La protesta de Andaluc¨ªa y Extremadura

El anuncio de que las mayor¨ªas de izquierda de Andaluc¨ªa y de Extremadura van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica pactado entre el PP y CiU es un tema muy serio, y, desde luego, m¨¢s serio que las cr¨ªticas de bajo techo y de regate corto lanzadas por los portavoces del PP y de CiU. Si la reacci¨®n de estas dos formaciones consiste en acusar al PSOE y al propio Felipe Gonz¨¢lez de montar una conspiraci¨®n con fines inconfesables es que o no han entendido nada o les pierde la inmediatez.Al parecer, no han entendido que se est¨¢ produciendo un cambio sustancial en nuestro sistema pol¨ªtico, que las autonom¨ªas se han consolidado en los ¨²ltimos quince a?os y que a medida que el poder central pierde peso y las autonom¨ªas lo ganan los poderes regionales son un factor cada vez m¨¢s decisivo de una pol¨ªtica espa?ola que tiene sus pros y sus contras, sus certezas y sus interrogantes, pero que ya no se puede reducir a lo que ocurre en el centro o en las c¨²pulas de los partidos.

Hasta 1993, el hecho no era tan palpable porque la Espa?a democr¨¢tica s¨®lo hab¨ªa tenido dos experiencias de gobernabilidad: la de UCD en la fase inicial, en la que el consenso equilibraba la falta de mayor¨ªa suficiente de esta formaci¨®n, y la del PSOE, que se basaba en la mayor¨ªa absoluta. Pero cuando el PSOE perdi¨® esta mayor¨ªa en las elecciones de 1993 y tuvo que formar mayor¨ªa parlamentaria con una formaci¨®n que gobernaba una autonom¨ªa, la de Catalu?a, pero no representaba a ninguna otra parte de la Espa?a auton¨®mica, surgieron las primeras contradicciones.

Dentro del propio PSOE, por ejemplo, hubo diferentes percepciones de la conveniencia y la utilidad de un nuevo sistema de financiaci¨®n basado en una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades aut¨®nomas. Mientras los socialistas catalanes del PSC ¨¦ramos partidarios de dicha corresponsabilidad y los socialistas de otras zonas compart¨ªan esta posici¨®n, otros la ve¨ªan con muchas reticencias y algunos simplemente no estaban de acuerdo. Lo mismo ocurr¨ªa en el interior del PP. Y en uno y otro caso la l¨ªnea divisoria no era estrictamente ideol¨®gica, sino territorial, porque cada uno ve¨ªa el problema en funci¨®n de las necesidades y las posibilidades de su propio ¨¢mbito de acci¨®n, es decir, de su propia comunidad aut¨®noma. Por esto, cuando el Gobierno del PSOE tom¨® la iniciativa de traspasar a las comunidades aut¨®nomas el 15% del IRPF como primer paso hacia la corresponsabilidad fiscal, hubo reacciones favorables y otras contrarias tanto dentro del propio PSOE como dentro del PP y de otras fuerzas. El rechazo a la iniciativa fue especialmente claro y rotundo en Extremadura, gobernada por el PSOE, y en Galicia y Castilla y Le¨®n, gobernadas por el PP.

Si aquel primer paso hacia la corresponsabilidad fiscal se convirti¨® en un problema fue, en primer lugar, porque no estaba del todo claro que asegurase de entrada los mismos resultados favorables en todas las comunidades aut¨®nomas y, en segundo lugar, porque el Gobierno del PSOE ten¨ªa que apoyarse en CiU para tener mayor¨ªa parlamentaria y CiU s¨®lo representaba a una parte del pa¨ªs, no a todo. Era f¨¢cil llegar a la conclusi¨®n de que CiU hab¨ªa dado su apoyo a la iniciativa porque cre¨ªa que favorec¨ªa a Catalu?a y se desentend¨ªa del resto. La consecuencia de todo ello era, por consiguiente, que una reforma fiscal de aquellas dimensiones s¨®lo pod¨ªa progresar si se negociaba con todas las autonom¨ªas, si todas estaban de acuerdo en los mecanismos de compensaci¨®n para las menos favorecidas y si se comprobaba que no iba a acentuar las diferencias de recursos y de oportunidades entre unas y otras.

Pues bien, esto es lo que el PP ignor¨® despu¨¦s de las elecciones de marzo de 1996, cuando se encontr¨® con que depend¨ªa no s¨®lo de los votos de CiU, sino tambi¨¦n de los del PNV y Coalici¨®n Canaria. En un espectacular viraje, acosado por la necesidad de contar inmediatamente con una mayor¨ªa parlamentaria, pact¨® con CiU un nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica sin consultar con ninguna otra comunidad aut¨®noma y pag¨® el precio que le exig¨ªan por sus votos el PNV y Coalici¨®n Canaria sin tener en cuenta para nada los intereses y las expectativas de las dem¨¢s fuerzas y de las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas. Por esto, las primeras protestas estallaron no s¨®lo en las tres comunidades gobernadas por los socialistas, sino tambi¨¦n en muchas de las gobernadas por el propio PP.

El resultado es que se ha puesto en marcha un nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica que va a tener consecuencias muy importantes sin ninguna previsi¨®n general de futuro, sin negociarlo previamente con todas las autonom¨ªas, sin tener en cuenta ni siquiera sus repercusiones inmediatas y sin cuantificar sus resultados. Nadie sabe hasta ahora cu¨¢nto va a costar ni qu¨¦ consecuencias generales va a tener en el conjunto de nuestro sistema de financiaci¨®n p¨²blica.

Si las comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP han aceptado la propuesta no es porque est¨¦n todas de acuerdo. Unas creen que les puede favorecer y otras han dicho que s¨ª por mera disciplina coyuntural. A los que protestaban se les ha dicho que pocas bromas, que la mayor¨ªa parlamentaria es precaria y que hay que aguantar. Pero cuando el vaso se colm¨® en el debate sobre los Presupuestos de 1997 con la cesi¨®n nocturna de impuestos especiales al Pa¨ªs Vasco no s¨®lo protestaron los socialistas, sino tambi¨¦n CiU y los dirigentes del PP de diversas comunidades aut¨®nomas, especialmente las m¨¢s pr¨®ximas al Pa¨ªs Vasco. Y ahora mismo, cuando en Extremadura la mayor¨ªa de izquierdas -no s¨®lo el PSOE- ha decidido presentar el recurso, los representantes del PP no han votado en contra, sino que se han abstenido.

En definitiva, lo que hay es una reacci¨®n desigual y desordenada ante una medida de grandes consecuencias que se tom¨® tambi¨¦n de manera desigual y desordenada, sin prever sus efectos generales ni discutir sus pormenores, cambiando de programa en una noche y pactando s¨®lo con una formaci¨®n minoritaria. Por eso, en el fondo de la discusi¨®n hay un problema de gran alcance, que es el de la relaci¨®n entre el poder central y los poderes auton¨®micos y los locales en un pa¨ªs que a trancas y barrancas ha pasado de un modelo centralista a ultranza a un modelo cuasi federal formado por entidades de-

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siguales con intereses no siempre id¨¦nticos.

Gobernar un pa¨ªs federal o cuasi federal de estas dimensione, con un pasado reciente tan centralista y tan complicado, exige que los tres niveles de poder -el central, el auton¨®mico y el municipal- sean s¨®lidos, que no se refuercen unos en detrimento de los otros y que tengan todos una gran capacidad de negociaci¨®n, de pacto y de consenso sobre los problemas b¨¢sicos. Exige tambi¨¦n unas fuerzas pol¨ªticas capaces de negociar los grandes temas en beneficio del conjunto. Y exige que ning¨²n sector pol¨ªtico o territorial pueda determinar por s¨ª solo, sobre todo si es minoritario, lo que deben hacer y aceptar los dem¨¢s sin el acuerdo de ¨¦stos. Todos los sistemas descentralizados que funcionan se basan en la negociaci¨®n y el pacto como elemento esencial en la toma de las grandes decisiones. Cuando uno impone unilateralmente una medida que afecta a otro sin su acuerdo y no le deja m¨¢s margen de maniobra que la protesta, el sistema se puede paralizar. ?ste es el tema de fondo actual, y no la rid¨ªcula utilizaci¨®n de las tensiones para atacar al adversario y buscar tres o cinco pies al gato como han hecho ¨²ltimamente algunos dirigentes del PP y de CiU. No se puede poner a otras fuerzas en el disparadero y acusarlas luego de que se disparen. En definitiva, las mayor¨ªas de izquierda de Andaluc¨ªa y Extremadura han protestado, no se les ha hecho caso, y ahora protestan de otra manera para que se les oiga.