El fiscal del Estado no se querellar¨¢ contra Iribarren porque no ve delito en sus amenazas

El fiscal general del Estado, Juan Ortiz ?rculo, no ejercitar¨¢ acciones penales contra el parlamentario foral navarro Jaime Iribarren, de Herri Batasuna, por entender que sus declaraciones, en las que horas antes del asesinato del teniente coronel Jes¨²s Cuesta amenazaba al Gobierno con "un futuro inmediato de gran sufrimiento" si no modificaba su pol¨ªtica penitenciaria, no tienen encaje en ning¨²n precepto del nuevo C¨®digo Penal. Las asociaciones de jueces y fiscales han reaccionado al anuncio del fiscal pidiendo la modificaci¨®n de la norma para que este tipo de conductas no queden impunes. El ex ministro socialista Juan Alberto Belloch y Pablo Castellano, de IU, creen que Ortiz ?rculo tendr¨ªa que haber presentado la querella.

Ortiz ?rculo se?al¨® ayer que ha estudiado detenidamente con los fiscales del Tribunal Supremo -¨®rgano ante el que habr¨ªa correspondido presentar la querella criminal- las declaraciones realizadas por Iribarren el 8 de enero en Bilbao y ha llegado a la conclusi¨®n de que "justamente esas declaraciones y en la forma en que se hicieron no tienen encaje en ning¨²n precepto del vigente C¨®digo Penal".El diputado foral navarro de HB dijo en una rueda de prensa celebrada en Bilbao el 8 de enero que o el Gobierno dialogaba con los interlocutores de la organizaci¨®n terrorista ETA o "nos vemos obligados a presagiar un futuro inmediato de gran sufrimiento que, por supuesto, desde la izquierda abertzale no deseamos en modo alguno". Estas manifestaciones, que fueron interpretadas en un primer momento como el pistoletazo de salida para una represalia contra el funcionario de prisiones Jos¨¦ Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA desde hace m¨¢s de un a?o, se convirtieron pocas horas despu¨¦s en una realidad cuando los terroristas asesinaban en Madrid al teniente coronel Jes¨²s Cuesta Abril. Iribarren calific¨® ayer de l¨®gica la decisi¨®n de ?rculo y se ratific¨® ¨ªntegramente en sus pol¨¦micas declaraciones.

Cr¨ªticas al fiscal

Las cr¨ªticas a la decisi¨®n del fiscal del Estado no se hicieron esperar. El ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch afirm¨® que la Fiscal¨ªa del Estado no debe hacer valoraciones de si las declaraciones tienen encaje en el C¨®digo Penal o no lo tienen, porque impiden el pronunciamiento de los tribunales. En su opini¨®n, el fiscal deber¨ªa haber presentado una querella criminal contra Iribarren y dejar que fueran los tribunales los que se pronunciaran sobre los hechos.El ex ministro y actual portavoz del PSOE en la comisi¨®n de Justicia e Interior admiti¨®, a pesar de sus cr¨ªticas, que las declaraciones de Iribarren estaban jur¨ªdicamente medidas para no incurrir en delito de apolog¨ªa del terrorismo. En su opini¨®n, Iribarren posiblemente se asesor¨® con abogados de HB. Belloch no cree necesaria la reforma del C¨®digo Penal porque, dijo, no hay ninguno que pueda evitar los trucos de leguleyos.

El diputado del PP Andr¨¦s Ollero, portavoz de su grupo en la misma comisi¨®n, destac¨®, en cambio, que la decisi¨®n de la fiscal¨ªa responde a una limitaci¨®n del derecho mismo y, al igual que el diputado de UPN y portavoz adjunto del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo, se mostr¨® partidario de una reforma de la legislaci¨®n para evitar que amenazas como las proferidas por Iribarren queden impunes. El secretario general del PP en el Pa¨ªs Vasco, Carmelo Barrio, dijo "respetar la decisi¨®n" pero matiz¨® que ¨¦sta "no sintoniza con la apreciaci¨®n general de la sociedad vasca, ni de la espa?ola, de que estas declaraciones son apolog¨ªa del terrorismo".

Frente a estos criterios, Ignacio Gil L¨¢zaro, tambi¨¦n diputado del PP e integrante de la misma comisi¨®n, estim¨® que "s¨ª hay previsiones normativas suficientes como para impedir que manifestaciones de esa naturaleza queden impunes".

Pablo Castellano, portavoz de IU en la comisi¨®n de Justicia, opin¨® que el fiscal del Estado podr¨ªa haber actuado contra Iribarren si hubiera hecho una interpretaci¨®n " m¨ªnimamente rigurosa de la ley". Para Castellano, se ha hecho una interpretaci¨®n literal del texto legal que es equivocada porque "se olvida de considerar que las declaraciones de Iribarren no son aisladas, sino que tienen que ser encadenadas en el conjunto de actitudes de HB, que son de aut¨¦ntica colaboraci¨®n y respaldo a ETA".

Este mismo criterio es sostenido por el Partido Socialista de Euskadi-PSOE, que aprecia que la conducta de Iribarren se enmarca en la apolog¨ªa del terrorismo.

La portavoz del PNV en la citada comisi¨®n del Congreso, Margarita Ur¨ªa, considera que "la Fiscal¨ªa del Estado ha sido demasiado r¨¢pida en escurrir el bulto" al no ejercitar acciones contra Iribarren. Ur¨ªa, sin embargo, a?adi¨®: "A lo mejor el precio que hay que pagar por la libertad de expresi¨®n es el que se puedan proferir afirmaciones de ese estilo".

Respeto

Manuel Josep Silva, de CiU, expres¨® su respeto por la decisi¨®n del fiscal del Estado. "Entiendo", precis¨®, "que en un r¨¦gimen de libertades, la Fiscal¨ªa ha actuado correctamente. De esas declaraciones no me cabe deducir ning¨²n conocimiento previo de un delito. Creo que es el lenguaje usual de HB y forma parte de su pol¨ªtica de socializar el dolor. La decisi¨®n me parece sensata".El Gobierno de Navarra tambi¨¦n expres¨® su respecto y reconocimiento por la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa. Sin embargo, un portavoz precis¨® que la legislaci¨®n es insuficiente puesto que lo que dijo Iribarren al menos constituy¨® delito de amenazas a la sociedad, independientemente de que pueda ser calificado de apolog¨ªa del terrorismo o complicidad con banda armada.

La Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo admiti¨® que puede no haber elementos legales para poder imputar un delito a Iribarren, pero en su criterio deben buscarse los resquicios para procesarle, ya que las manifestaciones del miembro de HB parecen una clara apolog¨ªa del terrorismo, colaboraci¨®n con banda armada o profec¨ªa del terror. Seg¨²n AVT, el Parlamento debe modificar la ley.

El fiscal replic¨® anoche a todas estas cr¨ªticas. "Son los representantes del pueblo los que deben valorar si estos hechos deben estar o no en el C¨®digo. Ahora es obvio que no est¨¢n. Son ellos quienes deben afrontar una responsabilidad que es suya", dijo a Efe. ?rculo admiti¨® que los jueces y la propia Fiscal¨ªa tambi¨¦n pueden proponer una reforma legal si se enfrentan con un hecho que creen delictivo y no est¨¢ recogido en el C¨®digo.