LAS CUENTAS DEL REINO PARA 1997 Los Presupuestos y la empresa

La incorporaci¨®n de Espa?a a la moneda ¨²nica constituye uno de los retos m¨¢s importantes a los que se enfrenta nuestra econom¨ªa en los pr¨®ximos dos a?os. Sin ignorar las dificultades y tensiones que supone la consecuci¨®n de los objetivos establecidos en Maastricht, los costes para la econom¨ªa espa?ola de quedarse fuera en t¨¦rminos de competitividad y tipos de inter¨¦s m¨¢s elevados supondr¨ªan un duro rev¨¦s al proceso de integraci¨®n de Espa?a en los mercados globalizados.En un contexto de moneda ¨²nica y progresiva internacionalizaci¨®n de la econom¨ªa, las empresas espa?olas tienen que hacer frente a nuevos requerimientos de capital, creatividad, investigaci¨®n y desarrollo, dimensi¨®n y reorganizaci¨®n que les permita insertarse en los mercados mundiales con sus productos. En este sentido, la econom¨ªa nacional necesita grupos empresariales aut¨®ctonos sobre los que desarrollar esta nueva expansi¨®n o concepci¨®n internacional del mercado.

En esta nueva dimensi¨®n competitiva donde se dificulta la adscripci¨®n nacional de las empresas y las estrategias devienen cada vez m¨¢s mundializadas, la base competitiva de un pa¨ªs se cimentar¨¢ en la presencia de empresas y grupos empresariales de componente aut¨®ctono que garanticen cierta autonom¨ªa en la toma de decisiones en cuanto a localizaci¨®n, creaci¨®n y desarrollo de un potencial investigador o garant¨ªa de continuidad en el tejido productivo del pa¨ªs.

A este fin, resulta de vital importancia la definici¨®n de un entorno econ¨®mico apropiado que permita el desarrollo de la competitividad empresarial, libre de obst¨¢culos fiscales o monetarios derivados de la existencia de desequilibrios estructurales que, tanto su existencia como la soluci¨®n, quedan fuera del alcance de las propias empresas, siendo responsabilidad de los poderes p¨²blicos el procurar la adecuada resoluci¨®n de los mismos.

As¨ª, s¨®lo la reducci¨®n de los diferenciales de inflaci¨®n y el d¨¦ficit p¨²blico hasta niveles por debajo del 3% permitir¨¢n el sustento de las bases competitivas sobre par¨¢metros reales donde ni la evoluci¨®n del tipo de cambio ni la del tipo de inter¨¦s supongan la excusa o el freno al proceso de crecimiento econ¨®mico y generaci¨®n de empleo.

En este sentido, la elaboraci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, las acciones que en ellos se encuentren, as¨ª como la credibilidad que generen, tanto a nivel nacional como internacional, constituyen un elemento clave en la configuraci¨®n del entorno sobre el que se va a fundamentar la competitividad futura de nuestra econom¨ªa.

La definici¨®n de una paridad de la peseta con el euro que no perjudique el entorno en el que se desarrolla la competitividad de nuestras empresas y productos ha de ser otro de los objetivos importantes en el proceso hacia la moneda ¨²nica. La negativa experiencia de la incorporaci¨®n de la peseta al Sistema Monetario Europeo con una- paridad extraordinariamente sobre apreciada tuvo unos costes elevados para el desarrollo de la econom¨ªa productiva, algunos de los cuales ya no tienen posibilidad alguna de recuperarse.

El correcto establecimiento del tipo de cambio de la peseta necesita unos tipos de inter¨¦s libres de las distorsiones y primas de riesgo que los diferenciales de inflaci¨®n y las necesidades de financiaci¨®n y endeudamiento p¨²blicos producen. S¨®lo as¨ª se podr¨¢ pasar de la definici¨®n de un entorno competitivo sustentado por variables monetarias y cambiarias a otro donde sean los factores reales los que prevalezcan.

En definitiva, se observa que el nuevo modelo competitivo hacia el que pretendemos avanzar y el reto actual de la pol¨ªtica econ¨®mica descansa sobre dos piezas fundamentales: la reducci¨®n de la inflaci¨®n y el d¨¦ficit p¨²blico.

Los PGE para 1997 suponen, de cumplirse en los t¨¦rminos en que se han presentado, un descenso en el peso relativo del gasto p¨²blico, al crecer ¨¦ste menos que el PIB monetario. Este descenso se basa en la reducci¨®n del d¨¦ficit y en la consiguiente apelaci¨®n al ahorro para financiarlo, lo que ayudar¨¢ a reducir el coste del cr¨¦dito. Sin embargo, tambi¨¦n hay que considerar que el Estado avala los cr¨¦ditos que permitir¨¢n cubrir los d¨¦ficits de las empresas y entes p¨²blicos, pero si la situaci¨®n econ¨®mica y financiera de esos organismos no cambia de signo, al vencimiento se deber¨¢n renovar los cr¨¦ditos o los avales.-

Otros problemas se refieren a la reducci¨®n en la inversi¨®n p¨²blica que no es sostenible de manera prolongada y que puede ser perjudicial tanto para el sector industrial, como para el conjunto de la econom¨ªa si no se arbitran los instrumentos financieros complementarios.

En cambio, hay aumentos en la recaudaci¨®n conseguidos con una deflactaci¨®n parcial de la renta a efectos de IRPF y con la desaparici¨®n de ciertas deducciones, adem¨¢s de los anticipos de pagos y del debilitamiento de incentivos a la nueva inversi¨®n en el impuesto de sociedades. Tambi¨¦n aumentan los ingresos por cotizaciones, con el destope de algunas categor¨ªas y el porcentaje de algunas tasas existentes. Sin olvidar que se prev¨¦ introducir nuevas figuras como el impuesto sobre los seguros.

El dise?o de una estrategia de reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico a corto plazo sin abordar las reformas estructurales comporta un peligro a todas luces evidente de que una vez agotado el margen que las partidas presupuestarias conceden ya sea en el apartado de gastos con la congelaci¨®n de lo salarios de los funcionarios o a reducci¨®n de la carga financiera basada en la tendencia a la reducci¨®n de los tipos de inter¨¦s y en el repunte de los ingresos basado en la recuperaci¨®n de la econom¨ªa, se tenga que recurrir al aumento de la presi¨®n fiscal con los efectos negativos que esto puede producir sobre la inversi¨®n y el empleo.

La experiencia de mediados de los a?os ochenta en la que la estrategia de reducci¨®n del d¨¦ficit se bas¨® fundamentalmente en el crecimiento de los ingresos p¨²blicos apoyados en la bonanza del periodo de crecimiento de la econom¨ªa ha tenido consecuencias funestas sobre nuestra estrategia de integraci¨®n en la moneda ¨²nica, necesitando en la actualidad de un ajuste extraordinariamente riguroso.

En este sentido, acerca de la previsi¨®n de crecimiento del 3% para 1997 hay que se?alar que los datos de los dos primeros trimestres de 1996, 2% en el primero y 1,9% en el segundo, junto a la previsi¨®n - de un aumento en torno al 2,2% en el tercero indican que, a pesar de las mejoras que se esperan, es posible quedar ligeramente por debajo de la tasa prevista y, por tanto, alcanzar la cifra apuntada para 1997, que es m¨¢s elevada, supondr¨ªan una dificultad superior de a esperada, haci¨¦ndose m¨¢s necesario todav¨ªa que las expectativas previstas para el consumo privado se cumplan.

La credibilidad de la actuaci¨®n presupuestaria no puede sustentarse ¨²nicamente en acciones de recorte parcial ni en aplazamientos. La consecuci¨®n de los objetivos de Maastricht no es s¨®lo una cuesti¨®n de matem¨¢tica contable aplicable a las notas que nuestra econom¨ªa obtenga en 1997, sino que supone un compromiso de mantenimiento futuro.

Por este motivo, la realizaci¨®n de estos objetivos requiere un planteamiento, de forma paralela, de las reformas estructuales necesarias que ataquen los problemas econ¨®micos en su ra¨ªz. -El propio informe que acompa?a la presentaci¨®n de los Presupuestos para 1997 reconoce este diagn¨®stico.

Los mecanismos tradicionales de la pol¨ªtica monetaria, la pol¨ªtica de rentas e incluso de la propia pol¨ªtica fiscal tienen un l¨ªmite. Rebajar la tasa de inflaci¨®n por debajo de lo que podr¨ªamos denominar como m¨ªnimos hist¨®ricos requiere medidas estructurales.

Invertir la tendencia hist¨®rica de aumento del gasto p¨²blico requiere tambi¨¦n algo m¨¢s que peque?os ajustes. Por esta raz¨®n, es urgente evitar una nueva dilaci¨®n en la aplicaci¨®n de las reformas estructurales que nuestra econom¨ªa necesita.

La cont¨ªnua demora s¨®lo tiene como efecto convertir el largo plazo de hoy en el corto plazo de ma?ana. Las medidas de reforma estructural no manifiestan sus efectos positivos hasta pasado un tiempo, por lo que todav¨ªa es m¨¢s necesaria la inmediatez en su aplicaci¨®n.

En definitiva, es necesaria la definici¨®n del marco de actuaci¨®n presupuestario que se plantee de una manera seria el papel que el sector p¨²blico debe jugar en la econom¨ªa en materias como la estabilidad laboral, las pensiones y la sanidad. Se debe adecuar la normativa laboral para que las expectativas de conseguir y mantener un puesto de trabajo sean mucho mejores y pueda ayudar de ese modo a consolidar un ¨ªndice de consumo necesario para que la econom¨ªa en su conjunto alcance el crecimiento deseado.

Asimismo, el ciudadano debe conocer el coste que supone el mantenimiento del Estado del bienestar y su viabilidad a medio plazo. Se debe pasar del concepto el Estado del bienestar que queremos al Estado del bienestar que podemos pagar. De ignorarse los costes y la financiaci¨®n del sistema, unido al hecho de que la demanda de m¨¢s y mejores pensiones o sanidad es pr¨¢cticamente ilimitada, y a la previsible evoluci¨®n negativa en t¨¦rminos demogr¨¢ficos, nos encontramos con la imposibilidad de detener el crecimiento del gasto y hacerlo sostenible de no actuar precisamente sobre los elementos que lo impulsan y la naturaleza del propio sistema de financiaci¨®n.

As¨ª, al rigor en la elaboraci¨®n y el seguimiento de la evoluci¨®n presupuestaria deber¨ªan a?adirse un conjunto de reformas que incidan en el origen de los propios desequilibrios. En esta direcci¨®n, resulta indispensable dotar de un marco legal adecuado y estable al conjunto de acciones que determinan la actuaci¨®n presupuestaria.

Fernando Casado es director del Instituto de la Empresa Familiar.