Espa?a ha incumplido la obligaci¨®n de enviar a Bruselas los decretos sobre TV digital

El Gobierno espa?ol "est¨¢ en situaci¨®n de infracci¨®n" de la legislaci¨®n industrial comunitaria, seg¨²n declar¨® ayer Jochen Qubrosch, portavoz del comisario Martin Bangemann, responsable de Asuntos industriales y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n de la Comisi¨®n Europea. Los dos textos sobre televisi¨®n digital publicados el s¨¢bado pasado en el Bolet¨ªn oficial del Estado han vulnerado el deber de todo Gobierno de informar oficialmente de los proyectos de nueva legislaci¨®n con efectos industriales, al menos tres meses antes de hacerla efectiva.

, El Gobierno espa?ol realiz¨® una consulta a Bruselas poco antes de publicar el texto de sus decretos. Pero s¨®lo unas horas antes de promulgarlos y ¨²nicamente con car¨¢cter oficioso (v¨¦ase EL PA?S del 31 de enero pasado). El hecho de no haber hecho una consulta formal supone una "vulneraci¨®n" de la legislaci¨®n comunitaria, seg¨²n el gabinete del comisario Bangemann.?Por qu¨¦?. Porque la directiva 83/189, de 28 de marzo de 1983, modificada en 1988 y sobre todo en 1994 (94/10).impone a los Gobiernos un procedimiento de informaci¨®n muy reglado y vinculante en el ¨¢mbito de las "normas y reglamentaciones t¨¦cnicas": al menos tres meses antes de aprobar una disposici¨®n, cuando est¨¢ en fase de "proyecto", el Gobierno debe enviarla a la Comisi¨®n, para que ¨¦sta y los Gobiernos dictaminen si contiene o no alguna traba para el mercado com¨²n de la UE.

La directiva except¨²a a las leyes nacionales que s¨®lo traspongan [apliquen literalmente] alguna directiva comunitaria a la legislaci¨®n interna. Pero si realizan a?adidos, los Gobiernos deben pedir el nihil obstat. Especialmente "si aportan al proyecto, de una manera significativa, cambios que tengan por efecto modificar el campo de aplicaci¨®n, recortar el calendario de aplicaci¨®n inicialmente previsto, a?adir especificaciones o exigencias, o convertirlas en m¨¢s estrictas".

Las dos normas espa?olas aportan a la directiva europea sobre "transmisi¨®n de se?ales de televisi¨®n" nuevas exigencias t¨¦cnicas que se imponen a los descodificadores; y adem¨¢s multiplican los requisitos administrativos que deben cumplir aparatos y empresas.

?Se aplica entonces en este caso a Espa?a la directiva sobre normas y reglamentaciones t¨¦cnicas? S¨ª, seg¨²n el equipo de Bangemann.

Obligaciones

?Qu¨¦ obligaciones impone al Gobierno esta norma? Fundamentalmente, la de informar con mucha antelaci¨®n a Bruselas y otorgar un plazo a sus socios para que diriman si debajo de lo t¨¦cnico-administrativo se esconden nuevas trabas u "obst¨¢culos a la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas en el marco del mercado interior". Los Gobiernos deben "aplazar" la "adopci¨®n de un proyecto de norma t¨¦cnica durante tres meses a contar desde la fecha de recepci¨®n" por la Comisi¨®n del texto del proyecto, seg¨²n reza la directiva europea. Si transcurrido ese plazo no hay protestas de los socios o de Bruselas, queda validado el proyecto nacional.

El objetivo de esta directiva es evitar el "peligro" de que se "conduzca a las industrias a replegarse en el territorio nacional" y se impida a los consumidores aprovecharse "de los efectos de la concurrencia en un mercado unificado".

Lo m¨¢s interesante de esta norma es que ya ha sido aplicada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo. El Tribunal dict¨® el pasado 30 de abril una sentencia en el caso que enfrentaba a las compa?¨ªas de seguridad CIA Security, Signalson SA y Securitel SPRL contra un decreto del Gobierno belga que establec¨ªa el procedimiento para aprobar sistemas y centrales de alarma.

El tribunal concluy¨® que la ignorancia [por el Gobierno belga] de la obligaci¨®n de notificaci¨®n [a la Comisi¨®n] implica la inaplicabilidad de las reglas t¨¦cnicas concernidas, de manera que no pueden exigirse a los particulares". Consecuentemente fallaba que las empresas pod¨ªan recurrir al juez nacional -que debe aplicar la normativa europea- "al cual corresponde rechazar la aplicaci¨®n de una regla t¨¦cnica nacional que no haya sido notificada de conformidad con la directiva".

Eso es lo mismo que ha sucedido, en otro sector de actividad, con los decretos espa?oles sobre descodificadores digitales, a juicio del equipo del comisario alem¨¢n responsable de Asuntos Industriales y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n y de las Telecomunicaciones.

[A diferencia de lo que ha hecho el Gobierno espa?ol, el proyecto alem¨¢n de trasposici¨®n de la directiva comunitaria sobre transmisi¨®n de televisi¨®n es una ley, y no un decreto-ley ni un reglamento gubernativo. El proyecto alem¨¢n exige que el sistema de transmisi¨®n venga homologado por una organizaci¨®n europea y no por una autoridad nacional; exige un descodificador que se corresponda con el estado de la t¨¦cnica, sin plantear obligaciones sobre cosas que no existen; dise?a una autoridad arbitral en caso de conflictos y no una comisi¨®n administrativa cuyas resoluciones son vinculantes; y da un plazo de nueve meses para que los servicios que ya operen se adapten a la directiva (frente al mes dado en Espa?a) y de dieciocho para la adaptaci¨®n de aparatos (en vez de los tres meses del decreto-ley)].