El Constitucional ampl¨ªa el poder de las comunidades auton¨®mas sobre el suelo
El Tribunal Constitucional dict¨® ayer una sentencia en la que declara inconstitucional buena parte de las normas, m¨¢s de 200, que regulan el mercado del suelo. La decisi¨®n del alto tribunal refuerza las competencias de las comunidades aut¨®nomas y, por tanto, reduce las de la Administraci¨®n central. La sentencia consta de 412 folios y es la m¨¢s extensa de las dictadas hasta ahora por el Tribunal Constitucional.El fallo reserva pr¨¢cticamente la exclusiva de la pol¨ªtica en materia de suelo a las comunidades aut¨®nomas y deja en manos del Gobierno central normas supletorias o de car¨¢cter muy gen¨¦rico. Adem¨¢s, se?ala que el Estado no tiene competencia para imponer la cesi¨®n de suelo a los ayuntamientos.
La sentencia del Constitucional falla contra aspectos de la Ley del Suelo de 25 de julio de 1990, del texto refundido de 26 de junio de 1992 y de diversos reales decretos ley aprobados entre 1976 y 1981.
Los recursos contra la primera de las disposiciones, ley de Suelo de 1990, fueron presentados por el Parlamento de Navarra, la Diputaci¨®n Regional de Cantabria, la Generalitat de Catalu?a, la Diputaci¨®n General de Arag¨®n, la Junta de Castilla y Le¨®n y el Gobierno de Canarias.
Los recursos contra el texto refundido de 1992 fueron presentados por el Gobierno de Baleares, la Diputaci¨®n General de Arag¨®n y la Generalitat de Catalu?a.
La sentencia, conocida ayer, ha coincidido pr¨¢cticamente con la presentaci¨®n del borrador de proyecto de ley de Suelo que acaba de culminar el Ministerio de Fomento.
Este texto, que fue analizado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, deja amplio margen de actuaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas, en previsi¨®n de que el fallo del Constitucional les diera m¨¢s competencias, tal y como ha ocurrido finalmente. Tambi¨¦n, en l¨ªnea con el alto tribunal, el proyecto limita las calificaciones del suelo a urbano, urbanizable y no urbanizable.
Ese texto, antes de convertirse en proyecto de ley, ser¨¢ revisado por comunidades auton¨®mas, ayuntamientos, expertos, partidos pol¨ªticos y consumidores. El proyecto del Gobierno cuenta con el apoyo de CiU, puesto que varios de sus expertos han participado en la redacci¨®n del borrador.
La sentencia tuvo un voto particular del magistrado Manuel Jim¨¦nez de Parga. El magistrado se muestra en contra de ceder excesivo poder a las comunidades aut¨®nomas en materia de suelo.
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