Filesa, a juicio

UNA ENSE?ANZA del caso Filesa, en sus sucesivos episodios, es que los pol¨ªticos y dem¨¢s acusados deben abstenerse de cantar victoria prematuramente, del mismo modo que deben mantener la calma las personas propensas a entusiasmarse de forma desmedida ante la adversidad de los implicados en este caso de financiaci¨®n irregular del PSOE. Cuando, hace un a?o, el instructor, Enrique Bacigalupo, redujo a siete el n¨²mero de los 39 inicialmente inculpados por el anterior juez instructor, Marino Barbero, el abogado de uno de los socialistas acusados afirm¨® gozoso que "la causa ha quedado reducida a una entidad peque?a". El acuerdo tomado ayer por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de abrir juicio oral no contra siete, sino contra 26 implicados, revela que no es as¨ª, aunque resulta obvio que ser¨¢ en la vista oral donde se determinen las responsabilidades penales.La estimaci¨®n por la sala de los recursos interpuestos por el ministerio fiscal y otros acusadores, entre ellos el Partido Popular, no debe inducir a confusi¨®n, porque la decisi¨®n definitiva del caso Filesa se ventilar¨¢ en la vista oral. En todo caso, la resoluci¨®n, que aumenta sustancialmente el n¨²mero de los que deber¨¢n sentarse en el banquillo, de la que ha sido ponente el presidente de la sala, Jos¨¦ Augusto de Vega, significa un importante correctivo para el magistrado instructor.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo no regatea elogios a "la dedicaci¨®n, el estudio y el exquisito tratamiento jur¨ªdico llevado a cabo" por el magistrado Bacigalupo, pero agrega que "resultan, en cambio, discutibles los planteamientos jur¨ªdicos que en esta fase previa al plenario se sostienen en la resoluci¨®n recurrida".

La sala establece que cuando existen indicios de delito en el procedimiento abreviado -por el que ir¨®nicamente se tramita el caso Filesa desde hace m¨¢s de cinco a?os-, "el proceso debe seguir su curso" contra sus presuntos autores, "sin perjuicio de que en el plenario se planteen cuantas cuestiones puedan referirse a los derechos fundamentales en juego y a los requisitos jur¨ªdicos de las distintas infracciones". Es en la vista oral donde debe evacuarse "el aut¨¦ntico arsenal probatorio". Mientras tanto, los recursos deben estimarse siempre que las acusaciones formuladas cumplan "los m¨ªnimos imprescindibles, procesalmente, para la continuidad del juicio".

Bacigalupo propuso enviar al banquillo s¨®lo a los dirigentes socialistas Josep Mar¨ªa Sala y Carlos Navarro; al administrador electoral de la campa?a del PSOE en 1989, Ram¨®n Moreda, y al directivo de una empresa encargada de las campa?as publicitarias socialistas, ??igo Larraz¨¢bal, as¨ª como a Luis Oliver¨®, Alberto Flores y Carlos Ponsa, responsables de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. La Sala Segunda ha aumentado la n¨®mina de pol¨ªticos y empresarios contra los que se celebrar¨¢ juicio, al tiempo que ha excluido a Moreda por haber prescrito el delito electoral del que se le acusa, ¨²nica infracci¨®n imputada.

Especial inter¨¦s ofrece la incorporaci¨®n al banquillo de Guillermo Galeote, dirigente hist¨®rico del PSOE y ex secretario de administraci¨®n de dicho partido, a quien se acusa de uso de informaci¨®n, privilegiada, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude, exacci¨®n ilegal, tr¨¢fico de influencias, maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y asociaci¨®n il¨ªcita, entre otros. Asimismo, el Supremo lleva a la vista oral a Aida ?lvarez, ex coordinadora de finanzas socialista, acusada de falsedad en documento mercantil, maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, asociaci¨®n il¨ªcita y otros delitos.

La resoluci¨®n del Supremo decreta, por otra parte, el sobreseimiento libre, por prescripci¨®n del ¨²nico delito de falsedad en documento mercantil del que se les acusaba, al grupo de banqueros y empresarios integrado por Javier Benjumea Puigcerver, Miguel ?ngel Olalla Mercad¨¦, Alfonso Esc¨¢mez L¨®pez, Jean, Francois Pontal y Jos¨¦ Antonio S¨¢ez de Azc¨²naga. La sala respalda en este punto a Bacigalupo, frente al inicial criterio de Marino Barbero de equiparar penalmente las conductas de los chantajistas con las de los chantajeados. Igualmente, la sala respalda la denegaci¨®n de apertura del juicio oral contra todos los miembros de la Comisi¨®n Ejecutiva. Federal del PSOE, con el argumento del instructor de que "el derecho penal vigente no reconoce la responsabilidad penal de personas colectivas o jur¨ªdicas".