Intereses borrados

EL SISTEMA de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos en Espa?a ha estado en la ra¨ªz de los esc¨¢ndalos m¨¢s sonados de los ¨²ltimos a?os. Los casos Filesa o Naseiro, con distinta suerte judicial, que implicaron grave mente al PSOE y al PP, as¨ª lo demuestran. El informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiaci¨®n de los partidos entre 1990 y 1992 aporta otra pieza funda mental para definir como simple desprop¨®sito las normas que regulan la obtenci¨®n de ingresos de las formaciones pol¨ªticas. El tribunal ha confirmado con perplejidad que las instituciones financieras condonan en ocasiones los intereses de los pr¨¦stamos concedidos a los principales partidos pol¨ªticos.. Esta condonaci¨®n es, dicho sea en t¨¦rminos moderados, alegal -carece de regulaci¨®n-, aunque no ilegal. El propio tribunal, tras comprobar que todos los partidos se be nefician de esta pr¨¢ctica, ha instado al Congreso a que esta condonaci¨®n pueda tener cobertura en una futura ley de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, para la cual parece que existen ya unas bases s¨®lidas de consenso parlamentario.Los casos de financiaci¨®n ilegal de partidos deben ser perseguidos y castigados siempre. Pero parece necesario modificar la ley de financiaci¨®n de las organizaciones pol¨ªticas, porque presenta vac¨ªos de regula ci¨®n como los descibiertos por el Tribunal de cuentas. Tambi¨¦n, porque el sostenimiento financiero de las organizaciones pol¨ªticas, indispensables para la democracia, no puede quedar a la discrecionalidad bienintencionada de bancos o cajas de ahorro -el perd¨®n de los intereses de cr¨¦ditos bancarios no res ponde precisamente a las reglas del mercado, y la negociaci¨®n de un partido no puede ser asimilada ale gremente a las gestiones privadas de un ciudadano- y a la cuota de los militantes, que da lugar tambi¨¦n a inevitables sospechas cuando estos militantes ocupan altos cargos y perciben sueldos elevados.

La nueva ley, que CiU quiere apresurar, debe ofrecer -al margen de las aportaciones del Estado, que siguen siendo indispensables- otras opciones de ingresos, sea mediante aportaciones de empresas (a lo que se oponen PSOE e IU) o s¨®lo de particulares. Lo que realmente importa es que se garantice la claridad y la transparencia de la financiaci¨®n elegida para evitar deslizamientos hacia la comisi¨®n ilegal y el chantaje. Y para que los ciudadanos sepan, de una vez por todas, qui¨¦n paga los sueldos de algunos l¨ªderes y el car¨ªsimo funcionamiento de varias organizaciones pol¨ªticas.