal, y es obviamente recurrible".

La pareja se dirigi¨® a la Comunidad de Madrid en 1991.En 1993 lograron la primera entrevista con el psic¨®logo. En 1994 obtuvieron el certificado de idoneidad para un pa¨ªs latinoamericano. El centro de adopciones de ese pa¨ªs les ofreci¨® dos ni?os, de 8 y 9 a?os.

"Nos dirigimos a la Comunidad de Madrid", cuenta Almudena F. G: "La oferta latinoamericana no especificaba el sexo ni la raza, y sugerimos que quer¨ªamos una ni?a peque?a, y si pod¨ªa ser blanca. En la Comunidad nos llamaron racistas y nos dijeron: 'Si no quer¨¦is esto, se acab¨®'. Fue muy desagradable. Enti¨¦ndame, una cosa es ser racista y otra no querer adoptar un ni?o al que luego no podr¨ªa integrar. Si pudiera elegir uno rubio con ojos azules como yo, lo har¨ªa". La pareja intent¨® entonces iniciar tr¨¢mites con Mosc¨², pero se encontr¨® con que la Comunidad de Madrid rehusaba cambiar su certificado de idoneidad para hacerlo v¨¢lido en Rusia. "Finalmente, le dije a mi marido: 'Vamos a adoptar en Rumania, aunque sea ilegal-'".

Contra otras versiones (ver EL PA?S del 1 de noviembre), Almudena y otros seis adoptantes aseguran que no hay en Bucarest posibilidad de elegir un ni?o u otro, pagando distintos precios. Seg¨²n una de estas personas, esa pr¨¢ctica exist¨ªa hasta hace un a?o. Admiten que se puede sugerir el sexo, y que se entiende que los ni?os deben ser peque?os. El precio es, siempre, tres millones de pesetas.