Trabajo investiga el cobro irregular de 373.000 pensiones y prestaciones
C. P.El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social investiga el cobro irregular de 373.000 pensiones y prestaciones sociales. De ellas, 129.000 son complementos de m¨ªnimos, 115.000 prestaciones familiares por hijo a cargo, 91.000 pensiones de titulares ya fallecidos y 38.000 pensiones no contributivas. Esa investigaci¨®n forma parte del plan de lucha contra el fraude, que prev¨¦ asimismo ampliar el papel de las mutuas de accidentes de trabajo, entidades dependientes de la Seguridad Social, en el control de las incapacidades temporales.
Las medidas emprendidas por Trabajo han permitido un ahorro de 88.668 millones de pesetas durante el segundo semestre de 1996 y se prev¨¦ que en 1997 produzcan un ahorro de 181.718 millones de pesetas, seg¨²n el informe presentado ayer por el ministro de Trabajo, Javier Arenas; el secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio; y el secretario general de Empleo, Manuel Pimentel.Esas irregularidades se han detectado mediante un cruce de datos entre la Seguridad Social y Hacienda y la cifra mayor corresponde al presunto cobro ilegal de complementos de m¨ªnimos por parte de 120.000 pensionistas que, seg¨²n sus propias declaraciones de renta, no tienen la insuficiencia econ¨®mica requerida.
Un dictamen del Justicia de Arag¨®n (Defensor del Pueblo en esta comunidad), Juan Monserrat, se?ala que los pensionistas con complemento de m¨ªnimos a quienes el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha requerido la aportaci¨®n de datos complementarios sobre sus rentas en los a?os 1994 y 1995 no est¨¢n obligados a aportarlos, informa Javier Torrontegui.
El dictamen a?ade que "en ning¨²n momento se regula que est¨¦n [los pensionistas] obligados a aportar la declaraci¨®n del impuesto sobre la renta, por cuanto ¨¦sta ya ha sido presentada con anterioridad ante el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda". Por este motivo el Justiciazgo entiende que el INSS deber¨¢ solicitar los datos que estime oportunos a Hacienda y no a los 120.000 jubilados a quienes ha requerido la documentaci¨®n sobre sus ingresos.
Arenas asegur¨® ayer que, en el cruce de datos con Hacienda, se han detectado 200 supuestos cuyos titulares tienen unas rentas superiores a tres millones de pesetas y una persona que posee un patrimonio superior a 250 millones de pesetas y cobra complemento de m¨ªnimos.
Adem¨¢s, 100.000 personas cobran indebidamente prestaciones familiares por hijo a cargo y otras 38.000 reciben, sin tener derecho, prestaciones no contributivas. En relaci¨®n a ¨¦stas, Arenas hizo ayer un llamamiento a las comunidades aut¨®nomas, responsables de la gesti¨®n, para que extremen el control de los datos de los beneficiarios.
Para detectar conductas fraudulentas en la incapacidad temporal, el Ministerio de Trabajo ha constituido Equipos de Valoraci¨®n de Incapacidades, ha firmado convenios con las comunidades aut¨®nomas y prepara un nuevo reglamento que refuerza el papel de las mutuas de accidentes de trabajo.
Hasta ahora, esas entidades gestionan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pero pasar¨¢n a controlar tambi¨¦n las contingencias comunes. Arenas presume un alto fraude en la incapacidad temporal y asegura que las bajas por enfermedad cuyo pago directo Corre a cargo de la Administraci¨®n tienen una duraci¨®n cuatro veces mayor que las realizadas por pago delegado a trav¨¦s de las mutuas.
En el control de las defunciones, Trabajo quiere mejorar el cruce de informaci¨®n con Justicia, en concreto con el Registro Civil, para tener conocimiento directo de los fallecimientos de titulares de pensiones. Por este concepto, la Seguridad Social ha reclamado la devoluci¨®n de 200.000 mensualidades, correspondientes a 91.000 pensionistas fallecidos. Ese dinero es f¨¢cilmente recuperable por el convenio de la Seguridad Social con bancos y cajas que los han abonado.
La percepci¨®n del subsidio de desempleo, cuyo control se centraba hasta ahora en la concesi¨®n, ser¨¢ objeto de mayor vigilancia tambi¨¦n mientras se est¨¢ percibiendo. Se realizar¨¢n controles de presencia cada tres meses en las oficinas del Inem, de disponibilidad para aceptar trabajo y cuando se rechace una oferta de empleo o una acci¨®n formativa.
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