La Inspecci¨®n propone que el Supremo juzgue a la fiscal M¨¢rquez de Prado por ocultar pruebas

El jefe de la Inspecci¨®n del Ministerio Fiscal, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, propone en su informe sobre la inspecci¨®n practicada en la Audiencia Nacional la apertura de expedientes sancionadores a Ignacio Gordillo, Pedro Rubira y Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado, as¨ª como la remisi¨®n al Tribunal Supremo de la actuaci¨®n de esta ¨²ltima por ocultar un informe pericial en el sumario del atentadocontra Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, lo que podr¨ªa ser constitutivo de una infracci¨®n penal. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, la propuesta de Mart¨ªnez Zato obra en poder del fiscal del Estado, Juan Ortiz ?rculo, desde el pasado lunes.

La inspecci¨®n "ordinaria" abierta en la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional acabar¨¢ con sorpresas. Seg¨²n las fuentes consultadas por este peri¨®dico, el informe de Mart¨ªnez Zato contiene dos llamativas conclusiones: la primera, la apertura de un expediente disciplinario sancionador a los fiscales Ignacio Gordillo, Pedro Rubira y Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado, y la segunda, la propuesta de que el Supremo establezca si la citada fiscal pudo haber incurrido en infracci¨®n penal. Tanto el fiscal del Estado, Juan Ortiz ?rculo, como el jefe de la Inspecci¨®n, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, se negaron a confirmar a este peri¨®dico cualquier informaci¨®n sobre el contenido o el sentido de las propuestas.El comportamiento de M¨¢rquez de Prado ha causado asombro en la Audiencia Nacional. Tanto, que el jefe de la Inspecci¨®n es contundente: propone remitir al Tribunal Supremo las actuaciones de esta fiscal, compa?era sentimental del juez Javier G¨®mez de Lia?o, por presunta ocultaci¨®n de pruebas en relaci¨®n con la causa que se sigue por el atentado terrorista de ETA contra el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

La Inspecci¨®n encontr¨® un informe policial fechado el 23 de noviembre de 1995 que la fiscal no puso en conocimiento del instructor, Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, ni remiti¨® para su incorporaci¨®n al sumario. Ese informe negaba la posibilidad de que las huellas encontradas en los veh¨ªculos utilizados por los etarras que participaron en el atentado fueran de Mikel Azurmendi Pe?agaricano, Hankas, o Nagore M¨²gica ?lvarez, cuyo procesamiento, pese a todo, sigui¨® pidiendo reiteradamente la fiscal.

Ocho meses antes del atentado, ambos etarras fueron interceptados por un pareja de la polic¨ªa municipal en la calle Arturo Soria de Madrid, cerca del domicilio de Aznar, pero consiguieron huir en un coche tras desarmar a los agentes. En el veh¨ªculo, que luego apareci¨® abandonado, se encontraron las huellas de Hankas.

Partiendo de este hecho, tras el atentado a Aznar, el 19 de abril de 1995, la fiscal M¨¢rquez de Prado pidi¨® insistentemente el procesamiento de Hankas, deduci¨¦ndolo de las "muy probables probabilidades" de que ¨¦ste hubiera participado en el atentado. El juez Garc¨ªa Castell¨®n, e incluso los abogados de la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo, se opusieron por no apreciar indicios contra Hankas, pero la fiscal interpuso recurso tras recurso. La ¨²ltima vez que pidi¨® el procesamiento de este activista fue el 26 de septiembre.

Polic¨ªa Cient¨ªfica

Seg¨²n las fuentes consultadas por este peri¨®dico, tras la existencia de un primer informe policial negativo sobre huellas de Hankas, la fiscal pidi¨® otro a la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Cient¨ªfica. El cotejo de las huellas de los DNI de Hankas y de Nagore M¨²gica con las de los coches utilizados en el atentado a Aznar fue negativo. Este segundo informe permaneci¨® en la fiscal¨ªa y nunca lleg¨® a conocimiento del juez ni de las dem¨¢s partes. Casi un a?o despu¨¦s la fiscal a¨²n reiteraba la petici¨®n de procesamiento de Hankas.

Fuentes judiciales calificaron estos hechos de "deslealtad procesal, cuando menos" y se?alaron que, si grave es incurrir en ella por cualquiera de las partes del proceso, por parte del ministerio fiscal resulta una conducta "intolerable".

Durante la instrucci¨®n del atentado a Aznar, la fiscal M¨¢rquez de Prado reclam¨® diligencias a cual m¨¢s asombrosas: pidi¨® el n¨²mero y la identidad de los agentes que custodiaban a Aznar, trat¨® de hacerles declarar en la causa y, finalmente, consigui¨® que la Sala de lo Penal, contra el criterio del juez Garc¨ªa Castell¨®n, autorizase el interrogatorio del entonces director general de Polic¨ªa, ?ngel Olivares, por supuesta negligencia.

Por lo que respecta a Gordillo y Rubira, la Inspecci¨®n considera que podr¨ªan haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la comisi¨®n de alguna falta contemplada en el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, concretamente al haber utilizado, presuntamente, a licenciados en Derecho -que se preparan en la Audiencia para las oposiciones a fiscal- para realizar la calificaci¨®n jur¨ªdica de causas en tramitaci¨®n en la Audiencia Nacional.

Seg¨²n las fuentes informantes, la Inspecci¨®n sorprendi¨® a estos estudiantes calificando causas en tramitaci¨®n. Tras ser llamados al orden, se les mand¨® paralizar de inmediato esa actividad.

El informe de la Inspecci¨®n remata la llamada guerra de los fiscales, desatada a ra¨ªz de las continuas discrepancias de algunos fiscales de la Audiencia Nacional con su inmediato superior, Jos¨¦ Aranda.

El ¨²ltimo incidente p¨²blico se suscit¨® en la instrucci¨®n del caso Lasa-Zabala, cuando Pedro Rubira se neg¨® a pedir la libertad del general Enrique Rodr¨ªguez Galindo, desoyendo el criterio de Aranda. ?ste esper¨® al nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Juan Ortiz ?rculo, para contraatacar con una inspecci¨®n "ordinaria". Ahora ?rculo tiene las conclusiones.