El Gobierno quiere limitar el control de los secretos a s¨®lo tres magistrados del Supremo

Una Comisi¨®n de Secretos de Estado, compuesta por el presidente del Supremo y otros dos magistrados de dicho tribunal, ser¨¢ la encargada en el futuro de confirmar o revocar la decisi¨®n del Consejo de Ministros de negar a un juez la desclasificaci¨®n de un documento secreto. As¨ª lo dispone el anteproyecto de ley de Secretos de Estado, elaborado por el Gobierno, que ser¨¢ remitido en breve al Congreso. El Ejecutivo, que ha modificado sustancialmente el texto redactado en agosto del a?o pasado, acepta ahora el control judicial de los secretos, pero quiere limitarlo a tres jueces del Tribunal Supremo.

El Gobierno pretende evitar que se repita una situaci¨®n como la que se ha producido con los papeles del Cesid, que han sido parcialmente desclasificados por el Tribunal Supremo, tras cuatro d¨ªas de debate entre los 33 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Aunque el Ejecutivo ha adelantado que acatar¨¢ la sentencia, y desclasificar¨¢ en su reuni¨®n del pr¨®ximo 4 de abril 13 de los 16 documentos sobre la guerra sucia, tambi¨¦n se propone llenar el vac¨ªo legal que existe actualmente, remitiendo cuanto antes al Congreso el anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Secretos de Estado.En dicho anteproyecto se ha introducido un art¨ªculo por el que se crea la denominada Comisi¨®n de Secretos de Estado, compuesta por tres magistrados del Tribunal Supremo. Su presidente ser¨¢ el mismo que el del Supremo, mientras que los otros dos miembros los elegir¨¢ la Sala de Gobierno de dicho tribunal.

Resoluci¨®n motivada

Cuando un juez o tribunal considere necesario para un procedimiento penal conocer un documento secreto, deber¨¢ solicitar su desclasificaci¨®n al Consejo de Ministros que, mediante resoluci¨®n motivada, conceder¨¢, total o parcialmente, o denegar¨¢ la petici¨®n. En este ¨²ltimo caso, el juez o tribunal podr¨¢ reiterar la solicitud ante la Comisi¨®n de Secretos de Estado, que confirmar¨¢ o modificar¨¢ la decisi¨®n del Consejo de Ministros. Contra el fallo de estos tres jueces del Supremo no cabr¨¢ recurso, salvo el de amparo ante el Constitucional.La creaci¨®n de la Comisi¨®n de Secretos de Estado es la principal novedad, pero no la ¨²nica, respecto al anteproyecto de ley que el Gobierno decidi¨® el pasado 23 de agosto enviar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su informe previo. Para empezar, ha cambiado incluso el nombre del texto: antes se llamaba Ley Org¨¢nica de Secretos Oficiales y ahora se denomina Ley Org¨¢nica de Secretos de Estado.

Pero, adem¨¢s, se han suprimido o suavizado los aspectos m¨¢s pol¨¦micos del proyecto, como la imposici¨®n de sanciones administrativas a la prensa por publicar secretos o el establecimiento de un plazo de 50 a?os para que los documentos queden autom¨¢ticamente desclasificados. Aquel texto fue duramente contestado por la opini¨®n p¨²blica y recibi¨® un severo varapalo del CGPJ, hasta el punto de que el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, se vio obligado a reconocer p¨²blicamente que hab¨ªa constituido "un error".

La introducci¨®n del control judicial de los secretos, que no se contemplaba en el proyecto original, ha sido fruto de la evoluci¨®n del proceso por los papeles del Cesid, pero tambi¨¦n de las recomendaciones del CGPJ, que el Gobierno ha aceptado en su pr¨¢ctica totalidad.

El informe del Poder Judicial advert¨ªa que "el anteproyecto habr¨¢ de arbitrar un cauce procesal espec¨ªfico ante el Tribunal Supremo, con el fin de conciliar los valores constitucionales protegidos por el secreto de Estado con los derechos reconocidos en el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n [tutela judicial efectiva] y siempre que durante el desarrollo de dicho cauce procesal se garantice la efectividad del secreto".

El Gobierno tambi¨¦n ha aceptado la recomendaci¨®n del CGPJ de que el Consejo de Ministros sea el ¨²nico ¨®rgano competente para clasificar un asunto como secreto. En el texto aprobado en agosto, esta capacidad se ampliaba a Ios ministros competentes por raz¨®n de la materia", mientras que en el proyecto actual la ¨²nica facultad de los ministros es la de proponer al Gobierno la clasificaci¨®n de un asunto o documento.