?Gobierno o grupo de presi¨®n?

Cuando los constituyentes de 1977-1978 abordamos el procedimiento de elaboraci¨®n de las leyes, part¨ªamos de dos constataciones bien sencillas: primera, que en un sistema democr¨¢tico las leyes las hacen y aprueban los Parlamentos libremente elegidos por los ciudadanos; segunda, que las dictaduras prescinden de Parlamentos y de elecciones y que se valen de otros instrumentos para legislar e imponer sin m¨¢s su voluntad, entre ellos el decreto-ley. Esto es lo que hizo en nuestro pa¨ªs el franquismo durante tantos a?os. Sin embargo, sab¨ªamos tambi¨¦n que en un sistema democr¨¢tico pueden darse problemas o situaciones excepcionales que exigen una soluci¨®n r¨¢pida. Por ello aceptamos con reticencias la inclusi¨®n de la figura del decreto-ley en la Constituci¨®n, pero la rodeamos de muchas precauciones para que ning¨²n Gobierno pudiese utilizarla para burlar el papel real del Parlamento.Por eso el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n dice que un decreto-ley s¨®lo se podr¨¢ dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad y que en ning¨²n caso podr¨¢ afectar al ordenamiento de las intituciones b¨¢sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t¨ªtulo I de la propia Constituci¨®n, ni tampoco al r¨¦gimen de las comunidades aut¨®nomas ni al derecho electoral general. Tambi¨¦n dice que el decreto-ley tendr¨¢ un car¨¢cter provisional y que en todo caso tendr¨¢ que ser aprobado o rechazado por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 d¨ªas despu¨¦s de la promulgaci¨®n y hasta cabe la posibilidad, como ¨²ltima precauci¨®n, de que, una vez aprobado, el decreto-ley se tramite como proyecto de ley, o sea, que puede ser ratificado tal cual o enmendado y modificado por las Cortes. Esas cuatro precauciones mostraban a las claras que nadie se fiaba de los decretos-ley y que todos dese¨¢bamos el mayor control posible para que la apelaci¨®n a la urgencia no nos llevase al deterioro del sistema legislativo democr¨¢tico.

Naturalmente ha habido y hay una importante discusi¨®n doctrinal sobre los conceptos en juego, como los de "extraordinaria y urgente necesidad", el alcance real de los derechos, deberes y libertades excluidos de la regulaci¨®n por decreto-ley y los efectos jur¨ªdicos de una eventual modificaci¨®n del decreto-ley ya aprobado y tramitado posteriormente como ley. El Tribunal Constitucional, a su vez, ha elaborado una importante jurisprudencia al respecto. Pero, por lo que estamos viendo, es evidente que aquellas precauciones fueron pocas, porque entre lo que se discute y dictamina y lo que se hace desde el Gobierno empieza a existir un enorme abismo. No conozco a ning¨²n jurista serio ni a ning¨²n magistrado serio que acepte, por ejemplo, que el decreto-ley pueda utilizarse como arma pol¨ªtica para ventilar un conflicto de intereses partidistas, ni menos todav¨ªa como instrumento de intimidaci¨®n contra un rival p¨²blico o privado. Y somos muchos los que llegamos a una misma conclusi¨®n: el Gobierno que lo utilice en este sentido deja de ser Gobierno y se convierte pura y simplemente en un grupo de presi¨®n.

Creo que esto es lo que est¨¢ ocurriendo con el Gobierno del PP. De hecho, en estos meses ¨²ltimos, este Gobierno ha utilizado el decreto-ley como instrumento normal y corriente de legislaci¨®n y con ello ha pervertido su sentido, convir

propio Gobierno se inventa. No acierto a entender, por ejemplo, d¨®nde est¨¢ la "extraordinaria y urgente necesidad" cuando la directiva comunitaria a trasponer llevaba meses y meses en el congelador. Pero s¨ª entiendo c¨®mo la interpreta y utiliza el Gobierno cuando con celeridad extraordinaria y urgente manda inspectores a las tiendas donde se exponen los descodificadores de Canal Sat¨¦lite Digital para que comprueben, con fines sancionadores, que estos descodificadores no cumplen los criterios establecidos por el propio Gobierno 24 horas antes. O cuando encarece el servicio con un nuevo tipo impositivo. O cuando pone el registro de expedientes en manos de una comisi¨®n nombrada ¨ªntegramente por el propio Gobierno. Para este Gobierno, la "extraordinaria y urgente necesidad" consiste, pues, en impedir la anunciada puesta en marcha de una plataforma digital que no le gusta porque ¨¦l mismo defiende otra que, al parecer, coincide m¨¢s con sus propios intereses econ¨®micos y pol¨ªticos. El mecanismo es sencillo y perverso a la vez: sabe que no puede impedir que dicha plataforma digital se constituya y recurre al sistema tosco y rudimentario de ponerle trabas, de sembrar clavos en la ruta y de levantar ante ella obst¨¢culos jur¨ªdicos y econ¨®micos para favorecer a otro contendiente.

Naturalmente el decreto-ley se tendr¨¢ que convalidar en el Congreso de los Diputados. Y aqu¨ª asistiremos a la segunda parte del asunto. El PP contar¨¢ seguramente, con los votos exclusivamente pol¨ªticos de otros grupos que van a lo suyo y con los votos presuntamente ideol¨®gicos de una Izquierda Unida que se enfrentar¨¢ con un grupo y tomar¨¢ partido a favor de otro en nombre de "lo p¨²blico" contra "lo privado", sin saber d¨®nde est¨¢ lo uno y lo otro, y haciendo coro con grupos y gentes que se estar¨¢n muriendo de risa ante la prosopopeya doctrinal de Julio Anguita.

No s¨¦ si esto es un drama o una farsa. La tarea de un Gobierno democr¨¢tico consiste en resolver problemas, no en crear m¨¢s de los que hay. Consiste tambi¨¦n en abrir v¨ªas de desarrollo para todos, no en cerrarlas para unos y abrirlas para los suyos. Consiste, finalmente, en aportar seguridad a la poblaci¨®n, no en generar crispaci¨®n y actuar a la vez de Gobierno y de oposici¨®n contra la oposici¨®n. Pero m¨¢s all¨¢ de esta extra?a concepci¨®n de la pol¨ªtica, que ya es m¨¢s permanente que coyuntural, el problema de fondo es muy serio. El decreto-ley no se incluy¨® en la Constituci¨®n para resolver contenciosos pol¨ªtico-econ¨®micos provocados por un Gobierno parcial.

Por ello, la utilizaci¨®n que se est¨¢ haciendo del mismo pervierte su sentido pol¨ªtico y jur¨ªdico y degrada a la propia Constituci¨®n. Esto va mucho m¨¢s all¨¢ del conflicto sobre las plataformas digitales y pone en entredicho cosas muy importantes. Y tambi¨¦n va mucho m¨¢s all¨¢ del conflicto pol¨ªtico entre el Gobierno y la oposici¨®n, porque nadie, sea del color que sea, puede asistir imp¨¢vido a la degradaci¨®n de la pol¨ªtica y del propio Gobierno. Como ciudadano, me duele que el Gobierno de mi pa¨ªs se convierta, pura y simplemente, en un grupo de presi¨®n que utiliza el poder pol¨ªtico y la Constituci¨®n para favorecer a un grupo af¨ªn y perjudicar al rival. No hicimos la Constituci¨®n para eso.Hace unos d¨ªas, un amigo muy querido me dec¨ªa, medio en broma, medio en serio: "Un Gobierno puede ser inepto, pero actuar de buena fe. Otro puede ser competente, pero actuar con mala uva. Lo malo es cuando un Gobierno es inepto y act¨²a con mala uva". Me temo que en eso estamos.