Los costes europeos de la batalla digital

Nada es gratuito. Los economistas hablan de "costes de oportunidad" cuando persiguen comparar el coste de una decisi¨®n con el de su alternativa y calibrar as¨ª la oportunidad de ambas. Optar por Pinto cuesta tanto; por Valdemoro, cuanto; dudar entre ambos tambi¨¦n se paga.La literatura comunitaria adopt¨® hace tiempo ese enfoque econ¨®mico para fundamentar las opciones pol¨ªticas de Europa, porque permite comparaciones transparentes y rotundas. As¨ª, antes de abordar el mercado ¨²nico de 1992, el informe Cecchini sobre El coste de la no-Europa evaluaba en el 4,5% del PIB comunitario lo que se perder¨ªa si no se desamantelaban las ¨²ltimas barreras internas. Y hoy se eval¨²a el impacto negativo que supondr¨ªa un fracaso de la uni¨®n monetaria.

A pesar de las diferencias, tambi¨¦n la llamada guerra digital dom¨¦stica est¨¢ teniendo un coste. En este caso, para el Estado espa?ol, en t¨¦rminos de pol¨ªtica europea y de imagen internacional. Su alcance es dif¨ªcil de cuantificar en guarismos, porque el impacto es sobre todo diplom¨¢tico y pol¨ªtico a medio plazo. Pero es tangible en t¨¦rminos de crecimiento o erosi¨®n del capital de credibilidad acumulado, un instrumento imprescindible tambi¨¦n para obtener apoyos en los momentos de las negociaciones m¨¢s complejas.

La estrategia gubernativa en este litigio, adem¨¢s de arriesgar el retraso tecnol¨®gico-empresarial espa?ol en el mundo de las telecomunicaciones respecto de los vecinos m¨¢s avanzados, ha producido al menos estos efectos en la Uni¨®n Europea (UE):

P¨¦rdida de 'margen' legislativo. El decreto-ley de 1 de febrero pasado sobre televisi¨®n digital y descodificadores justific¨® su urgencia en "el retraso en que ha incurrido el Estado espa?ol en cuanto al cumplimiento de la directiva 95/47/CE" sobre normas para emisi¨®n de se?ales televisivas, lo que "hace urgente la incorporaci¨®n a nuestro ordenamiento jur¨ªdico de su contenIdo", seg¨²n reza el pre¨¢mbulo.

Esa coartada impedir¨¢ cualquier margen temporal de Espa?a en la trasposici¨®n de directivas europeas a la legislaci¨®n interna. A partir de ahora, la autoridad comunitaria urgir¨¢ al Gobierno espa?ol -sea cual sea su color- la inmediatez en la trasposici¨®n. En caso de resistencia, le urgir¨¢ a que se autoaplique la misma receta que en este caso, el decreto-ley, y evite retrasos. Desaparece as¨ª para Espa?a un colch¨®n temporal, nada ortodoxo desde la perspectiva de la construcci¨®n europea, pero que casi todos los Estados miembros utilizan en mayor o menor medida para amortiguar el impacto d¨¦ ciertas normas.

Adem¨¢s, Bruselas, a trav¨¦s del comisario de Industria, Martin Bangemann, ha tenido que poner al proceso legislativo espa?ol bajo expresa vigilancia comunitaria, lo que no prestigia a Espa?a.

Perjuicio a la televisi¨®n, p¨²blica. La apelaci¨®n al populismo como argumento para justificar la necesidad del f¨²tbol en abierto ha confundido el l¨®gico libre acceso ciudadano a los acontecimientos deportivos de gran trascendencia con su gratuidad. El libre acceso no equivale a acceso gratis, pues el ciudadano lo financia mediante una u otra f¨®rmula: bien mediante el presupuesto o la deuda garantizada por el Estado (en el caso de la televisi¨®n p¨²blica en Espa?a) o por un canon mensual (B¨¦lgica y otros muchos pa¨ªses europeos).

El car¨¢cter "pol¨ªtico" de esta batalla fue lamentado p¨²blicamente la pasada semana por el comisario de la Competencia, Karel Van Miert, quien aprovech¨® la ocasi¨®n para denunciar el eventual dumping publicitario de TVE y para acelerar su investigaci¨®n -solicitada tiempo atr¨¢s por Tele 5- sobre la legalidad de las ayudas de Estado al ente p¨²blico. As¨ª, ¨¦ste puede acabar pagando los excesos de la estrategia gubernativa.

Trabas al objetivo de Maastricht. Apoyado en un consenso general, el Gobierno espa?ol se ha fijado el logro de un espacio judicial com¨²n como principal objetivo a conseguir en la Conferencia Intergubernamental que tiene encomendada la reforma del Tratado de Maastricht. Un espacio en el que los jueces nacionales apliquen criterios homologados.

La obligaci¨®n de solicitar permiso para viajar fuera de Espa?a impuesta al presidente, al consejero delegado y al secretario general de Sogecable [accionista mayoritario de Canal Sat¨¦lite Digital] constituye una autozancadilla al objetivo de la pol¨ªtica exterior espa?ola de conseguir que las fronteras judiciales no est¨¦n ya en el Pirineo, sino que sean s¨®lo las que separan a la UE del resto del mundo.

"Este miniesc¨¢ndalo que ocurre muy a prop¨®sito para frenar el avance de Canal Sat¨¦lite Digital respecto de su competencia proclive al Gobierno ?no es de hecho una nueva peripecia de la guerra digital que arrasa Espa?a desde la Navidad?", se preguntaba Le Monde el 4 de marzo. Y al d¨ªa siguiente se respond¨ªa: "Con el recurso a la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, jefe del Gobierno espa?ol, ha llegado al l¨ªmite de su credibilidad'. Es la constataci¨®n del peri¨®dico parisiense, pero tambi¨¦n un term¨®metro de la lectura europea del conflicto.

Impacto sobre la credibilidad de la pol¨ªtica econ¨®mica. Existe bastante acuerdo, interno y europeo, sobre el hecho de que el principal activo del Gobierno Aznar son sus logros en materia de pol¨ªtica econ¨®mica, al comp¨¢s de los esfuerzos de consolidaci¨®n presupuestaria. Su carta de presentaci¨®n se ha beneficiado hasta ahora de las expectativas generadas hacia una mayor liberalizaci¨®n de la econom¨ªa emprendida por Rodrigo Rato.

Ahora, esta imagen corre el peligro de que el intervencionismo en las telecomunicaciones la arruine o la erosione severamente. Es un peligro sobre el que ya han alertado la biblia econ¨®mica europea, The Economist; el diario belga Le Soir (al tachar al Gobierno de "juez y parte"), el propio Le Monde y, sobre todo, The Wall Street Journal, que observa un retorno desde el liberalismo a "las proclividades corporativistas de la vieja derecha espa?ola".

M¨¢s all¨¢ de la pasi¨®n dom¨¦stica que genera la batalla digital, quiz¨¢ lleg¨® la hora de que Gobierno y ciudadan¨ªa calculen sus costes de oportunidad, no s¨®lo para una compa?¨ªa u otra, sino para el conjunto de la empresa llamada Espa?a.