Una soluci¨®n razonable

Cuando se estudian los antecedentes de la cuesti¨®n parece evidente que en relaci¨®n con el Archivo de Salamanca se ha producido tal acumulaci¨®n de errores innecesarios que era previsible un conflicto grave como el que al final tuvo lugar, en detrimento de intereses culturales y de la convivencia entre los espa?oles. Aquel Archivo, durante toda la d¨¦cada de los ochenta, no realiz¨® la incorporaci¨®n de fondos de otras procedencias que hubiera sido necesario para completarlo, y vio desaparecer en la pr¨¢ctica su Patronato, instituci¨®n destinada a colaborar en su gesti¨®n y a protegerlo frente a las intromisiones de la pol¨ªtica. Cuando el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez decidi¨® por las buenas y sin consultar a nadie enviar a Barcelona una documentaci¨®n reclamada por la Generalitat el resultado fue una reacci¨®n indignada de los ciudadanos de Salamanca. El PP practic¨® entonces una demagogia para la que se le hab¨ªan dado todos los argumentos.La propuesta de la Junta Superior de Archivos no hace otra cosa que restablecer lo que hubiera debido ser la l¨®gica del comportamiento de la Administraci¨®n cultural. Se propone la creaci¨®n en la ciudad castellana de un gran archivo, por completo aut¨®nomo desde el punto de vista organizativo, que re¨²na la totalidad de la documentaci¨®n existente sobre el periodo que en gran parte permanece dispersa. Esta instituci¨®n, por un lado, tendr¨¢, por tanto, una misi¨®n de b¨²squeda e incorporaci¨®n de la documentaci¨®n, y, por otro, se ver¨¢ acompa?ada de un Centro de Estudios capaz de realizar una labor de investigaci¨®n. El nuevo Archivo tendr¨¢ a su frente un Patronato destinado a colaborar en su gesti¨®n diaria, formado por especialistas conocidos y con participaci¨®n plural en lo ideol¨®gico y en cuanto a procedencias geogr¨¢ficas.

Salamanca, por tanto, albergar¨¢ en esta instituci¨®n mucha m¨¢s documentaci¨®n sobre la guerra civil espa?ola y m¨¢s importante de la que ha tenido nunca. La informaci¨®n incluida, por ejemplo, en la Causa general, realizada al comienzo de la posguerra, o la de la Junta T¨¦cnica de Estado, el organismo que actu¨® como embri¨®n gubernamental en la zona franquista, es l¨®gico que sea remitida all¨ª, pero es obvio que habr¨¢ muchas m¨¢s incorporaciones que habr¨¢n de partir de la iniciativa y el trabajo del Patronato.

S¨®lo con estas nuevas instituciones en funcionamiento e iniciada la tarea de recuperaci¨®n documental puede tener sentido dar respuesta a la petici¨®n de la Generalitat. Determinado el contenido concreto de la misma y atendiendo al valor no s¨®lo hist¨®rico, sino tambi¨¦n sentimental de los legajos solicitados, podr¨¢ hacerse un dep¨®sito en una instituci¨®n que es el ¨²nico ¨®rgano del Estado que exist¨ªa en 1936 y sigue existiendo en la actualidad. Esto ¨²ltimo hace que no se puedan producir nuevas peticiones en el futuro mientras que la condici¨®n de dep¨®sito mantiene la titularidad del Estado. Ser¨¢ siempre el Patronato quien resulte responsable en ¨²ltima instancia de esa documentaci¨®n. Por descontado, una parte de la labor del nuevo Archivo y Centro de Estudios habr¨¢ de consistir en lograr microfilmaciones de documentaci¨®n existente en otros centros espa?oles y extranjeros, incluida la que se acaba de citar.

Una soluci¨®n como ¨¦sta tiene por fuerza que satisfacer a todos. Salamanca va a tener un gran Archivo, no una secci¨®n del Archivo Hist¨®rico Nacional, al que va a ser necesario acudir de forma indefectible si se quiere hacer la historia de la guerra, cosa que no suced¨ªa antes. La petici¨®n de la Generalitat va a poder ser atendida sin que ello afecte a la integridad de los fondos del archivo y con la seguridad de que esa situaci¨®n no producir¨¢ un revuelo popular como el de hace unos meses.

Javier Tusell es historiador y miembro de la comisi¨®n de expertos que ha elaborado el informe.