Un recorte in¨²til
EL GOBIERNO del PP decidi¨® iniciar su mandato aplicando una de sus promesas m¨¢s queridas durante la campa?a electoral: el recorte dr¨¢stico de altos cargos en la Administraci¨®n. La iniciativa responde a uno de esos impulsos irreflexivos que se producen como reacci¨®n a la creencia a pies juntillas en lugares comunes. En este caso, el ¨¢nimo justiciero estaba fundado en una imprecisa denuncia de exceso de burocracia y en la supuesta proliferaci¨®n de funcionarios enriquecidos o sospechosos de corrupci¨®n. Pues bien, el balance del recorte de altos cargos arroja un saldo rid¨ªculo. Frente a la proclama electoralista de conseguir un ahorro de 70.000 millones, los recortes del vicepresidente ?lvarez Cascos y el ministro Rajoy apenas bajar¨¢n el gasto en 370 millones.Hasta aqu¨ª, poco hay que objetar. Nadie est¨¢ exento de pretensiones intempestivas en una campa?a electoral o de un error de apreciaci¨®n en los primeros meses de gobierno. El peor aspecto de este recorte de cargos es que, como se ha practicado sin criterio funcional. y desde el desconocimiento de c¨®mo funciona la Administraci¨®n, la consecuencia principal es un caos organizativo que ha acabado por quebrar el buen funcionamiento de los ministerios mejor organizados. La eliminiaci¨®n indiscriminada de las direcciones generales de servicios ha recargado de tareas bur¨®craticas a otros puestos con funciones decisorias y ha roto la organizaci¨®n mec¨¢nica de los departamentos. La falta de criterio produjo algunos episodios esperp¨¦nticos como la desaparici¨®n instant¨¢nea en el Ministerio de Econom¨ªa de las secciones especializadas en relaciones econ¨®micas con la UE.
Menci¨®n especial merecen los desbarajustes producidos por la invasi¨®n en algunos estratos de la Administraci¨®n, como el de las subdirecciones generales, protegidos hasta ahora de los Cambios pol¨ªticos y que constitu¨ªan el n¨²cleo estable de la burocracia. La intervenci¨®n del Gobierno actual ha duplicado muchas subdirecciones generales por el procedimiento de desplazar a sus antiguos ocupantes, a quienes se mantiene el sueldo y la categor¨ªa, aunque sin adscribirles funci¨®n ni trabajo alguno, en beneficio de otros funcionarios que no cometieron la osad¨ªa de trabajar para el Ejecutivo anterior. Esta mezcla singular de represalia pueril y vacilaciones ha merecido la reprobaci¨®n del Consejo de Estado, que ha emitido un dictamen en contra de la intenci¨®n del Gobierno de modificar las condiciones en que regresar¨¢n a la Administraci¨®n 97 ex altos cargos.
El efecto secundario m¨¢s nocivo de tan inoportunos recortes es que enmascaran la necesidad de una aut¨¦ntica reforma de la Administraci¨®n que confiera la suficiente estabilidad a los servidores p¨²blicos -la carrera funcionarial debe ampliarse hasta la direcci¨®n general como m¨ªnimo- y ponga fin a la jungla de retribuciones e incentivos. El criterio de ahorro es apreciable, pero es mucho m¨¢s ¨²til para el ciudadano el de eficacia.
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