Torpeza informativa

EL CAD?VER del presunto etarra Jos¨¦ Mar¨ªa Aranzamendi, que apareci¨® ahorcado el viernes en su celda de Alcal¨¢-Meco, ten¨ªa atados los pies y las manos. Ello no invalida la tesis del suicidio que sostiene el Gobierno sobre la base de la autopsia practicada por dos forenses designados por el juez, pero el ocultamiento de este dato durante 48 horas, hasta que fue desvelado por el diario Egin, supone, cuando menos, un error grav¨ªsimo que s¨®lo favorece a la organizaci¨®n terrorista. La nota oficial facilitada el mismo viernes por Instituciones Penitenciarias precis¨® que el cad¨¢ver colgaba de una bufanda atada a la rejilla de ventilaci¨®n de su celda, pero sin ninguna referencia a que tuviera las manos atadas a la espalda. Las primeras conclusiones de la autopsia dadas a conocer el s¨¢bado por fuentes oficiales tampoco aludieron a esta circunstancia. Esas mismas fuentes trataban de explicar ayer este desprop¨®sito informativo alegando una ignorancia que resulta simplemente incre¨ªble.Todo hace pensar que alguien decidi¨® silenciar este dato por la explotaci¨®n que pudiera hacer el entorno de ETA, tal vez con la descabellada suposici¨®n de que pudiera ocultarse indefinidamente. Algo doblemente disparatado al tratarse de un suceso que exige de oficio la apertura de un sumario judicial en el que la familia del fallecido tiene todo el derecho a intervenir. La realidad demuestra una vez m¨¢s que en la lucha antiterrorista no hay peor pol¨ªtica que silenciar los hechos. ?stos, tozudos, terminan siempre por salir a la superficie, y cuanto, m¨¢s tarde, mayor es el margen para los profesionales de la sospecha. Por lo dem¨¢s, los profesionales de la agitaci¨®n empezaron a actuar antes de que Egin les proporcionara una munici¨®n facilitada esta vez por el Gobierno.

No es una exageraci¨®n afirmar que la sociedad espa?ola ha quedado estupefacta ante semejante torpeza. Este desgraciado episodio coincide con la apertura de un procedimiento del Tribunal Supremo contra los 25 miembros de la Mesa Nacional de HB, en aplicaci¨®n del C¨®digo Penal vigente, por la difusi¨®n de un v¨ªdeo propagand¨ªstico de ETA. Cinco de los convocados se encuentran ya en prisi¨®n bajo fianza de cinco millones por negarse a declarar y los 20 restantes seguir¨¢n probablemente el mismo camino. De esta forma, los tribunales dan respuesta a un clamor para que la ley se aplique por igual a todos, tambi¨¦n a los que han puesto su plataforma pol¨ªtica al servicio de la estrategia etarra. Se trata, pues, de un momento pol¨ªtico especialmente delicado, en el que un error de esta naturaleza puede tener un alto precio. Torpezas como ¨¦sta facilitan coartadas al conglomerado etarra para reavivar sus delirios pol¨ªticos.

El Juzgado n¨²mero 7 de Alcal¨¢ de Henares est¨¢ ¨ªnvestigando el ahorcamiento de Jos¨¦ Mar¨ªa Aranzamendi. A los jueces corresponde decir la ¨²ltima palabra, y s¨®lo cabe esperar que sea cuanto antes, con todas las garant¨ªas que el Estado de derecho concede a todos los ciudadanos. Entre ellas, la posibilidad de que un forense designado por la familia realice una autopsia. No es infrecuente que los suicidas se aten las manos para evitar un arrepentimiento de ¨²ltima hora. Por tanto, este detalle no contradice el informe de los forenses en este sentido. Pero el Gobierno est¨¢ obligado a despejar cualquier duda con una explicaci¨®n clara y convincente de por qu¨¦ la nota oficial ocult¨® circunstancias relevantes. Ahora se trata de minimizar el da?o que esta decisi¨®n informativa ha causado ya a la lucha antiterrorista.