De democracia y trasvases

En el a?o 1974, el entonces Ministerio de Obras P¨²blicas proyect¨® un trasvase de recursos h¨ªdricos del r¨ªo Ebro a la comarca de Barcelona. El proyecto se cocin¨® en el ministerio con todo sigilo y no se tuvo la noticia de ¨¦l hasta que se public¨® un breve anuncio para el preceptivo tr¨¢mite de informaci¨®n p¨²blica en el ?Bolet¨ªn Oficial de la provincia de Tarragona! Sin embargo, el anuncio no pas¨® inadvertido y levant¨® una polvareda de cr¨ªticas en la regi¨®n aragonesa que desbarat¨® la intentona. Adem¨¢s fue ocasi¨®n y origen de un conocido estudio jur¨ªdico, dirigido por el profesor Mart¨ªn-Retortillo, que, entre otras conclusiones, demostr¨® la necesidad de que los trasvases entre cuencas se aprobaran por ley, tal como se deduc¨ªa ya de la legislaci¨®n de obras p¨²blicas del siglo pasado.La exigencia de la ley en estos casos no es una mera formalidad jur¨ªdica. Todo trasvase es una operaci¨®n completa. No tanto por las obras que hay que ejecutar, sino, sobre todo, porque supone una ruptura artificial de la unidad de la cuenca hidrol¨®gica que suele tener consecuencias importantes de orden econ¨®mico, social y ambiental. Por eso, la adopci¨®n de este tipo de medidas no debe hacerse sin haber discutido y valorado de manera p¨²blica todas las implicaciones; entre ellas, si la cuenca que cede agua tiene recursos sobrantes y si los que ahora sobran no est¨¢n comprometidos, cu¨¢les son los efectos que el trasvase puede producir en el equilibrio territorial entre las regiones o si para satisfacer las demandas de agua de la cuenca receptora del trasvase no hay otras alternativas, am¨¦n de los efectos demogr¨¢ficos y ecol¨®gicos que a medio y largo plazo puede producir la alteraci¨®n del curso natural de las aguas. Por eso tambi¨¦n, la opci¨®n sobre el trasvase es una decisi¨®n pol¨ªtica fundamental, que cabe ser adoptada por el ¨®rgano que encarna la soberan¨ªa popular.

Estas consideraciones parec¨ªan firmemente arraigadas en nuestro derecho. As¨ª, los ¨²ltimos trasvases aprobados lo han sido siempre por ley. No s¨®lo el emblem¨¢tico Tajo-Segura, sino incluso otro de much¨ªsima menor envergadura: el trasvase J¨²car-Sagunto, que se aprob¨® en 1987. La misma consecuencia se deriva de la vigente Ley de Aguas, especialmente si el trasvase afecta a varias comunidades aut¨®nomas, como admite la pr¨¢ctica generalidad de la doctrina jur¨ªdica y se deduce de la jurisprudencia sobre obras hidr¨¢ulicas. M¨¢s a¨²n, la ley integra este tipo de decisiones en el procedimiento de elaboraci¨®n de los planes hidrol¨®gicos, ya sean el plan nacional o los planes de cuenca, que es siempre un procedimiento abierto y democr¨¢tico, en el que participaron todos los interesados y emite su informe el Consejo Nacional. del Agua.

Por eso, la noticia de que la ministra de Medio Ambiente y el presidente de la Generalitat valenciana han firmado un convenio que, entre otras medidas elogiables, incluye el compromiso de realizar las obras para un trasvase de 100 hect¨®metros c¨²bicos anuales del r¨ªo J¨²car a la cuenca del Vinalop¨® parece retrotraernos en el t¨²nel del tiempo. M¨¢s a¨²n cuando de ese convenio, sorpresivamente firmado, no se ha dado arte ni parte a la comunidad de Castilla-La Mancha, directamente afectada, y el trasvase dice fundarse en previsiones contenidas en el borrador del Plan Hidrol¨®gico del J¨²car, que es un mero documento t¨¦cnico y provisional, todav¨ªa no sometido al debate p¨²blico con participaci¨®n de todos los interesados.

Con independencia de si el trasvase es o no necesario y oportuno, no puede extra?ar que el conocimiento del convenio haya causado en Castilla-La Mancha tanto estupor y oposici¨®n como suscit¨® en su d¨ªa en Arag¨®n el pretendido trasvase Ebro-Barcelona. Al contrario, lo que realmente sorprende es que, habida cuenta de los precedentes, se haya podido cometer un error jur¨ªdico tan craso.

Pero, m¨¢s all¨¢ de la nulidad de este convenio, asoma un motivo de mayor preocupaci¨®n. Dado que en la ordenaci¨®n de los recursos hidr¨¢ulicos confluyen muchos intereses distintos -baste pensar que otros posibles trasvases est¨¢n llamando a la puerta (probablemente a la de la ministra)-, las soluciones que hayan de darse requieren luz y taqu¨ªgrafos y exigen tener en cuenta todos los intereses en presencia, oyendo a sus valedores. Si el convenio, m¨¢s que un hecho aislado, fuera manifestaci¨®n de un nuevo estilo en la pol¨ªtica hidr¨¢ulica, las garant¨ªas democr¨¢ticas de transparencia y participaci¨®n alcanzadas en los ¨²ltimos a?os podr¨ªan empezar a correr serio peligro.