Fiscales fiscalizados

LA CITACI?N como testigo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Aranda, por parte del juez instructor .del caso Lasa-Zabala, Javier G¨®mez de Lia?o, resulta ins¨®lita y pintoresca. Dif¨ªcilmente puede ser testigo este fiscal, al ser parte en todas las investigaciones de este ¨®rgano judicial. Pero al margen de c¨®mo se salde hoy esta citaci¨®n que el propio Aranda ha calificado de "ataque institucional", lo m¨¢s preocupante es que, a diferencia de la inmensa mayor¨ªa de los ¨®rganos judiciales, la Audiencia Nacional ofrece muchas veces la imagen de albergar juristas que utilizan los instrumentos del derecho y los mecanismos procesales como armas arrojadizas entre s¨ª o para objetivos no claramente jur¨ªdicos.De confirmarse los datos que se conocen de la inspecci¨®n realizada por el ministerio fiscal a lo largo de 16 d¨ªas en la sede de la Audiencia Nacional, se estar¨ªa poniendo de relieve conductas no s¨®lo propicias a expedientes disciplinarios, sino incluso, en el caso de la fiscal Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado, a la depuraci¨®n de responsabilidades penales por una presunta ocultaci¨®n de pruebas al juez instructor del atentado cometido por ETA el a?o pasado contra Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Una r¨¢pida y ¨¢gil investigaci¨®n, con todas las garant¨ªas para los fiscales indagados, de las conductas de M¨¢rquez de Prado, Pedro Rubira e Ignacio Gordillo puede contribuir al saneamiento de la situaci¨®n de la Audiencia Nacional y a despejar las im¨¢genes generadas. El fiscal general del Estado, Juan Ortiz ?rculo, tiene en sus manos desde hace una semana este informe. Si Ortiz ?rculo asegur¨® que "los ciudadanos se enterar¨¢n" de las medidas a adoptar en esa fiscal¨ªa, ha llegado el momento.

Ya han surgido voces que consideran intocables a estos fiscales y ven en las conclusiones de la inspecci¨®n un ataque contra los m¨¢s aguerridos impulsores de la investigaci¨®n de los GAL. Del mismo modo que estos sumarios deben seguir su curso para depurar todas las responsabilidades criminales, de la guerra sucia contra ETA, la inspecci¨®n tiene que determinar si ha habido irregularidades, y en alg¨²n caso il¨ªcitos penales, por parte de algunos fiscales. ?stos no pueden eludir su deber de actuar conforme a los principios constitucionales de unidad de actuaci¨®n, dependencia jer¨¢rquica, legalidad e imparcialidad. Y, desde luego, con independencia de las afinidades amistosas que se hayan creado en la Audiencia Nacional, como en todo colectivo profesional.