?rculo encomienda el 'caso S¨®ller' a la fiscal¨ªa especial anticorrupci¨®n

El fiscal general del Estado, Juan Ortiz ?rculo, ha determinado que la fiscal¨ªa especial anticorrupci¨®n asuma el control del caso S¨®ller cuando el juez ya ha dado por concluida la investigaci¨®n y la fiscal¨ªa debe decidir si se acusa a la anterior c¨²pula del PP balear o pide que se archive el caso. Este es uno de los tres asuntos penales que se instruyen en ¨¦l Tribunal Superior de Baleares que ata?en al partido del Gobierno balear.

Durante a?o y medio, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscal¨ªa de Baleares se han ocupado del caso, centrado en el esc¨¢ndalo de presunta corrupci¨®n pol¨ªtica que desencaden¨® la dimisi¨®n forzada, en julio de 1995, de Gabriel Ca?ellas como presidente del Gobierno balear y del PP. Ca?ellas y varios de sus consejeros est¨¢n imputados en sendos delitos de prevaricaci¨®n continuada y cohecho.En dos ocasiones, durante la instrucci¨®n, la fiscal¨ªa de Baleares intent¨® que la fiscal¨ªa especial encabezada por Carlos Jim¨¦nez Villarejo asumiera la compleja investigaci¨®n del caso S¨®ller. Pese a la opini¨®n favorable de Jim¨¦nez Villarejo, el ala conservadora mayoritaria del Consejo Fiscal rechaz¨® englobar el caso en su relaci¨®n de asuntos. En las ¨²ltimas semanas, entre los fiscales de Baleares exist¨ªan posiciones favorables al archivo del caso por prescripci¨®n.

El magistrado del Tribunal Superior Juan L¨®pez Gay¨¢ culmin¨® el pasado martes la instrucci¨®n de las diligencias acerca del presunto cobro de comisiones ilegales por el PP tras la adjudicaci¨®n de las obras y la explotaci¨®n del t¨²nel de peaje de S¨®ller, Mallorca, en 1988. Este asunto se destap¨® cuando la Polic¨ªa Judicial, al investigar en el verano de 1994 la contabilidad de la concesionaria del t¨²nel -involucrada en una quiebra-, detect¨® un presunto manejo irregular de fondos.

Decisi¨®n pol¨ªtica

Posteriormente, IU present¨® una acci¨®n penal contra Ca?ellas y el Gobierno balear. El letrado Jaime Bueno, representante de IU, tach¨® ayer de "decisi¨®n pol¨ªtica" la intervenci¨®n final de la Fiscal¨ªa General y record¨® que su formaci¨®n reclam¨®, sin ser o¨ªda, la actuaci¨®n de los fiscales anticorrupci¨®n en los diferentes asuntos judiciales referidos al PP en Baleares.

Unos cuarenta millones de pesetas desviados de la empresa el t¨²nel fueron destinados, presuntamente, a la financiaci¨®n de las campa?as electorales y al funcionamiento de las sedes insulares del PP. Facturas pagadas a suministradores electorales y giros bancarios en as cuentas oficiales del PP obran en la causa. La fundaci¨®n privada Illes Balears, que reside y gestiona Gabriel Ca?ellas, ingres¨® paralelamente entre 1,5 y seis millones de pesetas del t¨²nel como donaci¨®n an¨®nima. Esta instituci¨®n ha acumulado 1.200 millones de pesetas procedentes de aportaciones de financieros y firmas con sede en Baleares.

El empresario que fue beneficiario de la concesi¨®n p¨²blica del t¨²nel y est¨¢ imputado como pagador de las d¨¢divas, Antonio Cuart, es socio privado de Ca?ellas en la patrimonial Salinera Espa?ola, sociedad en la ambos fueron consejeros simult¨¢neamente. Cuart y Ca?ellas mantuvieron contactos antes de hacerse p¨²blica la convocatoria de la licitaci¨®n. A su vez, el Gobierno balear encarg¨® las bases del concurso a un socio de Cuart.

El auto que dict¨® el juez L¨®pez Gay¨¢ al finalizar la instrucci¨®n es el preliminar de la apertura de un juicio oral o del archivo de la causa por sobreseimiento, tras las calificaciones que emitir¨¢n las partes personadas. Inicialmente, la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n formular¨¢ sus conclusiones a partir del informe que realizar¨¢ el fiscal del caso, Juan Carrau.

El t¨²nel bajo la sierra de Tramontana que separa Palma de S¨®ller es la mayor obra de infraestructura viaria de Baleares, un proyecto encomendado a la iniciativa privada que arrastra seis a?os de retraso. La explotaci¨®n del t¨²nel en 28 a?os de concesi¨®n ha de generar ingresos por peaje de 50.000 millones de pesetas.