La deliberaci¨®n de la Sala Tercera, que seguir¨¢ hoy, se decanta a favor de desclasificar los 'papeles del Cesid'

La deliberaci¨®n de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, iniciada el mi¨¦rcoles, sobre los tres recursos contencioso-administrativos contra el acuerdo del Gobierno de no entregar una veintena de documentos del Cesid a los tres jueces que los reclamaron para investigar la guerra sucia contra ETA, consumi¨® ayer m¨¢s de siete horas y media y proseguir¨¢ hoy. Fuentes de la sala destacaron la calidad jur¨ªdica de la discusi¨®n que, a Juzgar por las intervenciones producidas -"que no hay que confundir con los votos", precisaron-, se decanta hacia la desclasificaci¨®n de los documentos.Hasta el momento, el debate de los 33 magistrados ofrece, seg¨²n estas fuentes, aspectos de gran tecnicismo y profundidad jur¨ªdica. La doctrina del administrativista Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa, en favor de la revisi¨®n jurisdiccional de los actos del Ejecutivo, ha sido intensamente utilizada para defender la desclasificaci¨®n. En cambio, de la mano de las tesis del constitucionalista Francisco Rubio Llorente, entre otros, sobre la competencia del Gobierno para definir la seguridad del Estado, un grupo de magistrados insisti¨® en la correcci¨®n del acuerdo de no desclasificar.

Atenci¨®n a Peces-Morate

Entre las intervenciones seguidas con m¨¢s atenci¨®n por el pleno de la sala tercera figura la de Jes¨²s Ernesto Peces-Morate. Magistrado llegado a la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa procedente de la justicia penal, mantuvo la tesis de que la investigaci¨®n penal no puede ser limitada por el Gobierno. Otros magistrados, en la misma l¨ªnea, criticaron la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n que el 14 de diciembre de 1995 dio la raz¨®n al ministro de Defensa frente a la petici¨®n del juez Baltasar Garz¨®n de determinados documentos del Cesid.Uno de los autores de aquella sentencia, el entonces presidente del Tribunal Supremo Pascual Sala, aunque partidario de la posibilidad de impugnar en v¨ªa contencioso-administrativa los actos del Ejecutivo, ha defendido -junto con otros magistrados especializados en dicha Jurisdicci¨®n- la competencia del Gobierno para mantener clasificados los documentos del Cesid incluso frente a los jueces penales que los reclaman.

Ante las dificultades de que prosperen estas ¨²ltimas tesis, en el seno de la sala se ha iniciado una tercera v¨ªa, a la que se refiri¨® ayer el ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, preocupado por el precedente que pueda significar la desclasificaci¨®n en este caso. Tal v¨ªa trata de hacer compatibles las necesidades de la investigaci¨®n? judicial penal "con las de la comunidad de inteligencia mundial", seg¨²n Belloch, quien asegur¨® ayer en Los desayunos de Radio Nacional que, "porque un juez, sin m¨¢s, lo pida, no parece razonable que se desclasifiquen secretos de Estado".