Canal Sat¨¦lite denuncia en el juzgado de guardia al director de Telecomunicaciones

Jaume Ferr¨²s, director general de Canal Sat¨¦lite Digital, present¨® anoche una denuncia en el juzgado de guardia de Madrid contra el director general de Telecomunicaciones, Valent¨ªn Sanz, "por dictar una resoluci¨®n arbitraria" que supone "una inspecci¨®n generalizada sobre su red de distribuci¨®n [comercial], revelando un prop¨®sito puramente intimidatorio y coactivo". Ayer, primer d¨ªa h¨¢bil posterior a la entrada en vigor del decreto-ley sobre televisi¨®n digital, el Gobierno lanz¨® una inspecci¨®n sobre centros comerciales que distribuyen Canal Sat¨¦lite.

, En esa inspecci¨®n se exigen documentos que han de ser concedidos por un ¨®rgano, la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones, constituida ayer mismo y que, por lo tanto, no ha podido celebrar siquiera su primera reuni¨®n.La denuncia se produjo horas despu¨¦s de que dos funcionarios de la Jefatura Provincial de Inspecci¨®n de Madrid -de dicha direcci¨®n general- se personaran en un centro comercial de Alcobendas (Madrid), con un modelo preimpreso de un acta en el que se solicitaba al responsable del departamento comercial el acceso a la tienda para comprobar si ten¨ªa el descodificador que est¨¢ usando Canal Sat¨¦lite Digital y si pose¨ªan o no el "certificado de aceptaci¨®n" dispuesto en el decreto-ley del s¨¢bado 1 de febrero, que entr¨® en vigor ese d¨ªa.

Los inspectores pidieron tambi¨¦n el modelo de contrato con el usuario y, seg¨²n consta en el acta -que se reproduce en esta misma p¨¢gina-, comunicaron que "el hecho de carecer los equipos y aparatos del certificado de cumplimiento de las especificaciones t¨¦cnicas pudiera ser considerado como infracci¨®n".

A media tarde, el propio ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, de viaje por Galicia, reconoci¨® estar al tanto de esa inspecci¨®n y se limit¨® a comentar que era normal.

Sin embargo, Canal Sat¨¦lite Digital considera que la medida "se trata de una acci¨®n coercitiva a su red comercial y una clara resoluci¨®n arbitraria", ya que el propio decreto-ley da el plazo de un mes, desde su entrada en vigor, para que los operadores incorporen lo previsto en el mismo. Tambi¨¦n se?ala que "existe una imposibilidad cronol¨®gica y material" de obtener el certificado que ayer mismo fue exigido.

Un mes de plazo

En efecto, el decreto-ley no s¨®lo concede un mes de plazo a los operadores de servicios y difusores para cumplir las disposiciones del mismo, sino que les ordena que se inscriban "en el registro que, para ello, se crea en la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones".

Canal Sat¨¦lite se?ala que el "certificado de aceptaci¨®n" mencionado ha de provenir de los datos existentes en un registro que, hoy por hoy, es un hecho futuro. La Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones que ha de abrir ese registro qued¨® constituida ayer, sin. que haya podido celebrar reuni¨®n alguna. Todo lo cual conduce a la imposibilidad de haber cumplido con tanta rapidez los requisitos de adaptaci¨®n establecidos en el decreto-ley.

"Se trata, pues, de amedrentar a los centros comerciales para forzarles a actuar en franca contradicci¨®n con el inequ¨ªvoco tenor literal de una norma bajo el burdo expediente de amenazarles con sanciones derivadas, nada menos, de la inobservancia de requisitos inviables", afirma la empresa denunciante.

Canal Sat¨¦lite ha denunciado judicialmente al director general de Telecomunicaciones, por si los hechos constituyen un delito del art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal, que castiga con la pena de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico, por tiempo de siete a diez a?os, "a la autoridad o funcionario p¨²blico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluci¨®n arbitraria en un asunto administrativo".