La Comisi¨®n Europea desaconseja el decreto del Gobierno de Aznar sobre televisi¨®n digital

La Comisi¨®n Europea ha aconsejado al Gobierno espa?ol que reforme radicalmente el reglamento sobre la Ley de Telecomunicaciones por Sat¨¦lite -que incluye una regulaci¨®n de descodificadores digitales-, porque atenta frontalmente contra la normativa comunitaria. Considera ilegales las exigencias de homologaci¨®n en Espa?a de los descodificadores ya aceptados en otros pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, as¨ª como las tarifas, los plazos, la necesidad de inscribirse en un registro y la obligaci¨®n impuesta a las empresas de entregar a la Administraci¨®n sus listas de clientes.

De no modificarse el texto, el Gobierno corre el riesgo de provocar un procedimiento por infracci¨®n de la normativa europea en Bruselas y acabar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.Adem¨¢s de enviar oficialmente el proyecto de reglamento al Consejo de Estado, el Ejecutivo ha efectuado una discreta consulta a los t¨¦cnicos de Bruselas para recabar su opini¨®n sobre la legalidad del mismo, seg¨²n ha contrastado este peri¨®dico. La consulta ha sido realizada a trav¨¦s del Ministerio de Fomento, que dirige Rafael Arias Salgado.

Resultado de la misma: la Comisi¨®n desbarata las innovaciones que el reglamento espa?ol aporta, de cosecha propia, a la hora de trasponer la directiva comunitaria 95/47 sobre "transmisi¨®n de se?ales de televisi¨®n".

De todas las a?adiduras incluidas el viernes pasado en el proyecto de reglamento del Gobierno espa?ol, la Comisi¨®n s¨®lo considera aceptables dos. Una es la exigencia de que todo descodificador vaya provisto de "un contador que determine en cada momento la deuda generada", para garantizar los derechos de los consumidores. La segunda es que las empresas que suministran servicios codificados no obliguen a sus clientes a utilizar sus propios aparatos de descodificaci¨®n.

En todo lo dem¨¢s en que el texto espa?ol se desmarca de la pura traducci¨®n literal de la directiva europea, absolutamente en todo -como listas de clientes, obligaciones de registro, homologaciones por la puerta trasera, plazos y tarifas de paso-, la Comisi¨®n europea percibe fuentes de ilegalidad y motivos de infracci¨®n de la normativa comunitaria por parte del Gobierno. As¨ª ocurre con:

Homologaci¨®n de descodificadores. Bruselas ha recordado a Madrid que la ¨²nica exigencia de la directiva 95/47 para homologar los descodificadores estriba en que pasen el examen de un "organismo europeo de normalizaci¨®n reconocido". Por tanto, sobra el requisito de registrar los sistemas, aparatos y equipos de descodificaci¨®n en un nuevo registro del ministerio espa?ol de Fomento, que el Gobierno pretende imponer.

La Comisi¨®n considera que se trata de un requisito exorbitante y que entorpece el funcionamiento del mercado interior, al dispersar o fraccionar los centros de homologaci¨®n y establecer nuevas barreras en este mercado. Por tanto, seguir adelante con el texto del reglamento y promulgarlo con esa disposici¨®n ser¨ªa recurrible ante la Comisi¨®n misma por infracci¨®n y, en su caso, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo.

Listas de clientes. El reglamento del Gobierno obliga a los operadores a aportar una lista de sus clientes a la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones, un ¨®rgano que depende del Ministerio de Fomento. Al margen de que esa obligaci¨®n pueda atentar contra la legislaci¨®n nacional sobre protecci¨®n de datos, la Comisi¨®n ha hecho saber al Ejecutivo espa?ol que ese deber no puede enmarcarse en la normativa europea de defensa del consumidor y podr¨ªa atentar contra el derecho de la competencia.

Registro oficial. El establecimiento de un registro especial para las empresas o cadenas que emitan en sistema codificado figura en el proyecto de reglamento espa?ol como una obligaci¨®n, impuesta so pena de sanci¨®n de "limitar o impedir la actuaci¨®n de los operadores de servicios de acceso condicional [codificados]". Esa disposici¨®n tambi¨¦n se considera dudosamente legal desde el Ejecutivo comunitario, porque la ¨²nica barrera posible para aceptar o denegar la actuaci¨®n de un operador de estos servicios es la existencia de suficiente banda en el espacio audiovisual.

Plazos. A sugerencia de RTVE, el Gobierno ha introducido una modificaci¨®n en su propio proyecto, por la cual persigue establecer un plazo de dos meses para sustituir los aparatos descodificadores ya disponibles en el mercado "por otros nuevos" que se ajusten a su reglamento, so pena de quedar "inoperantes" y legalmente achatarrables. Bruselas tambi¨¦n considera exorbitante esta medida.

Tarifas. El reglamento espa?ol pretende imponer un sistema de tarifas autorizadas, "que deber¨¢n sujetarse a costes", sobre las que tendr¨ªa competencia directa el Ministerio de Fomento. La Comisi¨®n considera que esta exigencia atenta contra la liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones.

Medios cercanos al comisario del Tecnolog¨ªas de la Telecomunicaci¨®n, Martin Bangemann -el padre de la desregulaci¨®n en la sociedad de la informaci¨®n- son especialmente militantes contra esta cl¨¢usula de tarifas.

El comisario de la Competencia, Karel van Miert, otro guardi¨¢n de la liberalizaci¨®n de este mercado, ha pedido con car¨¢cter urgente a la Administraci¨®n espa?ola el env¨ªo oficial del proyecto del Gobierno para su examen inmediato. Al parecer, el Ejecutivo se propone suavizar esta cl¨¢usula, imponiendo una tarifa transitoria o provisional, con efectos s¨®lo en el momento de la aparici¨®n de los servicios en el mercado.